El 19 de mayo de este año -no hace, por tanto, ni un mes- se registró en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Ciencia e Innovación. Se trata de una iniciativa que fue anunciada por la ministra Garmendia al principio de la legislatura -dos años ha- y se ha ido demorando sucesivamente hasta ver transcurrido en blanco más de la mitad del mandato. El proyecto ha sido ampliamente publicitado por sus promotores. Tanto la propia ministra como el secretario de Estado de Investigación, Felipe Pétriz, han desplegado un notable esfuerzo de comunicación con objeto de loar el texto y vender sus excelencias. Ambos han señalado que las dos principales novedades del proyecto radican en la creación de la Agencia Estatal de Investigación, una entidad nuclear en el nuevo modelo investigador, y en la configuración de una auténtica carrera profesional para los investigadores.
En una entrevista publicada en El País el pasado 3 de marzo, el secretario de Estado admitía que el proyecto de Ley, que en aquel entonces no había sido remitido aún a la cámara baja, hacía una regulación extremadamente escueta de la Agencia; algo que, a priori, resultaba chocante para un organismo al que se encomendaba una misión tan esencial como la de aportar el criterio evaluativo en virtud del cual va a llevarse a cabo la asignación de recursos al mérito científico y técnico. Pese a ello -afirmaba- «puedo asegurar que esta vez la creación de la agencia va en serio. Cuando se inicie el trámite de la ley habrá un borrador de estatutos de la agencia».
Blog de Josu Erkoreka 