El grueso del debate público que suscitó la reforma de la Ley de Partidos Políticos, se situó en el terreno de los principios. Se discutió -como se discute en todas las democracias occidentales y en todos los foros académicos que versan sobre el significado del pluralismo político y su expresión partidista- si la democracia tiene derecho a defenderse de sus enemigos, ilegalizando, preventivamente, a los partidos políticos intrínsecamente programados para destruirla o si, por el contrario, el mero hecho de ilegalizar un partido político sitúa a un régimen de libertades a las puertas de su propia destrucción. O, expresado en otros términos, si la ilegalización de partidos políticos destruye a la democracia que la practica o le protege del riesgo de destrucción.
Pero tampoco faltaron algunas reflexiones asociadas a la oportunidad -o, si se prefiere, a la pertinencia estratégica- de una medida como aquella. Más allá de la postura que cada uno adoptase en el eterno debate sobre la compatibilidad entre la democracia y la ilegalización de partidos políticos, eran muchos los que se preguntaban si la eventual ilegalización de Batasuna y de sus eventuales sucesoras, podía constituir un avance real en la lucha contra el terrorismo de ETA.
Blog de Josu Erkoreka 