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Posts Tagged ‘Congreso de los Diputados’

En el arranque de esta legislatura, hace ya cuatro meses, apunté la más que factible posibilidad de que la mayoría absoluta alcanzada por el PP en los últimos comicios, acabara convirtiendo el hemiciclo en un espacio plúmbeo preñado de discursos de gran densidad ideológica, más concebidos para dejar constancia en el diario de sesiones de que se han defendido determinadas causas sin ceder un ápice en la ortodoxia, que para convencer al oponente o procurar aproximarse a él desde la voluntad de cerrar acuerdos constructivos (Cfr. «¿Legislatura plúmbea?» , publicado en este blog el 8.02.12). Me temo que el paso del tiempo está confirmando mi impresión inicial. Semana tras semana nos encontramos ante sesiones plenarias en las que todo -desde el tenor de las intervenciones, hasta el resultado de la votación- es perfectablemente previsible. Pero en aquella entrada se me olvidó a puntar que, junto a la progresiva densificación doctrinal de unos discursos puramente declarativos, pensados para el diario de sesiones, iba a producirse, también, otro fenómeno típico de los parlamentos constituídos sobre la base de una mayoría absoluta: la proliferación de gestos simbólico-mediáticos, diseñados para suministrar alimento gráfico a las portadas de los periódicos: los diputados visten camisetas reivindicativas, exhiben pancartas, pegatinas o chapas, despliegan bandera o muestran objetos emblemáticos que guardan relación con las causas que defienden. Se trata de una práctica complementaria de la anterior. Con los discursos sobrecargados de ortodoxia ideológica se justifica la estrategia parlamentaria a largo plazo. Con los flashes simbólico-mediáticos se da respuesta a los requerimientos comunicativos del día a día.

El portavoz de ERC, Alfred Bosch, en el momento en el que protagoniza el gesto simbólico-mediático de exhibir la senyera estelada desde la tribuna del Congreso

Ambas técnicas son habituales entre los grupos parlamentarios que se mueven en la oposición. Pero en la sesión de ayer nos encontramos con un episodio chocante, porque el propósito meramente declarativo y simbólico-mediático vino de la mano de una iniciativa del Partido Popular. No del Gobierno, ni del Grupo Parlamentario popular, pero sí del Partido Popular, que es la formación política que en este momento tiene en su mano la responsabilidad de gobernar.

Hace ya seis años, en un partido de fútbol que enfrentó al Barça con el Osasuna en el Campo Nou, se desplegó una enorme pancarta que reivindicaba la unidad de los Països Catalans. El acontecimiento, ampliamente difundido por los medios de comunicación, irritó sobremanera al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia, cuya presidencia, recaía, a la sazón, en la persona de Francisco Camps. El conseller de Cultura, Educación y Deporte era, en aquél momento, Esteban González Pons, que expresó públicamente la protesta del Ejecutivo valenciano y anunció su intención de promover una reforma de Ley de Deporte del Estado con el fin de evitar que ese tipo de actos pudieran repetirse en el futuro. El Gobierno de Navarra no reaccionó. Sin embargo, no dejaba de encerrar un cierto sentido político, el hecho de que la reivindicación de los Països Catalans se hiciera, precisamente, en un encuentro del Barça con el Osasuna; el principal equipo de fútbol navarro, cuyo nombre, dicho sea de paso -Osasuna, en euskera, significa salud- está expresado en la lingua navarrorum, que no es otra que la lengua vasca. Proyectado hacia el escenario vasco, aquél canto a la unidad de los Països Catalans tenía su correlato en la unidad del país de los vascos o del país de la lengua vasca.

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En el Pleno de esta tarde se ha aprobado, con el apoyo de una amplia mayoría de la cámara,  una iniciativa de CiU que tiene por objeto poner coto a los inmorales abusos que se han prodigado en el sistema financiero español, en aquellos casos en los que, administradores, cargos directivos y consejeros de entidades financieras que han llevado a estas a la ruina, se han beneficiado de retribuciones, indemnizaciones u otro de tipo de compensaciones económicas millonarias.

