«La nación -escribió Renan- es un plebiscito cotidiano». Pero los nacionalistas españoles -esos que en Catalunya y Euskadi se hacen llamar no-nacionalistas-, han puesto tanto empeño en dejar a salvo su nación -perdón, quería escribir Nación- de los riesgos anejos a toda consulta plebiscitaria, que la han convertido en una amenaza cotidiana. Ellos no piensan, como Ortega que España deba ser un proyecto sugestivo de vida en común. Más bien al contrario, su trayectoria y actitudes de los últimos días reflejan que la consideran como un proyecto coercitivo de vida en común, cuya continuidad histórica no debe -ni puede- apuntalarse a base de atraer y seducir, sino a base de amenazar.
El vendaval político que se ha levantado en Catalunya desde la masiva manifestación del pasado Onze de Setembre, constituye un claro ejemplo de lo que digo. La histérica y estridente respuesta con la que muchos españoles están respondiendo -en Madrid, en Catalunya y hasta en Euskadi- al propósito declarado por Artur Mas de consultar a los catalanes si desean constituir un nuevo Estado en Europa, está poniendo un énfasis tan exagerado en la advertencia y la intimidación, que alcanza, por momentos, cotas auténticamente hilarantes. No se les escucha una sola palabra encaminada a cautivar o seducir a los catalanes con el fin de atraerlos hacia una convivencia sugestiva. Se conoce que no encuentran demasiados motivos para estimular el interés de los catalanes en seguir vinculados a una España encuadrada entre los PIIGS que no cotiza en el mercado de la seriedad y de la buena reputación. Todo son apercibimientos, advertencias y anticipos de grandes males. Es más, sus aspavientos amenazantes están empezando a ser tan desaforados que, como antes decía, arrancan la carcajada del observador imparcial. En su enfermiza obsesión amenazante han llegado a sostener recientemente que como los títulos académicos los otorga Madrid, los catalanes se quedarían sin bachilleratos y sin licenciaturas. Y sin doctorados, claro. Una aberración.
Para los vascos, esta atronadora reacción amenazante del nacionalismo español, que anticipa el apocalipsis y alerta sobre el inmediato advenimiento de las siete plagas de Egipto, no constituye novedad alguna (ver, al respecto, el post titulado «Idénticos tópicos para diferentes naciones«, publicado en este blog el pasado 26.09.12) . En Euskadi ya sabemos que cuando los patriotas de la nación única e indivisible nos acusan a los nacionalistas vascos de generar crispación con nuestras propuestas políticas, lo que en realidad nos quieren decir es que su talante democrático es tan escaso, que no pueden evitar reaccionar con crispación al planteamiento de determinadas cuestiones que para ellos entran en el terreno del tabú. El problema no está, pues, en las propuestas, que podrían ser abordadas civilizadamente por cualquier demócrata -y de hecho lo están siendo en otros lares- sino en la extrema intolerancia de quienes no pueden permitir que se planteen sin dejar asomar su irritación. O dicho en otros términos, no son las propuestas las que crispan, sino la intransigencia sectaria de los que reaccionan con crispación.
Uno de los principales argumentos que los corifeos de la ira patriótica española están desarrollando en las últimas semanas para inocular el virus del miedo en el cuerpo de los ciudadanos catalanes dispuestos a impulsar la independencia de su nación, tiene que ver con la sedicente imposibilidad de que una hipotética Catalunya independiente pudiera seguir formando parte de Europa. «Si Catalunya se erige en un Estado independiente -sostienen- quedaría automáticamente excluida de la UE». El argumento es reflejo de una inmensa impotencia. Como España, al parecer, nada positivo puede ofrecer, por sí misma, a los ciudadanos de Catalunya partidarios de la secesión, sus patrióticos hijos intentan evitar el descalabro nacional, esgrimiendo el argumento europeo, que consideran algo más consistente para obligar a los catalanes a cambiar de opinión. Esta actitud recuerda a la del enamorado que, viéndose incapaz de cautivar a su pareja, pretende retenerla junto a sí apelando a la fortuna familiar de sus progenitores: «si me abandonas, olvídate del dinero de mis padres». Una postura que se encuentra en las antípodas del proyecto sugestivo de vida en común.
