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Archive for 14 de abril de 2010

Todo aquel que ha tenido ocasión de vistar el Congreso de los diputados durante los últimos meses, habrá podido comprobar que su entorno inmediato -y de manera muy especial la Carrera de San Jerónimo, que es su flanco más  conocido y emblemático-, está siendo sometido a una profunda remodelación, mediante un conjunto de interminables trabajos que han exigido, entre otras cosas,  levantar el piso, ampliar los garajes subterráneos y reinstalar la abigarrada red de infraestructuras que se despliegan en el subsuelo.

Cuando las obras concluyan, todos saldremos ganando, no lo dudo; estéticamente y, sobre todo, funcionalmente. Pero he de decir también que durante el -ya dilatado- tiempo que llevan ejecutándose, los trabajos  han sido y todavía siguen siendo  una inagotable fuente de incomodidades, tanto para los usuarios habituales del edificio, como para los numerosos visitantes y turistas que se pasean por las inmediaciones.  El acceso al palacio era un laberinto cambiante, que circulaba sobre un barrizal tan difícil de salvar, que nos dejaba a los diputados -y diputadas, claro- el aspecto de haber llegado a Madrid cruzando el Pagasarri.  El impacto visual de las obras ha sido también notable. Los leones del Congreso  están cubiertos con varias placas de madera y la Carrera está literalmente ocupada por las grúas, los camiones, las vallas de protección, los carteles que recogen la ficha de la obra y los avisos de peligro. Parece una escombrera. Todo está patas arriba y proyecta una imagen de caos y desconcierto.

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El martes de esta semana, se debatió en el Congreso de los diputados una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario vasco (EAJ-PNV) en la que se propone modificar la Ley de Contratos del Sector Público con el fin de facilitar la contratación pública de los centros especiales de Empleo que acojan a personas discapacitadas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral. Se trata de una medida de fuerte contenido social, orientada a impulsar el acceso al empleo público de los discapacitados; un paso más en la configuración de un modelo social integrador y solidario con los más desfavorecidos.

A nadie se le oculta que la regla básica que ha de inspirar la actuación de los poderes públicos en la selección de las empresas y del personal que trabajan a su servicio es la del mérito; lo que obliga, en principio, a optar, siempre, por alternativa que acredita una mayor competencia, desde una perspectiva de estricta igualdad formal. Pero en un Estado social, la igualdad ha de ser concebida en terminos materiales, no formales. Y los poderes públicos deberían, por ello, impulsar políticas activas de promoción de los colectivos humanos más desfavorecidos, a efectos de facilitar su desarrollo personal y su integración social. La selva liberal sólo conduciría a su enquistamiento y definitiva marginación.

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