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Posts Tagged ‘Congreso de los Diputados’

En el Pleno que esta tarde ha celebrado el Congreso de los diputados, se han tratado varios de temas de interés. Pero tan interesante como lo que se ha debatido, es lo que no ha llegado a debatirse. Me refiero, concretamente, a la Proposición de reforma del Estatuto de Valencia, que  en su día fue remitida por Les Corts Valencianes para su tramitación por las Cortes Generales. Su toma en consideración estaba incluida en el orden del día de la sesión de hoy, pero finalmente ha decaído, porque el propio Parlamento valenciano ha solicitado «el aplazamiento» del debate. 

La Proposición cuyo debate se ha aplazado, plantea una modificación de la disposición adicional primera del Estatuto valenciano, con objeto de incorporar a su texto un precepto nuevo, que es fruto de la combinación de dos de las disposiciones más controvertidas de las reformas operadas durante el último quinquenio en los Estatutos de Catalunya y Andalucía. Las que se refieren, concretamente, al volumen de la inversión que el Estado habrá de llevar a cabo en el territorio correspondiente durante los próximos siete años.

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Ayer se presentó un escrito en el registro del Congreso, en el que se solicita la comparecencia de Rubalcaba ante el Pleno de la cámara para que explique “la responsabilidad del Gobierno en el caso Faisán y su relación con el proceso de negociación con la banda terrorista ETA”. El escrito -casi no hace falta decirlo- está suscrito por 85 diputados del Grupo Parlamentario popular. Tampoco creo que la fecha elegida para presentarlo requiera una explicación particularmente prolija. El escrito se registra justo al día siguiente de que diario El Mundo publicara un acta, presuntamente redactada por un miembro de ETA, para recoger el tenor de las conversaciones que los delegados de la organización terrorista mantuvieron con los representantes del Gobierno de España durante el alto el fuego de 2006. Y se registra, también, el mismo día en el que el diario El País hiciera pública una partida documental con información semejante.

Como en las actas atribuidas a ETA se reflejan actitudes del Ejecutivo que permiten adivinar la existencia de una sintonía de fondo entre los interlocutores de las dos partes -los enviados del Gobierno dijeron, según el acta publicada por El Mundo, cosas como que la detención de Elosúa fue “un accidente grave, un asunto que viene del juez”, que el “los jueces se han convertido en un instrumento del Partido Popular o que “Rubalcaba se incorporó a Interior para continuar con una vía que conocía desde su cargo en el Congreso y se cambió el fiscal jefe de la Audiencia”, por poner tan solo algunos ejemplos- los populares han recordado, súbitamente, que Rubalcaba se encuentra entre las liebres que los rumores de pasillos y faldones sitúan en la carrera por la sucesión de Zapatero, y han decidido emprender una campaña de erosión contra él. Una campaña en toda regla que le acusa de connivencia y complicidad con el terrorismo y concluye solicitando al mismo tiempo su comparecencia y su dimisión; cosa que no deja de extrañar, porque parece evidente que si comparece, es porque no ha dimitido aún, y si dimite, ya no puede comparecer.

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Esta semana he mantenido una conversación interesante con un ciudadano andaluz que el martes vino al Congreso a explicar a los Grupos parlamentarios de la cámara una iniciativa social en cuyo impulso está sumamente interesado. La conversación, que se prolongó, después de concluída la explicación oficial, en torno a un café, se extendió sobre cuestiones políticas y personales que nada tenían que con el motivo inicial del encuentro.