Durante los últimos ocho años, el Gobierno socialista no dio un solo paso para cortar de raíz estas prácticas. Antes al contrario, el Ejecutivo de Zapatero instituyó un fondo público -el FROB- que tenía por objeto  financiar los procesos de reestructuración del sistema financiero que requiriesen un esfuerzo de capitalización y no tuvo a bien -no sé si porque no quiso o porque no se atrevió- condicionar la concesión de ayudas con cargo a ese fondo, al previo establecimento de límites a las escandalosas retribuciones que percibían los directivos de las entidades beneficiarias y a las no menos escandalosas indemnizaciones que algunos de ellos tenían derecho a ingresar en el momento en el que pusieran fin a su deplorable gestión.

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Hace unas semanas inserté en este blog una entrada en la que llamaba la atención sobre la existencia de diferentes maneras de oponerse al Presupuesto General del Estado. No es lo mismo -observaba allí- oponerse a las cuentas públicas de Rajoy porque se predica, de raíz, la insumisión a la senda de déficit marcada por la UE (1), que hacerlo porque, asumiendo ese marco,  no se comparte el reparto territorial de las cargas (2) o se discrepa del modo en el que el presupuesto aplica los recortes entre los diferentes ámbitos de actuación de los poderes públicos (3). La opción por una u otra vía queda reflejada, sobre todo, en las enmiendas parciales que son las que, más allá del genérico discurso que se formula en la enmienda a la totalidad, precisan, con mayor detalle, los perfiles de la propuesta alternativa que cada grupo parlamentario postula para las cuentas públicas.

Durante el debate del proyecto en el Congreso hemos visto de todo. Hay grupos que, simple y llanamente, no han presentado enmiendas parciales. Es el caso de Amaiur. Es más fácil ocultarse tras una dialéctica grandilocuente que mojarse con propuestas concretas que le retraten a uno. Otros grupos no han tenido reparo alguno en formular enmiendas con cargo al déficit. Son los que, lo reconozcan o no, se sitúan objetivamente al margen de la UE. Aceptar sus enmiendas, significaría, hoy y aquí, ponerse frente a la UE, incumpliendo la senda de déficit pactada en su seno.

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La cortina de humo es el título que recibe la versión en castellano -el original, en inglés, se rotula Wag the dot– de una película de producción americana rodada en 1997 bajo la dirección de Barry Levinson. El reparto de la obra incluye afamados actores de la industria cinematográfica de Hollywood como Dustin Hoffman y Robert De Niro. Y su guión narra la historia de un presidente de los EEUU que se inventa una guerra en Albania con el propósito de ocultar un pequeño affaire que puede mancillar su buen nombre; una auténtica cortina de humo que, con un esmerado apoyo mediático y un conjunto de escenas bien diseñadas, le permiten desviar la atención de los ciudadanos y eclipsar lo que la opinión pública no debe conocer.

La de la cortina de humo constituye una técnica bien conocida en el mundo de la política, que practican, con relativa frecuencia, los partidos, formaciones, líderes y personalidades que cuentan con poder suficiente como para atraer, desviar o proyectar hacia terceros la atención de los medios de comunicación. La presidenta de la Comunidad de Madrid la utilizó con especial maestría la semana pasada, con el fin ocultar, tras la polémica que suscitaron sus palabras en torno a la pitada del Vicente Calderón, el escándalo que generó, unos días antes,  el descubrimiento de que sus cifras de déficit, orgullosamente vendidas como las de una alumna aventajada, no eran más que una patraña. Centrar los focos en la final de la copa le resultó útil para que nadie se acordase de su falseada y manifiestamente mejorable gestión financiera.

