Hace ya año y medio, publiqué en este blog una entrada a la que puse el sonoro título de «La frontera nacional» (Ver el post «La frontera nacional», publicado el 22.11.08). Hablaba en ella de los debates -y consiguientes votaciones- en los que el hemiciclo del Congreso se divide entre los impenitentes defensores de la España Nacional, una, única y grande, y los diputados ajenos a esa esencialización de España como una realidad constitutivamente inmutable, inalterable y, por supuesto, indivisible. En el primer grupo -lo decía entonces- se sitúan el PSOE y el PP, a los que, ya apuntaba en aquella ocasión, debían agregarse el diputado de UPN y la diputada de UPyD. El segundo bloque incorpora, sin excepción, a los restantes electos del arco parlamentario. Pocos en número, pero de amplio abanico, tanto en lo ideológico como en lo territorial
Pese a la brutal imagen de enfrentamiento y desencuentro que los socialistas y los populares transmiten últimamente, lo cierto es que no faltan ocasiones para que el panel lumínico en el que se reflejan las votaciones que tienen lugar en la cámara, nos siga transmitiendo, de vez en cuando, el rígido y amenazador perfil de la frontera nacional. La última vez que sucedió, fue el pasado 20 de mayo, con motivo de la aprobación del proyecto de Ley de Puertos de Interés General.
La primera Ley general de Puertos del período democrático, fue aprobada en 1992, bajo gobierno de Felipe González. Desde entonces, la norma portuaria ha sido objeto de dos reformas; ambas aprobadas durante el mandado de José María Aznar: una en 1996 y la segunda en 2003.
Durante la pasada legislatura, el Gobierno sugirió la posibilidad de abordar una nueva reforma, con el fin de adaptar a la realidad, algunos aspectos de la norma que habían quedado obsoletos ante las exigencias de la economía globalizada y las nuevas realidades del transporte marítimo internacional. Incluso aprobó un proyecto escrito, que remitió al Congreso de los Diputados, para su consideración y estudio. Pero todo quedó en agua de borrajas, porque el mandato concluyó sin que el Grupo mayoritario de la cámara impulsase su tramitación. El Gobierno comprobó que carecía del apoyo necesario para lograr su aprobación y prefirió dejarlo en hibernación a poner en evidencia su precariedad parlamentaria. En los albores de la presente legislatura, el Ejecutivo retomó de nuevo la iniciativa, aunque tropezó con los mismos problemas que impidieron su tramitación en el pasado: o se abrazaba al PP, cuyas exigencias le obligarían a reformular el texto en clave más centralista, lo que ahuyentaría, automáticamente, al resto de los Grupos Parlamentarios, o cedía a las pretensiones de éstos, optando, contra su voluntad, por un modelo más autonómico y de mayor autonomía para los propios puertos.
La llegada de Simancas a la portavocía de los socialistas en la Comisión de Fomento, ha sido determinante para que el Grupo que apoya al Gobierno se inclinase sin titubeos por la primera opción. Simancas es madrileño militante y, en los asuntos de Estado, eso deja, al parecer, mucha impronta. Tras largos meses de rigurosa inactividad, a lo largo de los cuales, el proyecto acumulaba polvo en una estantería de la Secretaría General del Congreso, el PSOE, finalmente, ha optado. Y lo ha hecho, aliándose con los populares, y dando la espalda al resto de las formaciones representadas en la cámara. Socialistas y populares, pactaron, así, varios cientos de enmiendas -más de trescientas- que registraron conjuntamente en la cámara con la firme determinación de sacarlas adelante pesase a quien pesase. El compromiso incluía que, las enmiendas de los restantes Grupos, sólo serían aceptadas si no entraban en contradicción con las pactadas por ellos y en la medida en que contasen con el visto bueno de las dos formaciones; doble requisito que muy pocas han sido capaces de superar.
Una vez aprobado en Comisión, el proyecto fue sometido a la consideración del Pleno. El debate fue antológico. De los que no se olvidan.