Me confesó, entre otras muchas cosas, que era un antiguo votante del PSOE. Si su testimonio era cierto -y no tengo razones para pensar que no lo fuera- mi interlocutor votó a esta formación política en numerosas ocasiones y en todo tipo de citas electorales: generales, autonómicas y municipales. Sin embargo, dejó de hacerlo cuando un día descubrió, con más horror que sorpresa, que el 100% del dinero público que le afectaba como ciudadano estaba siendo gestionado por los socialistas, es decir, por gentes de un mismo partido político. El alcalde de su pueblo era socialista. En la Diputación provincial, las riendas del gobierno estaban, también, en manos del PSOE. En la Junta de Andalucía, el partido de Pablo Iglesias parecía llamado a gobernar per saecula saeculorum y controlaba, en solitario, todos los resortes del poder autonómico. Y, por último, en el Gobierno central, el PSOE acumula – él solo- más años ocupando poltrona que todos los demás partidos juntos. Desde la aprobación de la Constitución, UCD+PP= 12 años/PSOE= 21 años.

«No es saludable -me dijo- confiar la gestión del 100% de los fondos públicos que te conciernen como ciudadano a un sólo partido. Y menos aún, que una situación tan monolítica, cerrada y falta de oxígeno se prolongue en el tiempo». Mi interlocutor andaluz era partidario de que en la administración de los asuntos públicos que le afectan, intervengan manos distintas, que reflejen percepciones y sensibilidades diferentes, a fin de que el contraste dialéctico entre lo que unos promueven y los otros impulsan, de lugar a un resultado global equilibrado y razonable. El acierto nace del contraste, no del monolitismo. El pluralismo político debe reflejarse también ahí. Sin cuñas, no entra el aire fresco. Y sin aire fresco, la atmósfera acaba enviciándose. Que todos los asuntos públicos que afectan a un ciudadano -todos y a todos los niveles- se encuentren en manos del mismo partido, facilita el adocenamiento típico de las situaciones de monopolio: la falta de transparencia, el relajamiento, la indolencia y, en definitiva, el deterioro de la calidad del servicio.

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En el Pleno de esta tarde se ha debatido, entre otras cosas, la toma en consideración de una Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados que venía suscrita por los Grupos Parlamentarios de CiU, PNV, ERC-ICV y Mixto (BNG y Na-bai). Es decir, por todas las formaciones que los nacionalistas españoles, agrupan bajo la común denominación de «nacionalistas». Como si ellos no lo fueran.

Se pedía en ella que los diputados tuvieran derecho a utilizar «cualquiera de las lenguas que tengan el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma», tanto en los escritos que se registren en la cámara como «en las intervenciones que se produzcan en las sesiones del Pleno, la Diputación Permanente y las Comisiones». Y se completaba el cuadro con la reclamación de que los ciudadanos y las instituciones que por cualquier motivo hubieran de dirigirse por escrito al Congreso de los Diputados, pudieran hacerlo igualmente «en cualquiera de las lenguas que tengan el carácter oficial en alguna de las Comunidades Autónomas».

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Varios diputados y otros tantos visitantes cenábamos el pasado miércoles en un restaurante de la plaza Santana de Madrid, cuando un mensaje sonó simultáneamente en el teléfono móvil de algunos de nosotros: «El PP -decía el SMS– no apoyará el Real Decreto-Ley sobre las Políticas Activas de Empleo». Al comentar la noticia con los restantes miembros de la mesa, uno de los comensales -muy interesado en el devenir de la política pero absolutamente ajeno al cotidiano trajín parlamentario- formuló la siguiente reflexión: «Si los populares rechazan la reforma de las Políticas Activas de Empleo, están enfrentándose, también, de alguna manera, al Acuerdo económico y social firmado por el Gobierno con la CEOE y los sindicatos UGT y CCOO, ¿no? Al fin y al cabo, la reforma tiene su base en ese Acuerdo». El comentario no iba desencaminado, obviamente, pero adolecía de un defecto: arrancaba de un punto de partida equivocado. Nuestro compañero de mesa pensaba que «no apoyar» el Real Decreto-Ley -que es, exactamente, lo que decía el mensaje que los diputados habíamos recibido en nuestros celulares- equivalía a rechazarlo. Y eso, en el Congreso de los diputados, no es así. Y menos aún, trantándose del PP. En el lenguaje parlamentario de los populares, «no apoyar» significa abstenerse. Y de hecho, es una manera de decir «si», aparentando decir que «no».

