Ha sido interesante el juego de acciones y reacciones que ha tenido lugar tras la declaración hecha por Mayor Oreja en el sentido de que tenía la «certeza» de que los socialistas han reabierto un proceso de contactos y conversaciones con ETA. Son muchos -yo mismo en entre ellos- los que han llamado la atención sobre la curiosa circunstancia de que la acometida de Mayor se haya visto sucedida, sin solución de continuidad, por la promesa gubernamental de promover sin más demora una reforma de la Ley electoral que cierre definitivamente la posibilidad de que un concejal libremente elegido por el pueblo en el seno de una candidatura sin tacha de ilegalidad, pueda seguir manteniendo el cargo para el que fue seleccionado por las urnas si no hace pública una declaración de condena expresa del terrorismo de ETA. ¿Casualidad? ¿Azar? ¿Chiripa?
A Mayor se le ha criticado por intempestivo e imprudente, pero en el fondo se le ha dado la razón. Con su actuación, el Gobierno ha venido a asumir que bajo las declaraciones del ex-ministro de Interior subyace un planteamiento que es el correcto. Y se ha apresurado a segar de raíz todas las especulaciones tendentes a sugerir que se encuentra inmerso en una estrategia distinta a la que Mayor considera correcta. Aunque aparentemente se le ha descalificado, en realidad se le encumbrado. «Tranquilo Mayor», es la frase con la que el Gobierno ha respondido a su polémica declaración. «No vamos a hacer nada distinto a lo que tú mismo harías si fueses el máximo responsable de la seguridad del Estado». Y a renglón seguido se ha puesto a anunciar la batería de medidas legales que adoptarán para… ¿para qué? ¡Pues está claro! Para lo que siempre deseó Mayor: arrinconar definitivamente al nacionalismo vasco y privarle de la capacidad de gobernar en todas aquellas instituciones en las que la suma de los votos socialistas y populares lo haga posible. Nunca lo dudé, pero ahora está más claro que nunca: el PSOE y el PP están preparando ya las próximas elecciones municipales y forales. La declaración de Mayor y la inmediata reacción del Gobierno han sido los primeros pasos de un proceso que culminará, la misma noche de las elecciones, con una pacto orientado a extender el acuerdo vigente en Ajuria-Enea al resto de las instituciones vascas.