«Para saber como van las cosas -acostumbraba a decir un viejo amigo ya fallecido- es preciso mirar al lugar en el que están ocurriendo». Y no le faltaba razón. Si te preguntan por tiempo que hace y en lugar de asomarte a la ventana centras la mirada en el pasillo del fondo, difícilmente podrás responder con un mínimo de rigor a la interrogante que te han formulado. En política ocurre lo mismo. Por eso es importante girar la cabeza de vez en cuando y escrutar lo que ocurre a ambos lados y en la retaguardia. Sin olvidar, claro está, lo que sucede arriba y abajo. Sólo así resulta posible obtener la información necesaria para saber lo que realmente está ocurriendo. Porque no solo pasa lo que tenemos enfrente. Junto a lo que acaece delante nuestro, tienen lugar, también, otros acontecimientos que se desarrollan a nuestra derecha, a nuestra izquierda, atrás, arriba y abajo. Y una visión completa de las cosas exige tomar en cuenta todo ello.
Esta sencilla reflexión viene al hilo de cierta información que acabo de recibir a propósito de la selección del juez Fernando Grande-Marlaska para pesidir la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. La sala segunda. Una vez agotado el segundo mandato de Javier Gómez Bermúdez al frente de este órgano judicial, se acordó, hace unas semanas, iniciar el procedimiento legalmente previsto para la cobertura de la vacante. Han sido siete los aspirantes registrados para participar en el concurso. Y el miércoles de la semana pasada se reunió la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial con el propósito de seleccionar la terna sobre la que el Pleno del organismo ha de llevar a cabo el nombramiento. Como el acto fue público, hubo una nutrida presencia de medios. No era para menos. La cosa tenía su expectación. Entre los candidatos había alguno de esos prestan más atención a su personal proyección mediática que a las garantías del proceso penal.
La terna finalmente elegida por la Comisión, incluía al propio Gómez Bermúdez, que aspiraba a repetir en el cargo por segunda vez, a Teresa Palacios y a Grande-Marlaska. Creo que ninguno de los tres requiere presentación. Son sobradamente conocidos por el gran público. Y a nadie extrañó, por supuesto, el hecho de que, al día siguiente, la prensa conservadora hispana manifestase su preferencia -e incluso, en algún caso, apostase abiertamente- por la candidatura de Grande-Marlaska.
El Plenario del Consejo que había de resolver el concurso se ha reunido esta mañana. Y mientras se desarrollaban las deliberaciones de los consejeros, fuera de la sala, los profesionales de algunos medios de comunicación admtían, sin rubor alguno, que estaban esperando la rueda de prensa que Grande-Marlaska había convocado para el mediodía. Todo parecía indicar que la decisión estaba precocinada. Y que antes del inicio de la sesión, las cosas se habían atado y bien atado para que el nombramiento recayese sobre el candidato aplaudido por la prensa conservadora.
Mientras los grandes titulares de la prensa fijaban su atención en la enmienda pactada en el Congreso de los Diputados como alternativa a la Moción de Rosa Díez sobre la ilegalización de Bildu y Amaiur, al lado -o quizá detrás, no lo sé- se producía un nombramiento judicial que puede ser clave en el desarrollo de los acontecimientos asociados al fin de ETA. Así van las cosas.
Sin embargo -casualidades de la vida- hoy mismo, día 23 de febrero, hemos sabido que la sala segunda de la Audiencia Nacional acaba de dictar sentencia absolutoria en favor del joven Iraitz Guesalaga, a quien el fiscal consideraba «el informático de ETA». El fallo considera que la acusación no se sustentaba en indicios sólidos y pone en cuestión tanto la actuación de la Guardia Civil como la del juez instructor, que autorizó escuchas telefónicas sin razones suficientes. ¿Les suena? Seguro que sí, ¿verdad?. Yo mismo creo recordar que hace muy pocos días algún otro juez ha sido inhabilitado por autorizar escuchar ilegales.
Pues bien, al parecer, también en el caso de Iraitz Guesalaga se habían producido escuchas telefónicas que habían sido autorizadas por el juez instructor sin el fundamento legalmente requerido. ¿Alguién cree que se le acusará por ello de prevaricación? Yo no. Es más, estoy casi seguro de que nadie se querellará contra él por es motivo.
Pero… por simple curiosidad: ¿saben quién es el juez instructor que autorizó esas escuchar?
Efectivamente. Bingo. Es Javier Grande-Marlaska. El mismo que en muy poco tiempo pasará a presidir la sala que acaba de desautorizar su instrucción.
No me digan que no conviene echar la vista a un lado de vez en cuando, para ver cómo van las cosas.
Blog de Josu Erkoreka 
Dos cosas con respecto a Marlaska.
1- Un individuo que ha manifestado un claro sectarismo politico al declarar publicamente que la sociedad vasca es enferma, lo descalifica para la posicion que ocupa. Lamentamblemente, estamos en Spain, Is Pain.
2- Es curioso lo de este hombre que se acerca a la derecha mas retrograda y conservadora que frecuente desprecia la orientacion sexual del pequeno-marlaska. Pero bueno, siempre han pasado cosas asi, tanto Edgar Hoover o Ernst Röhm tambien lo eran y frecuentaban los mismos ambientes que el petit-marlaska
Josu,
Annan, a quien ninguneaste en su acciön en Euskadi por coadyuvar en la buena voluntad de ETA, ha sido elegido como pacificador en la alarmante situación de Siria.