Significa decir que «sí» porque, como ya he hecho notar en otras entradas, con la actual composición de la cámara baja, la abstención del PP es la única que garantiza la aprobación de las iniciativas del Gobierno, con independencia de lo que hagan el resto de los Grupos parlamentarios. Aunque todos los demás votásemos que «no», la abstención de los 153 diputados populares le pone en bandeja al Gobierno la posibilidad de sacar adelante sus iniciativas con el exclusivo apoyo de los 169 escaños que los socialistas tienen bajo su disciplina.

Y aparenta decir que «no» porque, al formularse la toma de posición enfatizando el aspecto negativo -«el PP No apoyará»- induce a pensar al observador no experimentado que, en realidad, las huestes parlamentarias de Rajoy pulsarán el botón rojo que es, como se sabe, el que activa el «no». Los populares llevan bastante tiempo perfilando con mucho tiento las expresiones con las que hacen públicas sus tomas de posición en relación con las iniciativas gubernamentales. Buscan, sobre todo, expresiones que les permitan aparecer ante el gran público como una oposición abierta y frontal al Gobierno, pero que, al mismo tiempo, no les impidan transmitir a los sectores más directamente afectados por las medidas en cuestión, la impresión de que actúan sinn responsabilidad y altura de miras. Abstenerse enfatizando el «no», les permite matar dos pájaros de un tiro: parecer oposición, sin serlo realmente. O, si se prefiere, oponerse nominalmente a las medidas del Gobierno, garantizando, de hecho, su aprobación. Y es preciso reconocer que su estrategia comunicativa resulta sumamente eficaz. Cada vez que un portavoz del PP afirma en un foro público que «no apoyará» una determinada medida del Gobierno, miles de ciudadanos son inducidos a error y se quedan con la copla de que votará que «no».

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Recuerdo que en el otoño de 2005 recibí una llamada telefónica de Josu Jon Imaz -a la sazón, presidente del EBB- en la que me pedía que entrase en contacto con un concejal de Estella llamado Ricardo Gómez de Segura que, en su condición de responsable del área de Industria, tenía entre manos un proyecto interesante y original para construir en Lizarra un centro tecnológico especializado en artes gráficas y visuales. Por aquel entonces estábamos negociando el Presupuesto del Estado para 2006 y se trataba de explorar la posibilidad de incorporar a las cuentas públicas alguna partida destinada a financiar dicho proyecto. Eran los tiempos en los que, la alcaldesa socialista, Mari Jose Fernández, gobernaba en coalición con las fuerzas que le habían aupado a la primera magistratura municipal en detrimento de la candidatura de UPN, que ganó los comicios, pero sin alcanzar la mayoría absoluta. Como recordarán los más veteranos, aquella operación se llevó a cabo en varios municipios de Navarra, provocando la irritada reacción del universo conservador, foral y español, y sus poderosos medios afines.

En la entrada de "CTEL Printed Intelligence" junto a Pedro Azpiazu, Ricardo Gomez de Segura y José Angel Agirrebengoa, presidente del NBB

Ese mismo día llamé a Ricardo y, al otro lado de la línea telefónica, descubrí a un hombre inquieto y avispado, verdaderamente apasionado con la idea de promover el desarrollo de la tierra de Estella sobre la base de una herramienta tecnológica que aunase el pasado con el futuro. “Lizarra -me dijo- siempre ha sido una referencia en el campos de las artes gráficas. Y hora que la apuesta inversora del Gobierno de UPN se centra, exclusivamente, en la cuenca de Irunea y en la zona de la Ribera, deberíamos contribuir a reequilibrar el territorio, comprometiéndonos con el desarrollo de la comarca estellesa, que los navarristas han marginado y olvidado. Tenemos, para ello, un gran proyecto, que hará que la tradicional vinculación de Estella al mundo de la impresión, se transforme en el impulso tecnológico que necesita la merindad para asegurarse la prosperidad del futuro”.

