Blog de Josu Erkoreka

Durante la oscura y prolongada noche franquista, los partidos políticos -a excepción de los que el Caudillo unificó, en 1937, para situarlos bajo su supremo mando- hubieron de optar entre el exilio o la clandestinidad. El antipluralismo alcanzó, en esta época, su máxima expresión. Todas las formaciones políticas se encontraban fuera de la ley -tan sólo, insisto, la FET y de las JONS contaba con carta de legitimidad- y el mero hecho de militar en ellos -y no digmos ya participar en sus órganos de dirección- era perseguido por el régimen con especial saña. A donde no llegaba el Código Penal, que criminalizaba sin fisuras todas las expresiones de pluralismo discrepante, alcanzaban las zarpas de la policía política franquista, con sus delicados y civilizados métodos de seducción.

La sombra de esta brutal experiencia, muy poco presentable -ciertamente- en la Europa del Mercado Común, planeó, vergonzantemente, sobre quienes pilotaron la transición, llevándoles a compensar las libertades negadas en el pasado, con el establecimiento de un régimen sobre los partidos políticos que pusiera especial énfasis en su liberalización.

Es así como, en vísperas de la aprobación de la Constitución de 1978, las Cortes aprueban una Ley de Partidos Políticos -la Ley de 4 de diciembre de 1978- que restringe al máximo los controles legales sobre los mismos. Los trabajos parlamentarios previos dejan bien patente que, el principal propósito que perseguían sus promotores, consistía en liberalizar el régimen de partidos hasta el extremo de declarar, tan sólo, fuera de la ley, los que, por sus objetivos o actuaciones, se situasen claramente en el terreno delictivo. La eventual ilegalidad de una formación política, por tanto, se circunscribía, en exclusiva, a las que persiguiesen fines o utilizasen medios tipificados como delito. Todo ello -claro está- siempre que así lo declarase un tribunal del orden jurisdiccional penal, en el seno de un procedimiento tramitado con todas las garantías y sin menoscabo alguno del derecho fundamental a un juicio justo.

En la sesión plenaria del Congreso de los diputados que puso fin a su tramitación, el protavoz de la UCD afirmó hasta tres veces que el régimen de control que el nuevo texto establecía sobre las asociaciones políticas, se limitaba al terreno estrictamente penal. La Ley -aseguraba Meilán Gil al inicio de su intervención- preveía un control estricto «exclusivamente judicial, cuyos límites están en las fronteras del Derecho Penal». Al aludir a las causas legales que legitimaban las intervenciones públicas de control sobre los partidos, afirmaba nuevamente que, en el proyecto, «los motivos para ello están también tasados. Es la ilicitud penal y no cualquier otra ilicitud considerada genéricamente». Finalmente, al reseñar las aportaciones que los diferentes grupos parlamentarios habían efectuado para mejorar el texto original del proyecto, destacaba las realizadas de cara a «la fijación y concreción de qué ilicitud se trata: de la ilicitud penal, no de una contravención genérica del Derecho». Como se ve, estas intervenciones del diputado ponente ponen de manifiesto que, según el criterio cosensuado en la cámara, las asociaciones políticas no podían ser ilegalizadas más que cuando actuasen como instrumento para la comisión de delitos.

En este contexto se aprueba la Constitución de 1978, que dedica dos artículos a la regulación de los partidos políticos. El artículo 6 y el artículo 22 que se ocupa, genéricamente, del derecho fundamental de asociación. Resumiendo mucho todo lo que puede dar de sí la exégesis conjunta de estos dos preceptos, podemos destacar, a los efectos que ahora interesan, que la única regla sustantiva que contemplan de cara a la eventual ilegalización de un partido político es la recogida en el apartado 2º del artículo 22, que establece:

«Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales».

Como se ve, el régimen constitucional de 1978 arranca, en el Estado español, sobre la idea de que los partidos políticos sólo pueden ser prohibidos o ilegalizados cuando sus objetivos o sus actuaciones penetran en el terreno delictivo. Esta constatación viene avalada por el hecho de que, durante la tramitación del proyecto constitucional, se intentó, sin éxito, introducir en el texto del artículo 6, una cláusula equivalente a la que, en Constitución alemana autoriza al Tribunal Constitucional a acordar la ilegalización de los partidos políticos que contravengan el orden fundamental libre y democrático. Su rechazo -en realidad, la enmienda fue retirada- pone en evidencia que, para las Cortes Constituyente, sólo el ilícito penal podía dar lugar a la ilegalización de un partido político.

Durante mucho tiempo, estos criterios han sido compartidos de modo prácticamente unánime por parlamentarios, autoridades gubernativas y jueces. Y quienes hacían votos por la ilegalización de un partido político, denunciaban, siempre, su carácter delictivo y su plena participación en hechos y actuaciones de carácter criminal y exigían a la fiscalía  el inicio del procedimiento correspondiente. Recuerdo ahora, por ejemplo, la interpelación y consiguiente moción que Coalición Popular presentó en el Congreso, a principios de 1988, para instar al Gobierno a que «…interese del Fiscal General del stado, que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público presuntamente alterado por la actuación ilícita de la Coalición Herri Batasuna». La iniciativa arrancaba de unas declaraciones hechas por Felipe González en la tribuna del Congreso, en las que aseguraba «poder afirmar sin temor a equivocarse la interrelación entre ETA y Herri Batasuna». La moción fue rechazada con el voto negativo, entre otros, de los diputados socialistas. Pero lo que quisiera destacar ahora es que la pretensión se situaba estrictamente en el terreno del derecho penal. Los populares -y los que les apoyaron- deseaban que la fiscalía actuase contra HB por la vía penal, probando, en el seno de un procedimiento ad hoc, el carácter netamente criminal de la organización.

