Blog de Josu Erkoreka

El candidato que en las próximas elecciones generales encabezará la lista del PSOE al Congreso por la circunscripción de Madrid -nótese que no hablo del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, dado que, aunque no se note, nos hallamos ante unos comicios parlamentarios y no presidenciales- está desarrollando una actividad frenética durante el mes de agosto. Se le ve hiperactivo. No para. Todos los días –todos, sin excepción- comparece ante los medios de comunicación para lanzar algún mensaje de campaña. Y no hay asuntos, por complejos o sectoriales que sean, que queden sustraídos a su reflexión preelectoral. Un día habla de los tipos de interés, al día siguiente habla del impuesto de Patrimonio y al tercer día de la conveniencia de prescindir de las Diputaciones provinciales.

Diputación Provincial de Zaragoza

Durante esta semana ha generado cierta polémica su referencia a las Diputaciones provinciales, de las que afirmó, hace unos días, que forman parte «de una estructura del siglo XIX» que, a su modo de ver, habría que «replantearse». Su análisis, que expresó en público en el marco de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, sonó rotundo y contundente: «Si las diputaciones –sostuvo- quieren seguir haciendo lo que están haciendo ahora, creo que sobran». Y añadió: «hay que cambiar el funcionamiento» de estas entidades para «adecuarlo» a los otros tres niveles administrativos, el municipal, el autonómico y el estatal, que «ya están consolidados».

Pese a la controversia generada por sus palabras, Pérez Rubalcaba ha reiterado su reflexión a lo largo de la semana. Días después de emitir su primer mensaje, ha vuelto a afirmar –si bien, esta vez lo ha hecho con un punto de rotundidad inferior- que “igual ha llegado el momento de reconsiderar y transformar” la función de las Diputaciones provinciales porque hay que hacer “un ejercicio de austeridad” y, según aseguró, la supresión de estas instituciones conllevaría un ahorro de 1.000 millones de euros. Y cerró su argumentación con la siguiente sentencia: “Entre quitar maestros o médicos y quitar diputados provinciales, prefiero los diputados provinciales”.

Influido, sin duda, por la sorpresa y la confusión que generó la primera declaración, un ciudadano me preguntó en la calle si es verdad que van a desaparecer las Diputaciones forales. Las vascas. Le respondí que yo no había oído hablar de las forales, sino de las provinciales. Y que el propio argumento utilizado para fundar la propuesta –si es que realmente se puede hablar de una propuesta- ponía de manifiesto que quien la formuló no estaba pensando en aquellas, sino en estas últimas. Porque difícilmente se puede sostener “sobren”, las instituciones bajo cuya responsabilidad se encuentran, en los territorios vascos, nada menos que los servicios de gestión, liquidación y recaudación de los tributos. Una aclaración posterior de José Blanco, zanjó la duda. Efectivamente, la declaración de Rubalcaba no se refería a las Diputaciones forales. En ese momento advertí que algún ciudadano esbozaba en su rostro una mueca de decepción. En la confusión inicial, algún alma cándida se había llegado a frotar las manos, pensando que, si se suprimían las Diputaciones, desaparecían los servicios de Hacienda y ya no sería necesario pagar impuestos.

No soy refractario a considerar y debatir todo lo que tenga que ver con la estructura y organización de las administraciones públicas. Antes al contrario, creo que es obligado hacerlo, en los tiempos que corren, en aras a la austeridad y a la efriciencia. Recuerdo que la crisis económica de 1992 ya impulsó una pléyade de estudios sobre la reforma de las administraciones públicas, que dio lugar a una amplísima literatura científica y permitió a las empresas consultoras facturas ingentes sumas de dinero por la realización de estudios y proyectos de reforma y reestructuración encaminados dotar al sector público de mayores dosis de eficacia y en eficiencia. Luego vino el boom inmobiliario y todo aquel impulso reformista quedó en agua de borrajas. Las administraciones volvieron de nuevo a contar con recursos económicos y todo el mundo se olvidó de los planes de reforma. Ya no apremiaban. No eran urgentes. La racionalidad organizativa siempre es buena, por supuesto; pero al desaparecer la presión que generaba la falta de recursos, los responsables administrativos se relajaron y en las organizaciones públicas volvieron a aflorar los vicios tradicionales: falta de control, despilfarro, irracionalidad, duplicidades, solapamientos e ineficiencias.

Con todo, no deja de sorprender la toma de posición del candidato. En primer lugar, porque no pasa de constituir un globo sonda destinado a sondear el panorama. Si se leen sus declaraciones con un mínimo de atención se comprueba de inmediato que no encierran una propuesta organizativa mínimamente articulada que sirva para cubrir el espacio que deje vacío la eliminación de las Diputaciones provinciales. Se puede discutir, por supuesto, si estas sobran o no, en su configuración actual. También se puede debatir, por supuestos, si es pertinente o no reconsiderar todas las instituciones nacidas en el siglo XIX; como si la fecha en que nacieron fuera, por sí mismo, un dato negativo que cuestiona su viabilidad. Pero afirmar, sin más, que una institución sobra, sin siquiera sugerir, a renglón seguido, cómo se puede reordenar la función que desempeña, no parece una muestra modélica de rigor y seriedad.

Por otra parte, no sé si el candidato lo ha tenido en cuenta, pero también ha provocado cierta sorpresa, la nula referencia que ha hecho en sus declaraciones a los límites que la Constitución impone a toda reforma del nivel administrativo provincial. Su artículo 141 garantiza la existencia de la provincia, “como entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado”. A lo que añade, en su apartado segundo que “el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo”.

Los que nos interesamos por el Derecho público, sabemos, por otra parte, que hace ya treinta años, en julio de 1981, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en la que blindaba la provincia y su configuración organizativa, frente al intento de la Generalitat, gobernada, entonces, por Jordi Pujol, de suprimir la provincias catalanas con el fin de neutralizar el nicho de contrapoder que las Diputaciones -y singularmente la de Barcelona- otorgaba a los socialistas en el entramado institucional de la Comunidad Autónoma. El alto tribunal frenó en seco aquella tentativa afirmando que, mientras no se reforme la Constitución, la provincia debe seguir existiendo, con la misma autonomía y los mismos rasgos organizativos con los que viene siendo reconocida por la tradición y la opinión pública. Es sobradamente conocido que el candidato puede conseguir del Tribunal Constitucional, pronunciamientos que Jordi Pujol no fue capaz de arrancar al alto tribunal ni en su época de mayor esplendor. Pero aun así, sus declaraciones siguen siendo un poco chocantes. Un globo sonda, sin apenas contenido que, además, parece desconocer los mandatos de la Constitución, no es algo que pase desapercibido en alguien que acaba de abandonar el Gobierno.

Comentando el hecho con unos amigos, uno de ellos sostenía que se trata de una improvisación sin sustancia. Una simple culebrilla de verano. Pero el más autorizado de la cuadrilla defendía que no; que como no espera ganar las elecciones, se permite lanzar ideas con cierta ligereza, a sabiendas de que nadie le pedirá, después, cuentas y razones, por no ponerlas en práctica.