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El pasado jueves votamos en el Pleno del Congreso la convalidación -0, en su caso, derogación, por supuesto- del primer Real Decreto-Ley que el Gobierno ha aprobado este año. Se trata del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, sobre medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas; una norma más bien breve -integrada por cuatro artículos, cuatro disposiciones adicionales y otras cuatro disposiciones finales- en la que se condensa lo que el Ejecutivo ha bautizado, un tanto generosamente, como Plan de Choque contra el desempleo de personas jóvenes y de difícil empleabilidad.

El Real Decreto-Ley ha logrado salvar holgadamente la prueba de la convalidación. Lo hizo con 169 votos a favor, 6 en contra y 148 abstenciones. Votaron a favor, los diputados socialistas, los de CiU y los de Coalición Canaria. Los votos negativos corrieron a cargo, básicamente, de ERC y BNG. todos los demás nos sumamos a la abstención. En nuestro caso, lo hicimos porque  las medidas contempladas en el Real Decreto-Ley contribuirán a paliar el drama del paro en un colectivo de personas que está atravesando un auténtico infierno -lo que nos ha llevado a descartar la oposición frontal- aunque -y ahora cita las razones que nos impidieron votar que sí- ni pasan de constituir un parche aislado y fragmentario, ni están bien fundamentadas desde el punto de vista competencial.

Casi todos los titulares de la prensa del viernes han destacado el apoyo prestado por CiU al Real Decreto-Ley como la circunstancia determinante que ha hecho posible su convalidación. Sin embargo, esta lectura de lo ocurrido no es rigurosamente cierta. No es falsa, evidentemente, pero tampoco describe honestamente toda la verdad. Porque si CiU hubiese votado negativamente, la convalidación se hubiese producido exactamente igual, merced a la abstención del PP. Y los titulares hubiesen sido muy diferentes: «La abstención del PP hace posible la convalidación del Real Decreto-Ley», por ejemplo. 

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Aste honetako eguastenean, jakina denez, hogeita hamar urte betetzen ziren otsailaren 23ko iztiluak gertatu zirenetik. Gaur arte, nik dakidan neurrian behinik behin, ez da egun hori ofizialki gogoan hartu. Aurten, ordea, hogeita hamar urte zirela eta, hogeitamar urte ez direla nolanahiko epea eta, zerbait egitea komeniko litzatekeela eta… Bono presidenteak Kongresuan ekitaldi bat antolatzea erabaki du. Ez da gauza erraza otsailaren 23koa bezalako gertakizunak gogora ekartzea, ez baitira ospatzeko modukoak. Ezbeharrari aurre egin zitzaiola ospatzeko ere.., ez dirudi gauzak argiegi daudenik eta historia ofizialaren arabera egun haretan demokraziaren defendatzaileak izan zirela esaten digutenak ere ez du ematen, benetan, paper hori bete zutenik.

Plaza de Santana-ko Miau izeneko jatetxean, Manu sukaldariarekin

Baina tira… kontua da Bono-k antolatu egin duela ekitaldia eta egun latz hura Kongresuan bizi zuten diputatu guztiak gonbidatu dituela ekitaldira. Oraindik bizirik irauten dutenak, noski, ez baitira hogeita hamar urte alferrik iragan. Hori jakin dugunean, Euskal Talde Parlamentarioan, legealdi haretan talde bardinean jardun zuten diputatuei deitzea erabaki genuen, ekitaldira etortzekoak baziren -ez baziren ez, noski- elkarrekin bazkaldu eta berriketan aritzeko. Erronda egin eta gero, Marcos Bizkaia, Andoni Monforte eta Joseba Azkarraga-k agertu ziguten etortzeko asmoa.