El ministro de Fomento arrancó con un discurso cínico en el que llegó afirmar que el proyecto se había afrontado «desde el diálogo, el encuentro y el acuerdo». No está mal. Se le olvidó aclarar que el Gobierno sólo había dialogado y acordado con el PP, pero, al parecer, esas eran minucias irrelevantes que no hacían al caso. Para comprobar hasta qué punto su visión política, al menos en este punto, sólo reserva espacio para el PSOE y el PP, quisiera traer a colación una frase que pronunció en la presentación parlamentaria del proyecto: «La ley de 1992 fue una ley socialista y las leyes de 1996 y 2003 fueron leyes populares; sin embargo, la Ley de Puertos de 2010 no tendrá más apellidos que el del consenso y el del interés general». Una vez dicho esto, sus ulteriores llamadas a ampliar el espacio del acuerdo con nuevas adhesiones del resto de los Grupos, sonaban vacías y hasta falsas. Había dejado claro que, en su cómputo, sólo cuentan el PSOE y el PP. Las leyes aprobadas en la época socialista, eran socialistas, aunque hubiesen sido apoyadas, también, por otras formaciones. Y las aprobadas en la etapa popular, que también contaron con respaldos diversos, eran, sencillamente, populares. Y, en fin, la de 2010, que contaba con el concurso de los unos y de los otros, iba a ser la ley del consenso y del interés general, aunque el resto de los Grupos de la Cámara votasen en contra. Lo dicho: sólo cuentan el PSOE y el PP.
A continuación, se produjo la intervención del resto de los Grupos.
Perestelo, de Coalición Canaria, criticó la «poca generosidad [demostrada] con los grupos minoritarios de la Cámara y denunció: «Creo que, por lo menos, ha habido poca cortesía parlamentaria en cuanto al rconocimiento de la diversidad de la Cámara en el desarrollo de los trabajos de la ley». Sobre el fondo de la iniciativa, anunció su voto contrario, porque la norma excluía a los cabildos insulares en los consejos de administración de los puertos de interés general: «Creemos que es fundamenal que los cabildos formen parte de los consejos de administración y que eso no está reñido con la austeridad en el gasto». Además -añadió- «el fondo de compensación que se crea es insificiente para atender las necesidades futuras de los puertos que están con mayor nivel de bonificaciones en función de que tienen un tráfico interinsular de mucha frecuencia».
Ridao, de ERC, arremetió igualmente contra lo que calificó de pacto «del todo excluyente, dudosamente democrático y que ha conllevado la no aceptación de la mayoría de enmiendas presentadas por los distintos grupos de esta Cámara». El proyecto incluye, a su juicio, «una ley PPSOE, además de que es una auténtica Loapa portuaria. Es una ley privatizadora, es una ley rabiosamente centralista y es una ley antisocial»; una ley que responde a «una concepción del Estado de modelo radial y de kilómetro cero en la que todo emieza y acaba en la Puerta del Sol; en este caso, en Nuevos Ministerios». Además, acusó a los promotores de la norma de haber «desandado una parte del camino descentralizador que se inició en el año 1992», reforzando claramente «el papel de Puertos del Estado» en detrimento de las comunidades autónomas.
Llamazares, de IU, también rechazó el proyecto, haciendo notar que el acuerdo con el PP había convertido el texto original tímidamente positivo, en una norma regresiva y «no en una ley de consenso, señor ministro, no hay consenso, puede haber mayoría aplastada o aplastante, pero no hay consenso». Sus discrepancias de fondo apuntaban en la misma dirección: «Recordando la Restauración borbónica, esta ley en relación con lo existente es una ley más conservadora que la existente, es una ley más centralizadora que la ley que existía hasta ahora y es una ley bipartidista y corporativa dentro de los puertos de interés general. En ese sentido no avanzamos, sino que retrocedemos y respondemos a aquella máxima que decía que en España, en la España democrática, cada segunda legislatura estábamos obligados a restaurar lo que habíamos avanzado en la primera legislatura».
Nuestro portavoz, Beloki, abundó en ideas similares: «Estamos -dijo- no ante un acuerdo sino ante una componenda, señor ministro, para que todo siga igual; exagero un punto, lo reconozco, casi igual». E irónicamente, felicitó al portavoz popular, señor Ayala, por haber triunfado en el envite: «De forma que, señor Ayala, usted gana. Usted gana con claridad. Por las razones que sea, el Grupo Socialista ha decidido que en este tema las cosas tienen que seguir estando básicamente donde estaban».