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Hace ya algún tiempo que Patxi López se encuentra de campaña electoral. Una campaña -huelga decirlo- generosamente «autofinanciada» con el dinero de todos los vascos. Desde el momento en el que decidió que el apoyo del PP -sin el que nunca hubiese llegado a Ajuria Enea- le resulta más un lastre que una ayuda, no ha abandonado por un solo minuto la pose electoral. Y eso, claro está, le obliga a  zaherir, día sí y día también, a los mismos que hace tres años le auparon al sillón de la presidencia, con una puesta en escena preñada de besos, abrazos, toques de clarín, redobles de tambor y ondear de enseñas rojigualdas. Como dice el refrán, de bien nacidos es ser agradecidos. Y Patxi López, hijo de sindicalista de la margen izquierda, jamás olvidará el favor que le hicieron los chicos de Neguri. 

Entre los cientos de actos de tufo electoralista que colman su agenda, Patxi López optó hace unos días por enviar una carta pública a Rajoy, en la que hacía votos por el mantenimiento del sector naval. Según difundieron las agencias -que, como suele ser habitual entre los socialistas vascos, tuvieron conocimiento del contenido de la carta antes de que esta fuera leída por el propio Rajoy- López pedía en la misiva «la habilitación urgente» de un régimen de tax lease que tenga la consideración de «no ayuda» y se comunique como tal a la Comisión Europea.  Al leer la noticia, cualquiera que desconociese los antecedentes podía haber pensado que se trata de un problema de nuevo cuño al que el mandatario vasco -que todo se lo debe al mismo PP que ahora refuta- presta diligente y cuidadosa atención tan pronto como tiene conocimiento de su existencia. Nada, sin embargo, más lejos de la realidad. Como ya hice notar en un post anterior ( Cfr. «Sobre el futuro de nuestros astilleros«, publicado en este blog el 21.02.12) esta cuestión que, al parecer, ha pasado a formar parte de la agenda preelectoral de Patxi López, se planteó hace aproximadamente un año, cuando la Comisión Europea acordó iniciar un expediente de investigación en torno al sistema de tax lease vigente en el Estado español. Pero en aquel momento, el Gobierno central estaba en manos de Zapatero. Y no era cuestión -claro está- de que Patxi López se dedicase a meter el dedo en el ojo a su secretario general. ¿O es que alguien se creyó aquello de que defendería Euskadi aunque ello le llevase a enfrentarse con su propio partido? El presidente gallego, Núñez Feijoo, ya se hizo cargo del asunto. Y el Grupo Parlamentario vasco presentó, también, por boca del diputado Pedro Azpiazu, una interpelación sobre el asunto que fue respondida por la entonces vicepresidenta Elena Salgado. El tema, como se ve, estuvo presente en la agenda política de todos los que quisieron preocuparse por él. Pero Patxi López no mostró el más mínimo interés. Es lógico. No había decidido aún dar inicio a su campaña.

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Hoy hemos dado fin a la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012. Mañana, sin más demora, se remitirá su texto a la cámara alta, para que los senadores evacúen el trámite a uña de caballo. El paso del proyecto por el Congreso ha sido una marcha militar. Son las cosas de la mayoría absoluta. De las más de tres mil enmiendas parciales que los diferentes grupos registraron en tiempo y forma, la Comisión de Hacienda sólo aceptó tres. Dos anecdóticas y una simbólica. La simbólica, por cierto, tiene por objeto respaldar financieramente la lectura complaciente que el navarrerismo de UPN hace de la conquista del Viejo Reino por parte de Castilla.

En el Pleno, la actitud del grupo mayoritario ha sido un poco menos generosa. Desde el lunes hasta hoy hemos llevado a cabo más de quinientas votaciones -algunas enmiendas se votan conjuntamente- pero el Grupo Parlamentario popular no se ha desmarcado un ápice de su guión original. Ha votado que no a todas las enmiendas y ha votado que sí a todos los dictámenes. La experiencia ha suministrado abundante material para alimentar el -ya de por sí bastante rico- anecdotario del Congreso.

