No es la primera vez que escribo en este blog sobre el ambigüo -o, cuando menos, enrevesado- criterio que guía a los diputados de Amaiur a la hora definir el alcance y contenido de su participación en las cámaras legislativas que, según el artículo 66 de la Constitución, «representan al pueblo español». Ya lo hice antes de ahora en, cuando menos, dos entradas que llevaban por título «Sopas sin sorber, no puede ser» y «Criterio inextricable«. En este último, cuyo enunciado resulta particularmente elocuente, me confesaba incapaz de comprender el sentido de su participación, que acostumbra a distinguir, sin objetividad aparente, entre supuestos idénticos y a equiparar sin justificación explicable, supuestos claramente distintos.
Hoy vuelvo sobre el asunto, al hilo de una moción que el diputado Sabino Cuadra sometió ayer a debate y votación en el Congreso de los diputados. La moción traía causa de una interpelación que el mismo diputado formuló hace unas semanas en el pleno de la cámara, sobre «la necesidad de abordar una política que impulse decididamente el reparto de las riquezas y rentas existentes en nuestra sociedad». Se trataba de una iniciativa divida en seis puntos, en los que se instaba al Gobierno -al Gobierno central, evidentemente- a adoptar otras tantas medidas de carácter laboral, social y fiscal con las que se supone que se activa el decidido impulso del «reparto de riquezas y rentas» que el diputado planteaba en la interpelación.