Marcías, de CiU, también expresó su desafección por el proyecto, recurriendo a argumentos análogos. Demostró con ejemplos concretos el esfuerzo recentralizador que lleva a cabo el texto debatido. Y sobre el consenso, observó:
«El señor ministro nos dice que tiene un amplísimo consenso. Yo le voy a decir el consenso que tiene, señor ministro, si no voy errado. Esta es una ley que han consensuado y en la que han trabajado el señor Simancas y el señor Ayala, y nadie más, de todas las fuerzas políticas que estamos aquí, se la va a apoyar, ni esta fuerza política con la que, por cierto, tampoco han contado. No la va a apoyar CiU, no la va a apoyar el PNV, no la va a apoyar ERC, ni ICV, ni IU, ni el BNG, ni Coalición Canaria, ni otros grupos parlamentarios. No se la vamos a apoyar, se quedan solos».
En sus respectivas intervenciones, los portavoces de los dos grandes partidos, que cronológicamente se sitúan en último lugar, se dedicaron a refutar las acusaciones formuladas por los restantes grupos -el popular, por cierto, con un punto de ardor más que el socialista, lo que constituye un indicio inequívoco de que la norma aprobada es más suya que de los socialistas- y a cruzarse todo tipo de elogios por la gran contribución hecha a la modernización de los puertos, el desarrollo de España etcétera. Sus discursos quedaron coronados con cerradas ovaciones y en un sentido arrebato patriótico, Simancas observó:
«Desde luego, hay pocas oportunidades para reconocer el trabajo del rival y hoy quiero subrayar nuestro reconocimiento, como lo ha hecho el ministro, a la labor realizada en esta ley por el Grupo Popular y por su portavoz, don Andrés Ayala. Hoy, desde luego, han ayudado ustedes a hacer país, sin duda».
Sólo le faltó añadir que aquella era la mayor contribución patriótica que el PP había hecho al engrandecimiento de la causa hispana, desde que ambos firmasen el sagrado acuerdo que les permitió aunar fuerzas para desalojar al PNV del Gobierno vasco. Eso sí que fue «hacer país».
Una semana más tarde, el PP dejada de ayudar «a hacer país», y votaba que No al zapatazo, haciendo caso omiso de todas las llamadas del Gobierno a la responsabilidad. Pero la Ley de Puertos, salidó con el acuerdo de ambos. Cuando hay pesebre que repartir, dejan de agredirse. Les acompañaron, en el apoyo, UPN -todo el mundo sabe que la Navarra actual, la de los navarristas, tiene un amplio frente costero con muchos puertos de interés general- y Rosa Díez, natural de Sodupe pero elegida por Madrid, el puerto de los puertos.
Una vez más, en el panel de votaciones brilló la frontera nacional.
Blog de Josu Erkoreka 
Lo de estos 2 partidos políticos, sería un caso de estudio a nivel internacional. No se pon ene de acuerdo nio en el número de huevos que contiene una caja de una docena de los mismos, pero a la hoar de doblegar cualquier sombra autonómica ( no digamos ya nacionalista o abertzale ), se unen.
No es de recibo que tras mas 112 años de la primera Ley de Puertos ( 1.880 Cánavas del castillo , desde 1.992 se prodiguen en crer una nueva ley de Puertos cada legislatura.
Con la nueva Ley de Puertos y las mas de 400 enmiendas realizadas por los propios creadores del engendro ( PSO-PP ), no la conoce ni la madre que la parió, como en su día dijo un ilustre Soliacista llamado Alfonso Guerra .
No es de recibo, crear una Ley de Puertos, con la máxima del café para todos y el de mis amigos con azúcar que lo pago yo. Tanta guerra que dan con el Tribunal de la Competencia y las sanciones a que se exponene en Europa y acuerdan que las tarifas de los Ferrys del Estrecho de Gibraltar no sean fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas a fin de poder pactar los precios.
Dicen que café para todos, pero el Sr. Ayala – PP y el Sr. De la Encina – PSOE, pactan una enmienda al propio texto presentados por ellos, con la que benefician al puerto de sus amores que es Algeciras.