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No creo exagerar si afirmo que fui uno de los primeros que desarrolló de un modo ordenado y sistemático la argumentación tendente a defender, desde el ordenamiento jurídico español, la posibilidad de que las selecciones deportivas autonómicas puedan integrarse directamente en las estructuras deportivas supranacionales y participar, sin límite alguno, en las competiciones internacionales de carácter oficial.

Fotografía obtenida en la puerta del Congreso el 18 septiembre de 2007, tras el debate mantenido en el Pleno en torno al reconocimiento de las selecciones nacionales catalana, gallega y vasca. En ella se ve a diputados de varias formaciones nacionalistas

Fotografía obtenida en la puerta del Congreso el 18 septiembre de 2007, tras el debate mantenido en el Pleno en torno al reconocimiento de las selecciones nacionales catalana, gallega y vasca. En ella se ve a diputados de varias formaciones nacionalistas

El hecho tiene una explicación fácilmente comprensible. Mi primera experiencia profesional -bueno, en realidad, la segunda- tuvo lugar en la asesoría jurídica del Departamento de Cultura del Gobierno vasco y esa plataforma institucional me permitió profundizar en las espacialísimas singularidades del derecho del Deporte, entonces, aún, más desconocidas que ahora, y prestar atención al ordenamiento autonómico en su específica proyección sobre el hecho deportivo.

Por lo que a este último punto se refiere, pronto me dí cuenta de que, tras la aprobación del bloque de la constitucionalidad -básicamente la Carta Magna y los Estatutos de Autonomía- la intervención pública del Estado en el ámbito del deporte se llevaba a cabo sin base competencial ad hoc. Se trataba de una intervención fáctica, sin título competencial habilitante que, aunque nadie ponía en cuestión -debido, entre otras cosas, a la fuerza de la inercia- carecía de legitimidad jurídica directa. Pensé que aquella curiosa circunstancia, en la que nadie parecía reparar, había de ser puesta de manifiesto y sometida a contraste público. Y pensé también que, quien se aprestase a hacerlo, contribuiría a enriquecer la argumentación de quienes reivindicaban el pleno reconocimiento de las selecciones nacionales vascas, apelando exclusivamente a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y a un genérico e impreciso derecho de las federaciones deportivas vascas a participar en todo tipo estructuras y encuentros deportivos internacionales. Estaba convencido de que, a la razón política que, ya entonces, venía dando sustento a la reclamación de las selecciones deportivas autonómicas, podía añadírsele una más que sólida razón jurídica. Y me lancé a la tarea.

Mis reflexiones las expresé por escrito hace ya veinte años. O mucho me equivoco, o ESAIT no había nacido aún. Y las publiqué en la Revista Vasca de Administración Pública (RVAP) núm. 36, correspondiente al segundo cuatrimestre de 1993. El trabajo, escrito en euskera, llevaba por título “Autonomi-elkarteen eskuduntza esklusibo desitxuratu bat; kirolarena”.

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El pasado viernes dí una charla sobre temas de actualidad política en un batzoki de Bizkaia. Afuera llovía a cántaros -el mes de abril ha hecho justicia al refrán que pronostica «aguas mil»- pero en el interior del local se percibía el calor propio de una organización viva y pujante. Cuando concluí mi intervención, el presidente de la organización municipal abrió un coloquio en el que se me formularon muchas preguntas. La actualidad está henchida de noticias inquietantes que suscitan interés y preocupación. El toma y daca estuvo interesante. Todos hablamos con claridad y franqueza.

Al término del acto, un joven que había planteado varias cuestiones durante el coloquio, me retiró aparte y me preguntó cómo podía acceder a las enmiendas planteadas por Amaiur contra las principales iniciativas legislativas del Gobierno de Rajoy. Según me dijo, está elaborando un estudio politológico sobre la labor institucional de una formación política que ha hecho -y sigue haciendo- mucha política alternativa e incluso abiertamente anti-institucional. Por supuento que me presté a ayudarle. «¿Qué enmiendas son las que interesan?», le pregunté. «Para empezar -me respondió- las que han presentado contra las tres leyes que estos días acaparan los titulares de prensa: la de Estabilidad Presupuestaria, la reforma laboral y la de Presupuestos para 2012. Si no te importa -añadió- ya te iré pidiendo más material en el futuro». Quedamos en que haría la búsqueda y le remitiría los materiales que le interesaban tan pronto como diese con ellos.