Hace unos días, el comisario Joaquín Almunia afirmaba, con gran aplauso del orfeón mediático hispánico, que «Claramente, si se produjese un hecho de esa naturaleza, una separación de un parte de un estado miembro supone que esa parte deja de ser miembro de la Unión Europea. Eso es así, según el tratado y todas las interpretaciones que se puedan hacer del tratado».
Cuando escuché el corte radiofónico, pensé que en el momento en el que Almunia hizo esa afirmación, se había dejado llevar más por su cualidad de patriota español que por su condición de comisario europeo, por mucho que los medios que dieron difusión a su mensaje subrayasen, sobre todo, ésta última circunstancia. Es una pena que Almunia no especificase en su declaración cuál es exactamente «el tratado» -los tratados fundacionales de la UE son más de uno- y el artículo del mismo que tan «claramente» establece, según su tenor literal y «según todas las interpretaciones que puedan hacerse» del mismo, que «una separación de una parte de un estado miembro supone que esa parte deja de ser miembro de la Unión Europea». Y digo que es una pena porque creo conocer bastante bien los tratados constitutivos de la UE y no tengo noticia alguna de la existencia en su articulado de una norma que opere específicamente sobre ese supuesto de hecho. Los juristas que hemos debatido en más de una ocasión sobre la cabida que una hipotética «ampliación interna» podría tener en el derecho originario de la UE, se lo hubiésemos agradecido enormemente, porque siempre hemos dado por supuesto que no hay una norma comunitaria ad hoc que haga referencia explícita a esta cuestión. Si Almunia hubiese tenido a bien desarrollar su argumento con un poco más de rigor, a lo mejor nos hubiese sacado de las tinieblas para hacernos ver que, en este punto, no existe, como pensábamos, un vacío legal. Pero no lo hizo. Y sus palabras nos llevaron de las oscuras tinieblas, al desconcierto de la imprecisión.
Personalmente, creo que estuvo más acertada la comisaria de información Viviane Reding -tan comisaria como Almunia, aunque no tan condicionada como él por la red patriótica española- cuando declaró al Diario de Sevilla que no debería forzarse la legislación internacional para hacerle decir lo que no dice y sugirió que el problema de Catalunya se resolviese dentro del Estado español: «Por favor, resuelvan sus problemas de política interna en España. Yo confío en la mentalidad europea de los catalanes».
Aunque sus declaraciones irritaron al ministro español de Asuntos Exteriores que, según según afirmaron sus servicios de propaganda, dirigió una carta a la Comisión para protestar por la actitud de la comisaria de información -algo que seguro que puso a temblar a la activa luxemburguesa- lo cierto es que, como expondré más adelante, los planteamientos que él mismo defendió unos días después ante la Comisión Mixta de las Cortes Generales para la Unión Europea, no fueron, en el fondo, muy diferentes.
Lo que Reding venía a decir es que si el Estado español no era capaz de ofrecer un proyecto sugestivo de vida en común a todos los ciudadanos y territorios que hoy por hoy forman parte del mismo, no era lícito que les amenazase -como el amante que pretende retener a su pareja con el señuelo de su fortuna familiar- blandiendo el espantajo de que si promovían un proceso de secesión la UE les iba a expulsar de su seno. Su razonamiento era tan sencillo como transparente: el problema no está en Europa, sino en España. O, expresado de otra manera, si Catalunya alcanza su independencia nacional, no será Europa la que impida su continuidad en el marco comunitario, sino España. Que cada palo aguante su vela. El obstáculo para la continuidad de una Catalunya independiente en la UE no estará en «el tratado» como con escaso rigor jurídico afirmaba Almunia, sino en España y en los españoles.
Como antes apuntaba, algo parecido sostenía el propio ministro español de Asuntos Exteriores, en la comparecencia que tuvo lugar el pasado 4 de octubre en la Comisión Mixta para la UE. Su argumentación era la siguiente:
«Le voy a leer el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea. Dice: la Unión respetará la igualdad de los Estados miembros, así como su identidad nacional inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional, respetará las funciones del Estado -se refiere a los Estados miembros- especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público, y salvaguardar la unidad nacional.