De hecho, el artículo 19.4 está pensado y recogido en claro beneficio del Puerto de Algeciras ya que el 98 % de los mas de 3 millones de Teus que realiza, son de transbordo, en teoría para a «potenciar el tráfico marítimo internacional de contenedores». Los descuentos, en función del volumen de las transacciones, podrían alcanzar hasta el 60% para el tránsito de mercancías.
esto supone un claro agravio comparativo hacia otros puertos en los que sus mercancias mayoritarias tienen como origen / destino la propia península Ibérica. Y si la excusa es la de competir con el Puerto de Tanger, Puertos como Bilbao, Pasajes, el resto de la Cornisa Cantábrica y Galicia o el de Barcelona tienen que competir con los Puertos Centro Europeos, altamente cualificados y en el que sólo el Puerto de Rotterdam maneja mas contenedores ( aprox > mas de 10 millones ) que el Conjunto de los puertos españoles.
De motro lado, a la hora de asegurarse el control de los órganos de decisión en los propios Puertos denominados Autoridades Portuarias, mantienen y refuerzan el engendro Jacobino denominado Ente Público Puertos del Estado, mantenido por el conjunto de los Puertos ( Con mayor aporte de los mas rentables ) y con la excusa de o minoración de los costes, reducen el Núm,ero de Consejeros representados en los örganos de decisión de los Puertos, sus Consejos de Administración.
Con tal reducción, lo que pretenden es maniatar las decisiones de sus Presidentes ya que aunque sean propuestos por sus respectivos gobiernos Autonómicos, pueden ser revocados por los residentes del mayor Puerto del estado – Madrid.
Con tal reducción , también se cargan el voto del Director de Puerto, parte la representación de las Diputaciones, órganos empresariales y sindicales, etc.
En definitiva, una chapuza consensuada momentáneamente entre los dos partidos centralistas, acuerdo que saltará por los aires excepto en lo que sean recortes estatutarios, en el momento que le vaya bién al primer robaperas que pase de cualquiera de e esos 2 partidos.
Hombre, elegida por Madrid en lugar de por Bizkaia porque en Sodupe, según creo que recordó Anasagasti en su Blog, consiguió 2 votos en la última elección.
Navarreros, Josu, navarreros. Recuerda que navarrista eres tú, no ellos. Supongo.
La Ley de Costas amenaza con derribar las propiedades de más de 200.000 particulares. Su aplicación es defendida a ultranza por Medio Ambiente y por la Dirección General de Costas, que capitanea Alicia Paz. Su pareja sentimental, sin embargo, ha defendido a un buen número de afectados por la Ley de Costas. ¿Ley o negocio?
Francisco Jiménez Cisneros es fundador del despacho Jiménez de Cisneros Abogados, un bufete madrileño que hace pocos años se fusionó con otro dando lugar a la firma Jiménez de Cisneros & Rayón y Ortega Abogados, del que es su socio titular.
Actualmente, la defensa de afectados por la ley de costas es una de las áreas de actuación de este despacho, tal y como ha reconocido la propia secretaria del bufete de Cisneros
Sus competencias en materia costera y portuaria vienen de lejos. Su primer despacho estaba especializado en “gestión y planteamiento urbano”, así como en “gestión y actuación en el ámbito del dominio público marítimo-terrestre y portuario”, según afirma el propio abogado en su página web. Por su parte, Alicia Paz, persona de confianza del PSOE en el ministerio de Medio Ambiente, posee un alto grado de conocimiento en estas materias debido a sus cargos al frente de los servicios jurídicos de Puertos del Estado y de la Dirección General de Costas, departamento dependiente del ministerio que dirige Elena Espinosa. La relación Paz y Jiménez Cisneros se remonta al menos a 1998.
La mayor parte de los afectados por la Ley de Costas que han sido defendidos por Jiménez de Cisneros no tienen conocimiento de la relación que le une con la directora general de Costas. Muchos de ellos, incluso, se muestran descontentos ante la actuación llevada a cabo por Cisneros a la hora de defender sus casos. “No nos informaban casi de nada. Sólo nos llamaban para pedirnos más dinero para seguir con el caso”, explica a este periódico un representante de un grupo de casi 40 afectados por la Ley de Costas en las Islas Canarias.
“Me llamó desde su despacho de abogados en Madrid para amenazarme porque le había dicho que ya no quería que siguiera llevando mi caso. Cuando se enteró de que había contratado a otro abogado se enfadó muchísimo”, puntualiza por su parte otro afectado que prefiere no identificarse.