Fernando Glande toma el relevo de Garzón?
JE, JE. Qué cachondeo.
Cuanto más insiste en que él se limitará a aplicar la ley, más me mosquea. A los leguleyos les hemos visto torturar la ley tantas veces que hasta los que no somos abogados nos hemos dado cuenta de que todo es un mamoneo. Hecha le ley, hecha la trampa. Y los jueces como Marlaska se saben todas las trampas necesarias para manipular la ley a su antojo. Por eso me fastidia que hablen luego de aplicar la ley. Como si fuera un proceso lineal y no un camino lleno de las curvas que cada uno quiera ponerle.
Sr. Erkoreka de acuerdo con usted de que es necesario: «… mirar al lugar en el que están ocurriendo …(las cosas) » pero además para que sea suficiente es preciso mirar bien y con objetividad..
La sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ha absuelto a Iraitz Guesalaga cuestiona en concreto que el magistrado instructor Grande-Marlaska autorizara hasta el arresto, la intervención de las conversaciones telefónicas de los sospechosos «sin que la decisión judicial tenga un mínimo soporte indiciario que justifique la desmedida medida».
La critica existe pero Grande-Marlaska no viola el derecho de defensa ni se contamina pruebas con su instrucción.
Es decir, nada que ver con la autorización de escuchas ilegales que protagonizó el juez Baltasar Garzón contra todos los abogados defensores en la trama Gurtel grabando todas las líneas de defensa que esos profesionales trataron con sus clientes.
Con tan desatinado proceder el buen juez ha conseguido el efecto perverso de “contaminar” las pruebas que hubiesen permitido que los de la Gurtel dieran con sus huesos en la cárcel. Esas pruebas “contaminadas” no podrán ser utilizadas en el transcurso del juicio.
El mal que el juez Garzón ha hecho a la Justicia al vulnerar el derecho de defensa es mayúsculo y dado que no se juzgaba un delito de terrorismo o narcotráfico el juez Garzón actuó de forma ilegal “ a sabiendas” que lo era, toda vez que la propia Fiscalía le advirtió en varias ocasiones de lo ilegal de su proceder.
Grande-Marlaska autorizó escuchas legales que no dieron el resultado deseado y Garzón se pasó el estado de derecho por el forro de sus caprichos.
No se parecen los dos casos en nada.
A ver, a ver, Alfred. La sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve a Iraitz Guesalaga del delito de pertenencia a organización terrorista por falta de pruebas, dice, textualmente, en su fundamento segundo, lo que a continuación entrecomillo:
«lo que no resulta admitido en derecho, es la prórroga de las conversaciones telefónicas durantes cinco meses a) sin que conste que en la persona objeto de tal medida haya indicios de comisión de delito alguno, -aunque se relacionara con quien era objeto de investigación-; b) sin otro fundamento que el que aparece desde el primer oficio; c) sin que conste dato alguno acerca de la necesidad de la medida, d) sin que la decisión judicial tenga un mínimo soporte indiciario que justifique la desmedida media, y e) sin que, por lo tanto, se cumplan los requisitos exigidos por la jurisprudencia en la adopción de la citada medida restrictiva de derechos».
Si eso no es poner patas arriba todas las garantías judiciales que se encuentran en el núcleo del Estado de Derecho, que venga Dios y lo vea. Y todo eso lo hizo Grande Marlaska, es decir, autorizar escuchas telefónicas y autorizar su prórroga «sin que se cumplan los requisitos exigidos por la jurisprudencia en la adopción de la citada medida restrictiva de derechos». Lo mismo que Garzón.
Alderdikide,
Grande Marlaska NO HA VULNERADO el derecho de defensa, eso es lo que digo.
No ha prevaricado, solo equivocado.
Por lo que no se le puede inhabilitar.
Alfred, no nos pasemos de listos.
Lo que yo quiero decir es que, al autorizar escuchas sin habilitación legal, VULNERÓ EL DERECHO A LA INTIMIDAD, que no es menos importante que el derecho a la defensa.
Prevaricar es dictar «a sabiendas» resolución injusta. El juez que dicta una resolución autorizando escuchas que sabe (o debe saber) que no están avaladas por la ley y la jurisprudencia, prevarica. Si Garzón prevaricó porque autorizó escuchas del procesado con el abogado que estaban prohibidas (no lo están cuando hay «habilitación legal y en casos de terrorismo), Marlaska prevaricó porque autorizó escuchas en unas condiciones en las que no podía hacerlo según la ley y la jurisprudencia; “sin que se cumplan los requisitos exigidos por la jurisprudencia en la adopción de la citada medida restrictiva de derechos”, dice la sentencia.
El juez de instrucción no se puede equivocar cuando acuerda prorrogar hasta cuatro veces (toma nota, alfred, cuatro veces; no una, ni dos, ni tres, sino cuatro) unas escuchas que no cumplen «los requisitos exigidos por la jurisprudencia». Eso no es un error. Es un empecinamiento consciente y obsesivo, inspirado por una actitud distinta a la de hacer justicia.
Por una cosa así, se le puede procesar y hasta inhabilitar. Y se le inhabilitaría, sin duda, si el escuchado no hubiese sido un presunto etarra, sino un alto cargo del PP acusado de corrupción. Todavía hay clases.