A finales de 1991, el Grupo Popular presentaba otro par de iniciativas en la misma dirección. Ante unas declaraciones de Rafael Vera, en las que se responsabilizaba públicamente a los dirigentes de HB de participar en la dirección de ETA, Alvarez Cascos preguntaba al ministro de Interior por las «acciones que ha emprendido el Gobierno» contra los mismos. La respuesta de José Luis Corcuera, resume gráficamente el razonamiento con el que los gobiernos socialistas de González rechazaron este tipo de iniciativas: «…lo que venimso haciendo desde hace mucho tiempo, y espero que no lo hagamos nosotros solos: continuar trabajando en la búsqueda de pruebas suficientnes para poderlos poner a disposición de la autoridad judicial».

En definitiva, no había pruebas de cargo suficientes como para plantear, con posibilidades de éxito, un proceso penal contra HB bajo la acusación de constitución una organización delictiva. En cualquier caso, nadie -ni Gobierno ni oposición- sugería la posibilidad de ilegalizar esta formación política por un cauce distinto al penal.

Estos planteamientos acabaron siendo compartidos por José María Aznar quien, en una entrevista concedida a varios medios de comunicación en vísperas de las elecciones generales de 1996 -recuérdese que fueron las que le llevaron por primera vez a la presidencia del Gobierno- afirmaba que la ilegalización de HB era una medida «absolutamente estéril». Lo que a su juicio procedía era «actuar contra las personas que amparan, jalean o hacen apología del terrorismo, contra personas concretas, imputarles los delitos de lso que son culpables, ponerlos delante de un juez y que sean juzgados». Pero el de ilegalizar a todo un partido político sobre la base de su presunta naturaleza delictiva era, para él, «un camino equivocado».

Este tipo de apreciaciones, de fuerte carácter jurídico, se completaban con argumentos de naturaleza más política que apelaban a la grandeza y la magnanimidad con las que había de actuar el sistema democrático para integrar al discrepante y ejercer sobre él una pedagogía atractiva, seductora e incluyente. Y este discurso no era privativo de la izquierda. Alguien tan representativo de la opinión de la derecha española como José Antonio Zarzalejos, se felicitaba, por ejemplo, en 1986, por la legalización de HB como partido político, afirmando que era «una bonísima noticia». Al permitirse la legal constitución de esta formación política -sostenía Zarzalejos-

«el Estado de derecho muestra su arraigo y consolidación permitiendo que un grupo político que rechaza la Constitución y el Estatuto se integre, con todas las garantías, en el juego político nacional […] El Estado se legitima con la garantía que presta al disidente, con el amparo al discrepante, con el respeto, en fin, a los derechos de los que difieren. Esta circunstancia -tarde o temprano- obligará a Herri Batasuna a un replanteamiento».

Este principio básico de ofrecer al disidente todas las garantías del Estado constitucional, asegurándole el respeto de todos sus derechos y libertades, no debía ceder, en opinión de Zarzalejos, ni cuando el partido recientemente legalizado se resistía a desmarcarse de la accdión violenta de E TA. En ello estaba en juego -sostenía- nada menos que la coherencia del sistema democrático. ´

Así, al comentar la multitudinaria manifestación que el 19 de marzo de 1987 acompañó el homenaje al ex etarra Txomin Iturbe, Zarzalejos expresaba estas ideas como sigue:

«…todo ello hay que digerirlo porque un régimen de libertades como el nuestro no tiene alternativas pra reprimir con la ley en la mano estas manifestaciones. Esa es la ventaja con la que cuenta ETA y su entorno: la coherencia de la democracia consigo misma. Y más vale que no se pierdan los nervios. Y que esa coherencia, esa lógica interna del sistema, se mantenga, aunque haya que ver y escuchar espectáculos como los del domingo en Mondragón […]. Si HB es persistente y tenaz en sus denuncias, en sus reivindicaciones y en sus objetivos, la democracia está siendo, por lo menos, tán sóllida, tan amplia y tan coherente como para admitir esos embates. Veremos quien, a la postre, sale ganando. Si ellos o la democracia. Este tipo de acontecimientos sólo puede enjuiciarse rigurosamente con la perspectiva del tiempo»

Repasar estos epidodios históricos a la luz de lo que ha ocurrido en Euskadi durante el último lustro, resulta sorprendente y, en ocasiones, hasta chocante. Pero no es exagerado afirmar que -matiz arriba, matiz abajo- durante los ochenta y los noventa, el estado de la cuestión se mantuvo en el Estado español en los términos que acabo de describir. La coherencia de la democracia consigo misma, obligaba a aplicar a los partidos políticos un régimen de máxima libertad, que sólo conocía limites cuando aquellos se convertían en un instrumento para la comisión de delitos. Según la percepción más general, los partidos sólo podían ser ilegalizados cuando -al igual que una sociedad anónima, una cooperativa o cualquier otra fórmula de sociedad o asociación- se limitaban a disfrazar, con apariencias de legalidad, una misión netamente delictiva. Y ello exigía, por supuesto, la tramitación de un proceso penal y la plena acreditación, en su seno, de los hechos delictivos que se le imputaban.