El artículo cuarto es lo que en Derecho se llama una norma de remisión, se remite e incorpora completamente lo que el ordenamiento nacional de cada Estado miembro determine. En los Estados miembros en que sea posible una secesión pactada que quepa en su ordenamiento constitucional nos encontraríamos con que esa secesión es legal desde el punto de vista interno, y por ser legal desde su punto interno y solo porque es legal desde su punto interno, es legal desde el punto de vista europeo. En aquellos Estados en que la secesión no sea posible por su orden constitucional, cualquier secesión, cualquier declaración unilateral de independencia sería una secesión ilegal, contraria al constitucionalismo interno, y, por tanto, se lo vuelvo a repetir -no se lo puedo leer en euskera pero se lo puedo leer en castellano-: la Unión respetará la igualdad de los Estados miembros, y dice, así como su identidad nacional inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos también en lo referente a la autonomía local y regional. Punto. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, etcétera.
Si el artículo 4 se remite a la Constitución de cada uno de los Estados miembros, entiendo que no quiere que hagamos un ejercicio teórico respeto a los 27 Estados, sino a éste, y éste tiene en su Constitución dos artículos fundamentales, que es toda la Constitución, el resto es desarrollo: el artículo 1.3, que dice que la soberanía pertenece al pueblo español, el we the people, de la Constitución de los Estados Unidos es el pueblo español en su conjunto. No cabe que una parte del pueblo español tome una decisión tan importante como esta, sería el pueblo español en su conjunto el que tendría que tomarla.
Segundo, el artículo 2 dice que la Constitución se fundamenta, no reconoce, sino que se fundamenta, en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible. La conozco muy bien porque es fruto de una enmienda que yo personalmente elaboré en aquel momento»
El esquema del ministro es claro. Como en él puede apreciarse, no serían la madrastra Europa y su «tratado» los que expulsarían de la UE a una hipotética Catalunya independiente, sino la «amante» España, resentida y despechada porque la pareja a la que quiere mantener sujeta, Catalunya, ni aprecia sus encantos, ni está dispuesta a dejarse cautivar, ni cae rendida ante su fuerza de seducción. Pero el problema es español, no europeo.
Si el debate sobre la independencia de Catalunya no hubiera coincidido en el tiempo con el acuerdo suscrito en Edimburgo en torno al referéndum sobre la autodeterminación de Escocia, estoy seguro de que el argumento europeo hubiese sido utilizado por el coro patriótico español con mucha más demagogia y estridencia. Pero la coincidencia temporal de ambos debates, obliga a todos a ser un poco más cautos. Porque todo lo que se sostenga en relación con Catalunya, puede resultar inadecuado o distorsionante para el caso de Escocia y viceversa. Todos, empezando por las propias autoridades de la UE, prefieren tener la fiesta en paz y no agraviar innecesriamente, ni a los españoles ni a los escoceses. De ahí que el portavoz de la Comisión, Olivier Bailly, se haya limitado a señalar, recientemente, que «no hay disposiciones en el Tratado sobre la secesión de una región de un Estado miembro» y que, en consecuencia, «corresponde a las fuerzas a nivel regional o nacional discutir estas cuestiones en el ámbito interno»
Esto es lo que explica que, en los últimos días, la trompetería patriótica española esté dedicando especial esfuerzo a subrayar las diferencias -históricas y jurídicas- que existen entre Catalunya y Escocia desde el punto de vista de su aspiración a convertirse en Estados independientes. No les sirve, como se ve, la razón democrática, que la Corte Suprema de Canadá utilizó como argumento último para justificar la legitimidad de un referéndum de autodeterminación en Québec. Tampoco les sirve la apelación rigurosamente democrática que David Cameron hizo a la voluntad mayoritaria del pueblo escocés, el día en el que se reunió con Alex Salmond para suscribir el acuerdo que hará posible el referéndum en 2014. Como el argumento europeo se les ha caído -se ve cada vez más claro que el problema no está en Bruselas, sino en Madrid- y la ratio democrática no les interesa, ahora se dedican a contraponer la historia de Escocia a la de Catalunya, para enseñarnos que mientras Escocia fue un reino que se unió a Inglaterra hace 300 años, Catalunya forma parte de una nación -perdón, Nación- que tiene más de 3000 años de existencia (Esperanza Aguirre dixit). Cualquier cosa antes que escuchar la voz al pueblo catalán.