Portavoces del departamento dirigido por Elena Espinosa explican que en el caso de que Alicia Paz “tuviera que intervenir en procedimientos en los que Jiménez de Cisneros hubiese actuado como asesor o representante de algún interesado afectado por la Ley de Costas (…), la directora general tendría que abstenerse de intervenir, comunicándolo a su superior de inmediato”.
En ningún momento Medio Ambiente aclara si durante los 11 años de relación entre Alicia Paz y su pareja se ha dado este tipo de procedimientos que deberían llevarla a inhibirse. El abogado no ha contestado a las llamadas realizadas por este periódico.
¿Ley o negocio?
Antes de asumir su cargo al frente de la Dirección General de Costas en 2008, Alicia Paz fue directora de los servicios jurídicos de Puertos del Estado, cargo que ejerció con la llegada de Zapatero al poder en 2004; desde años atrás ya tenía responsabilidad en ese departamento. Su entrada en Costas se remonta a finales de la década de los ochenta.
Durante la última década, ¿a qué se ha dedicado su pareja? Su despacho de abogados ha participado en la tramitación y redacción de los planteamientos portuarios de ciudades como Bilbao, Santander, La Coruña, Huelva o Castellón, entre otras, según consta en la propia página web del despacho, cuyas cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008 aún no están disponibles en el Registro.
Sin embargo, las competencias de Jiménez de Cisneros no sólo se limitan al ámbito jurídico. La pareja de Alicia Paz es también apoderado de una pequeña empresa privada dedicada al transporte marítimo llamada Gestión de Servicios Portuarios, que cerró 2007 con unos ingresos económicos de 471.000 euros, lo que supone un incremento del 40% respecto al año anterior. En dicha compañía ha trabajado durante varios años Luis Fernando Palao de Taboada, hombre de referencia en el organismo público Puertos del Estado, donde ha coincido con Alicia Paz, ejerciendo como responsable suyo:
En diciembre de 1982, Palao era nombrado director general de Puertos del Estado, cargo que desempeñó hasta el año 1991, cuando tomó las riendas de la Dirección General de Puertos del ministerio de Obras Públicas.
Un año después pasó a presidir Puertos del Estado, hasta que en 1996 se cambió al sector privado de la mano de Francisco Javier Jiménez de Cisneros.
Primero en la compañía Gestión de Servicios Portuarios y luego en una pequeña empresa dedicada al negocio de la logística.
Se da la circunstancia de que Alicia Paz también ha estado vinculada profesionalmente con este sector. La actual directora general de costas ha sido presidenta de Puerto Seco Madrid, una iniciativa pública que, bajo el amparo del ministerio de Fomento, tiene como objetivo la creación de una infraestructura logística ferroviaria que promueva el desarrollo y conecte Madrid con los principales puertos españoles.
Fernando Palao es ingeniero de caminos, canales y puertos, con la especialidad en construcción y explotación de puertos. También es graduado universitario en dirección de empresas. Durante los catorce años de Gobierno de Felipe González fue director general de Puertos y presidente de Puertos del Estado (cuando se creó el organismo). Fue el único alto cargo, junto con el entonces secretario de Transportes, Manuel Panadero, que permaneció en su puesto durante toda la etapa de Felipe González. Ha sido desde siempre asesor del PSOE en el Congreso y el Senado de todos los asuntos relativos a los puertos.
Llegó al Gobierno de González después de haber sido directivo de compañías como Repsol Petroleo, ITP (Ingeniería y Telemática Portuaria), Carboex, Compañía Trasatlántica Española e Intecsa. También trabajó como ingeniero en la Autoridad Portuaria de Tenerife entre 1967 y 1971.
Tras la derrota del PSOE en 1996, Palao pasó al sector privado y trabajó para el despacho del catedrático de Derecho de la Universidad Complutense Francisco Jiménez-Cisneros Cid. Jiménez-Cisneros fue precisamente quien en 1992 elaboró la ley de Puertos junto con otro catedrático de la Complutense: Ángel Menéndez Rexach, hermano del sucesor de Palao al frente de El Musel.
Tras su vuelta a la actividad pública, en agosto de 2003, como presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Palao propició que el Gobierno del Principado nombrara a Jiménez-Cisneros como uno de sus representantes en el consejo de administración del puerto gijonés. El despacho de Jiménez-Cisneros es uno de los de mayor reconocimiento en España a la hora de elaborar informes y estudios en materia portuaria. La mujer de este abogado, Alicia Paz Antolín, era la directora de los Servicios Jurídicos y Dominio Público de Puertos del Estado. Llegó al cargo con el presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas. Navas fue la mano derecha de Palao durante la etapa de este último como presidente del ente público.