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Ihaz, 2010. urtean, Zapatero izan zen gonbidatu nagusia, urtean-urtean, Washington-eko Hilton hotelean ospatu ohi den National Prayer Breakfast izeneko ekitaldian. Aipamen bereziarekin parte hartu zuen Estatu espainiarreko lehen ministroak. Urte horretan, bera izan baitzen jaiaren izar nagusia. Hori dela eta Espainiako komunikabideek informazio ugari eman zuten ekitaldiari buruz. Hogeita hamar kazetaritik gora bidali zuten hedabide espainiarrek, kamara eta kronisten artean, Gosariaren inguruko informazioa jso eta bialdu zezaten.

Abraham Licoln presidentea gogoratzeko eraikitako memorialean

Zapaterok otoitz-egileen aurrean esandako hitzek ere zeresan ugari eman zuten Espainiako iritizi-sortzaile eta tertulianoen artean. Ganorabako diskurtsoa bota zuela, Ebanjelioko esaldi desegokiak aukeratu zituela, sinemenik ez duen pertsona batek ezin zezakeela aipatua bezalako ekitaldi batean parte hartu, hau dela eta hori dela, hamaikatxo gogoeta eta iruzkin egin zen, han eta hemen, Hilton hoteleko saioa komentatuz. Nik neuk ere, pare bat post idatzi nuen gaiari buruz blog honetan (ikus, adibidez, «En Washington DC»; «Un colosal mercado de contactos» eta «El Desayuno: desarrollo y alcalce político», blog honetan, 2010ko otsailean zehar argitaratutako sarrerak)

Aurten ere, traidizioari jarraituz, otoitz-egileen gosaria izan da Estatu Batuetako hiriburuan. National Prayer Breakfast izenburuko ekitaldiaren 59. saioa, hain zuzen ere. Baina aurten ez da Zapatero han izan. Ez gonbidatu berezi gisa, ezta gonbidatu arrunta bezala ere. Madril-eko komunikabideek, haatik, ez dute lerro labur bat ere idatzi, aipatutako ekitaldiari buruz. Tutik ere ez. Espainian gertatzen ez dena edota Espainiarekin zerikusi zuzenik ez daukana, ez da munduan existitzen. Horrela pentsatzen du batek baino gehiagok eta horren arabera jokatzen duela ematen du bere burua informatzaile zintzo eta leialtzat eduki arren. Espainia munduaren bihotza izango balitz bezala. Espainia gauza guztien neurria izango balitz bezala. Urte batean edonor aspertzeko beste idatzi zen, eta hurrengoan ixiltasunik ixilena gauzatu da ekitaldiaren inguruan. Zapatero-k bertan izan duen protagonismoaren arabera, jakina. Hori bai irizpidea!

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El pasado 22 de diciembre inserté un post en el que advertía de que, el fracaso que la conocida como Ley Sinde había cosechado en el Congreso de los Diputados, no significaba que su espectro hubiese desaparecido para siempre del espacio público. Se ha librado una batalla -anunciaba entonces- pero la guerra no se puede dar por terminada. Y enriquecía mi observación con una pista: «Durante la tarde de ayer, el Gobierno estuvo negociando hasta última hora con CiU y con el PP su posible apoyo a la Ley Sinde. No hubo acuerdo pero, según me han dicho, el entendimiento no era imposible. Las posiciones de unos y otros llegaron a acercarse bastante» (ver el post titulado «La Ley Sinde; la guerra no ha terminado», publicado en este blog el 22.12.10).

Como ven, mis vaticinios no estaban desencaminados. Ni en los protagonistas, ni en los acontecimientos que anunciaba como previsibles. Ayer se hizo público un acuerdo entre el PSOE y el PP en el Senado, al que a última hora se ha incorporado el Grupo Parlamentario de CiU. Un acuerdo que, con ligeros retoques, recupera la Ley Sinde para el texto de la Ley de Economía Sostenible. Según dicen, los retoques introducidos en la Ley, consisten -tal y como señalé en el post del 22 de diciembre- en reforzar las gerantías judiciales en la intervención de los sitios web que vulneren derechos de Propiedad Intelectual y en la supresión del canon digital con arreglo a un calendario pactado.

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