Blog de Josu Erkoreka

La semana pasada aproveché la sesión de control para preguntar a Rajoy sobre las gestiones que está llevando a cabo el Gobierno que preside, con el fin de procurar la inmediata puesta en marcha de un nuevo sistema de arrendamiento fiscal que, una vez autorizado por la Comisión Europea, ponga fin a la parálisis que ha impuesto en el sector naval, el procedimiento de investigación formal que la UE acordó iniciar en junio del año pasado, imponiendo la suspensión del tax lease vigente hasta entonces en el Estado español. Nuestra preocupación por el asunto no es nueva. En julio de 2011, cuando se manifestó el problema, ya presentamos una interpelación sobre el mismo tema, que defendió con rigor y seriedad nuestro portavoz económico Pedro Azpiazu.

Esta tarde hemos debatido una Proposición No de Ley del BNG que apunta en la misma dirección. Aunque -todo sea dicho- la iniciativa de los nacionalistas gallegos pone especial énfasis en la defensa de los astilleros de Navantia situados en la ría de Ferrol. No se puede decir que se centre exclusivamente en ellos pero, como cabe suponer, les presta especial atención.

Dicho sintéticamente, el conocido como sistema de arrendamiento fiscal, o tax lease,  está constituido por un conjunto de previsiones tributarias, mayoritariamente relacionadas con el Impuesto de Sociedades, que hacen posible que la construcción naval europea pueda hacer frente a la, por lo demás, irresistible competencia asiática. Todos los países de la UE en los que la industria naval tiene algún peso -como Francia, Holanda o Dinamarca-cuentan con un sistema de estas características. Sin su existencia, hace tiempo ya que la construcción de buques sería una actividad exclusivamente localizada en Asia: en Corea y, sobre todo, en China.

Los astilleros del Ferrol no han abandonado del todo su carácter público. Cuentan, por ello, con márgenes de negocio -como el de la construcción de buques para la Armada- que están vedadas para los astilleros privados. Así se explica el hecho de que parte de iniciativa del BNG se dedique emplazar a la SEPI a la adopción de medidas de apoyo a los astilleros públicos de la ría del Ferrol.

Por el contrario, los astilleros vascos, todos rigurosamente privados, están a expensas del mercado. Su supervivencia depende, por tanto, de su competitividad. Y su competitividad depende, por supuesto, de su buen hacer -de su capacidad tecnológica e innovadora- pero depende, también, al menos en parte, de la posibilidad de acogerse a un sistema de arrendamiento fiscal que palíe las desventajosa situación en la que se ven obligados a trabajar en un mercado que es global.

No es un problema exclusivamente peninsular. El peso de Europa en la producción mundial de buques ha descendido en los últimos 25 años hasta límites ínfimos. Ha pasado de representar el 25% del total a constituir un exiguo 5%. Y dentro de Europa, los astilleros del Estado español tan sólo producen el 11%. Un porcentaje que puede desplomarse hasta el suelo si la suspensión -acordada por la UE- del sistema de arrendamiento fiscal vigente hasta ahora, se mantiene durante unos meses más. Desde que se produjo la suspensión del tax lease que ha estado en vigor durante los últimos años, la cartera de pedidos de los astilleros vascos se ha congelado. Y sus plantillas se encuentran sin trabajo. Un meses más en esa situación, resultarían fatales para su supervivencia. Y conviene tener en cuenta que, en Euskadi, el sector naval da trabajo directo a unas 7.000 personas e indirecto a otras 10.000. Se trata de cifras aproximadas que se refieren al momento anterior al inicio de la crisis. Y ya no hablo de Galicia, Andalucía y Levante.

El debate ha sido tan curioso como previsible. La Izquierda Plural ha avalado la iniciativa, abundando en los apoyos públicos. Los de Rosa Díez han dicho que el problema de los astilleros no se puede trocear por CCAA, aunque en realidad nadie lo había hecho. El caso es revolver. El PP ha aprovechado la ocasión para espetar al BNG que ellos se preocupan como el que más de los astilleros de Galicia, pero ha presentado una enmienda que echaba abundante agua al vino de la propuesta inicial. Y el PSOE para hacer notar que también ellos cuentan en sus filas con gallegos inquietos por el asunto. Los catalanes, en fin, se han abstenido. Como en Catalunya no hay astilleros, no se sienten concernidos por la cuestión. ¿Y Amaiur? ¿Qué han hecho los diputados de Amaiur? Sencillamente, no han votado. Algunos de ellos -no todos- estaban sentados en sus escaños, pero ni siquiera se han molestado en pulsar el botón que activa el voto electrónico. Ellos no pueden decir que la crisis que atraviesa el sector naval no les afecte, porque en Euskadi hay -todavía hay-  astilleros, de cuya viabilidad depende el mantenimiento de varios miles de puestos de trabajo. ¿Por qué no votaron, entonces, una iniciativa que apostaba claramente por afianzar el futuro de esos astilleros? Vaya usted a saber. Probablemente, porque ellos no se manchan las manos con tamañas menudeces. Ellos se mueven en la estratosfera política. Lo suyo es el conflicto, y solo el conflicto. De ahí no bajan. Eso sí, como falle la expectativa de obtener, cuanto antes, la autorización de la Comisión Europea para un nuevo sistema de arrendamiento fiscal que de cobertura a los astilleros vascos y estos tengan que cerrar, serán los primeros en ocupar la calle para levantar la bandera de la protesta.

El resultado global de la votación ha sido el previsible. Como el BNG no ha aceptado la enmienda de los populares, su iniciativa ha concitado el apoyo de 130 diputados, el rechazo de 180 y la abstención de 17. Espero que el resultado de la votación no lastre, ni ralentice, las gestiones que el Gobierno ha de llevar a cabo ante la UE para la implementación del -nuevo- sistema de arrendamiento fiscal que urge a nuestros astilleros.