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En el Pleno de hoy se han debatido las enmiendas a la totalidad registradas en la cámara contra el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012. Han sumado un total de diez. Las enmiendas a la totalidad, quiero decir. Diez. Se trata de un número francamente elevado. Nunca antes, en mi vida parlamentaria, había visto una oposición tan generalizada a las cuentas públicas del Gobierno. Excepto el diputado del Foro Asturias y el de UPN, que han salido en defensa de la política económica del PP, todos los grupos del hemiciclo nos hemos enfrentado a la propuesta gubernamental.

La primera en registrarse fue la enmienda del PNV. La última la presentó Amaiur, justo el día en el que se cerraba el plazo. Todas solicitan la devolución del proyecto al Gobierno, pero es evidente que no todas obedecen a las mismas razones. Antes al contrario, la argumentación que les da sustento es de lo más variada. Un auténtico potpourri. Se les achacan a los presupuestos elaborador por el Gobierno cosas tan diferentes como que discrimina a los Països Catalans en el capítulo de las inversiones -ERC denuncia que «aunque los Paísos Catalans tienen el 29,03% de la población, las inversiones reales del Estado representan tan sólo un 9,86%»-, que perjudica a la Administración General del Estado en el capítulo de los recortes -UPyD se queja de que mientras se desmantela el aparato administrativo estatal «se mantienen intactas las 166 oficinas de representación internacional de las CCAA (que superan en número a las 118 embajadas de España)»- o que no favorecen, como denuncia Amaiur, «un nuevo modelo socieconómico que nos permita construir una sociedad justa, basada en la sostenibilidad de la vida a través de la igualdad de derechos sociales y, en general, de todos los derechos de mujeres y hombres, en el reparto del trabajo, del poder y de la riqueza en armonía con la madre tierra».

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Esta semana hemos sabido que el diputado de Amaiur, Iñaki Antigüedad, abandona definitivamente el Congreso de los diputados para dedicarse a la Universidad. La Comisión del Estatuto del Diputado había dictaminado días antes que no podía compatibilizar la condición de miembro electo de la cámara baja con el ejercicio de la función pública docente en la Universidad del País Vasco. Estaba, por tanto, obligado a optar, según establece el artículo 19-3º del Reglamento del Congreso, entre «entre el escaño y el cargo incompatible». Y ha optado por el cargo incompatible, aunque dejando claro que no por ello dejará la política activa.

Es una pena. Antigüedad es inteligente, rápido y ocurrente. Reúne, sin duda, cualidades personales como para ser un buen parlamentario. Así lo atestiguan, por otra parte, quienes le han visto desempeñar funciones representativas en las Juntas Generales de Bizkaia y en el Parlamento vasco. Pero nada puede reprochársele por haber preferido seguir dedicándose a la academia. Se trata de una decisión legítima, que es preciso respetar. La vocación profesional, como la política, es algo que pertenece a la esfera más personal e íntima del ser humano. Si ha optado por quedarse en la Universidad, tiene pleno derecho a hacerlo.

Sin embargo, no puedo compartir el halo victimista con el que la izquierda abertzale ha rodeado la decisión. Al comunicar a la opinión pública las razones de su despedida, Antigüedad y sus compañeros de coalición han dejado entrever que su renuncia al escaño ha sido provocada por una lectura restrictiva del Reglamento de la cámara, concebida por el PP con el específico y malévolo designio de castigar a Amaiur. Pero creo, sinceramente, que no hay base objetiva para hacer una denuncia así.

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