Entre el grupo de gestores socialistas que controlan el sistema portuario español también figura la directora de Sasemar, Pilar Tejo Mora-Granados, que es la esposa del consejero delegado de la consultora Spim, Alfredo Irisarri. Spim es la consultora en la que trabajó Fernando Menéndez Rexach antes de que lo fichara el Gobierno del Principado. El hermano de Alfredo Irisarri, Vicente, es el actual alcalde de Ferrol y fue presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol.
Palao es la cabeza visible de este grupo de gestores expertos en puertos. Entre sus personas de confianza también está el recién nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Manuel Docampo. Su nombramiento hizo reverdecer el temor en la ciudad vecina a una fusión de los puertos de Gijón y Avilés. No en vano, fue Palao, durante su etapa al frente de Puertos del Estado, quien promovió la fusión de ambos puertos.
Una polémica, la de la coordinación de ambos puertos, que se quedó en peccata minuta en comparación con el desbarajuste en el proyecto y en el presupuesto de la obra de ampliación. La unión de empresas que ejecuta la obra, liderada por Dragados (grupo ACS), pide más dinero. Sobre la mesa, aumentar un 40% el presupuesto de adjudicación de 579,2 millones de euros. Florentino Pérez puede provocar un socavón de 232 millones de euros en el departamento que dirige Magdalena Álvarez.
Por cierto. ¿ Tienes contabilizados los picos entre los socialistas y los populares en el Congreso?. Sería bueno que volvierás a insistir en el tema pero tú mismo. Yo solo te sugiero temas.
Saludos.
Simancas no sólo es que sea de Madrid, sino que suele jactarse de ser jacobino (literalmente)en sus entrevistas.
Sr Erkoreka, tenga paciencia y en otoño el puerto de Bilbao puede ser suyo. Sólo tiene que dar un pequeño apoyo a los presupuestos generales del estado del 2011 y los puertos pueden ser suyos. O cualquier otra cosa que desee.
Un saludo
Sr. Erkoreka, ya veis que con vuestra arrogancia e intransigencia no vais a sacar nada … ni leyes ,ni mejoras estatutarias, igual deberíais usted y su grupo político ser más tolerantes y honrados.
PD
Rectificar es de sabios.
Estoy seguro de que esto el Sr. Erkoreka me lo va a censurar pero no podía evitar no ponerlo.
-Al menos antes de aplicarme la cobarde censura, que sepa el Sr. Erkoreka, que sé que aplica una doble moral.
-Cuándo os digo lo de la DOBLE MORAL del Sr. Erkoreka no me creéis ¿verdad? Él dice lo de fútbol, pan y circo porque juega la selección española pero claro cuando es la «autodenominada selección de Euskadi» todo es pan y circo mucho circo… ¡Abajo la doble moral del Sr. Erkoreka!
Todos a desenmascarar el mal.
El Sr. Erkoreka, es el más radical del PNV, os lo aseguro y os lo demostraré tarde o temprano.
Mi estimado Sr.Josu Erkoreka:
De que se queja hombre, de una ley de puertos nacional, veamos los miembros del PNV y de CIU representan a los ciudadanos de Cantabria,Asturias,Galicia,Andalucia,Valencia,Mallorca, Canarias,Ceuta y Melilla, ¿sí o no?. Haga el favor de responder por favor, todavia no he visto a ningún miembro del PNV y de CIU hacer camapaña en Andalucia para mejorar las condiciones de pesca de los barcos andaluces, el día que lo vea y tengan representación institucional en la cámara andaluza, astuiana, gallega, valenciana, mallorquina, canaria, ceútí y melillense podrán decidir lo que le conviene o no a los puertos mientras dejen de quejarse y lamentarse, y de creerse el ombligo del «estado español» porqué no lo son, son una comunidad más con los mismos derechos y deberes que los demás, eso sí tienen una lengua que hay conservar por la diversidad cultural, pero no imponerla que es lo que hacen.
«El Sr. Erkoreka, es el más radical del PNV, os lo aseguro y os lo demostraré tarde o temprano». Lo que hay que leer.