[…] 2012/10/17 por Josu Erkoreka […]
Kaixo Josu,
Escribiamos ayer en http://www.facebook.com/madrilgobatzokia lo siguiente:
Esperanza Aguirre (Vigo, 17-10-2012): «Cataluña siempre formó parte de España y no se puede comparar con Escocia, que durante muchos años fue un reino»
El Reino de Escocia (gaélico escocés: Rìoghachd na h-Alba, escocés: Kinrick o Scotland) fue un estado en el noroeste de Europa, que existió entre los años 843 y 1707. En 1603 el Rey Escocés Jacobo VI accedió a la corona de Inglaterra, uniéndose la
s coronas, seguido de la unión de los parlamentos en el año 1707 con el Acta de Unión.
El Reino de Aragón (en aragonés: Reino d’Aragón) nace en 1035, por la unión de los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza en la figura de Ramiro I. Se prolongará hasta 1707, cuando Felipe V promulgó los Decretos de Nueva Planta, por los que el reino se integra en el Reino de España.
Curiosamente ambos Reinos en 1707 se unen, uno a Inglaterra otro a Castilla, para conformar Gran Bretañia y España respectivamente.
Por cierto la Corona de Aragon y la de Castilla recaen sobre un mismo rey a partir de 1517 con Carlos I. Es decir, 86 años separan a la historia de Aragón y Escocia…
Señora Aguirre repase la historia de España (y ya puestos la de Gran Bretaña)
Dijo Cánovas que español es todo aquel que no puede ser otra cosa. Si hoy viviese para ver lo que está ocurriendo con el debate sobre la independencia de Cataluña, añadiría que español es, también, todo aquel a quien los españoles no le dejan se otra cosa.
Excelente entrada, Josu. Zorionak.
La diferencia salta a la vista.
Los unionistas británicos argumentan en Escocia: » mejor unidos». E intentan convencer
Los unionistas españoles argumentan en Catalunya y Euskadi: «juntos por cojones». E imponen por la fuerza.
Ya se que las palabras de Patxi se las lleva el viento. Pero…
Empezó la campaña diciendo que de ninguna manera pactaría con EH
Hoy ha afirmado que está fuera de la realidad pensar que pueda pactar con el PNV el próximo Gobierno
Luego está claro con quien quiere pactar. Con el mismo que le acusó de tener menos títulos que Homer Simpson.
Pero como sus palabras se las lleva el viento….
No me lo puedo creer, se van a quedar sin lincenciados, etc…. ¿qué pasa ahora pues? Amenazan con borrarles la memoria o qué?
La verdad que los que amenazan con eso del dinero me hacen hasta gracia los que hacen que me enfade son los que defienden «o eres mía o de nadie» pero mediante el uso de la fuerza….
En cuanto a eso de la consti… si las matemáticas no me fallan el art. 1.1 está antesque el 1.3 … así que poder, se puede y además… creo recordar la constitución puede reformarse en una tarde y sin necesidad de referendum alguno (qué manía les tienen).
Patxi López es definitivamente memo. Dice que «El referéndum de Escocia tiene cosas que algunos no quieren aquí: como el cumplimiento de la ley».
Es al revés. Lo que algunos -como el PSOE, el PP y UPyD- no quieren es adaptar la ley a la voluntad de los ciudadanos. Tampoco en Gran Bretaña había prevista en la ley una consulta sobre la independencia de Escocia. Pero se ha adaptado la ley para que la consulta sea posible.
Los españoles no queremos luchar sino vencer. Nos falta la efusión del combatiente y nos sobra la soberania del triunfante. Quien ambicione la victoria deberá contar con los demás, aunar fuerzas y “excluir toda exclusión”, es decir, convencer al resto.
Los españoles no queremos luchar sino vencer. Nos falta la efusión del combatiente y nos sobra la soberania del triunfante. Quien ambicione la victoria deberá contar con los demás, aunar fuerzas y “excluir toda exclusión”, es decir, convencer al resto.