Y la prueba que nos da es el vídeo en el que Erkoreka pide la oficialidad de las selecciones vascas.
Entonces, si Erkoreka es «el más radical del PNV» por pedir la oficialidad de las selecciones vascas, ¿cómo habría que calificar a los partidos españoles? ¿De «moderados» que no poseen la necesidad de solicitar la oficialidad de sus selecciones, porque ya la tienen?. ¿Es radical quien pide la oficialidad de la selección vasca y no es radical quien impide dicha oficialidad?. Sondika, eres más español que un botijo.
En fin, qué tonterías. Ánimo Josu eta jarraitu lanean, ondo ari zarete eta!
EL PPSOE ES LA DESGRACIA DE LOS VASCOS. QUE HAGAN EN ESPAÑA LO QUE QUIERAN. ME DA IGUAL. PERO QUE NOS DEJEN A LOS VASCOS EN PAZ. FUERA EL ESPAÑOLISMO DE EUSKAL HERRIA. APARTAD VUESTRAS SUCIAS MANOS DE NUESTRA QUERIDA PATRIA VASCA.
No me digáis que no es un radical y un iluminado el Sr.Erkoreka habla de Euskadi como si fuera de su propiedad, en nombre de todos los vascos (siempre) . Luego está el rollo ese de la seudo selección de Euzkadi.
Pues Sr. Erkoreka los jugadores vascos les han mandado a ustedes a la «m» con lo de su selección y sin embargo «pierden el culo» por jugar con la selección española ¿Algo está fallando?¿Verdad Sr. Erkoreka?. ¿Por qué juegan con la selección de España y no con Euskadi?¿Se habrán dado cuenta que el palabro Euzkadi se lo invento el barbas?
-A ver si nos enteramos «portavoz» El País Vasco no es Escocia ni Andorra es mucho más que eso. Y no le hace falta que vengan unos energúmenos en plan” salvadores de la patria» a mangonearla ni a obligarla «por c……..» a tener una selección que se llama como le dio la gana al carlista de Abando. A ver si dejáis al País Vasco en paz y os subís al Gorbea o mejor al Himalaya y os perdéis. Que llevamos mucho tiempo aguantando vuestros vicios y defectos.
PD
-Todos con la roja y el que no quiera … Ancha es Francia …
El botarate de Sondika es tan ralo a la hora de distinguir el grano de la paja, que acusa a Erkoreka de nacionalista radical, sólo por exigir algo elemental en todo nacionalista vasco: el derecho de Euskadi a disponer de sus propias selecciones deportivas. Esa no es una reivindicación radical, español Sondika. Es lo mínimo que puede exigir un nacinalista vasco. No encontrará usted un nacionalista vasco que no lo haga. No es algo de radicales; es algo básico.
Pero hay una diferencia entre la reclamación de los nacionalistas vascos ante las selecciones deportivas de Euskadi y la actitud de los nacionalistas españoles como Sondika en relación con este tema. El nacionalista vasco reclama sus selecciones, pero respeta las de los demás. El nacionalista español, como Sondika, solo tolera las suyas. Es tan sectario y excluyente que quiere perseguir y prohibir las demás. La diferencia es obvia, ¿no? Tolerancia versus intolerancia. Respeto frente a exclusión.
Hablando de imposiciones… art. 3 C.E’ 78: El castellano (no español, como hago ref. al idioma no pongo ejjjpaniol) es la lengua oficial del estado TODOS los ejpanioles TIENEN EL DEBER DE CONOCERLA (o algo así).
En cuanto a que todas las CCAA tienen los mismos derechos pues debería ser así pero lo que no puede ser es que unas tengan más obligaciones que otras para que coman la sopa boba, ellas y sus dirigentes.
En cuanto a los deseos de «de qué te quejas» para que el PNV vele por los intereses económicos del resto de CCAA, lo entiendo, lo hacen bien, eh? Pero lo siento, el afán imperialista y centralista es más propio de otras ideologías. Siempre te puedes hacer vasco… ya sabes! los de Bilbo nacemos donde nos da la gana!!!!
Aupa Josu!! Oso Ondo!! Zurekin bete-betean gaude. Gora Euskal Selekzioak!! Gora Euskadi Askatuta!! Gora gu ta gutarrak!!