Blog de Josu Erkoreka

La sentencia que esta semana ha dictado el Tribunal Constitucional declarando la plena legitimidad jurídica del matrimonio entre personas del mismo sexto, apenas ha encontrado contestación por parte de la sociedad. Y las pocas voces que se han elevado en contra, nos han sonado a muchos como lejanas, testimoniales y un tanto arcaicas. Se conoce que las más de 22.000 bodas homosexuales que se han celebrado desde que entró en vigor de la ley que las hacía posibles, han contribuido a crear una conciencia social, en la que los ciudadanos -o, cuando menos, una gran parte de los mismos- contemplan este tipo de enlaces como algo normal y perfectamente asumible, que no hay por qué suprimir.

Fotografía de Indalecio Ojanguren en la que se ve a varias mujeres vascas,votando por primera vez en el referéndum sobre el Estatuto vasco de 5 de noviembre de 1933

El hecho mismo de que la sentencia haya sido suscrita por una mayoría muy calificada del alto tribunal y de que el PP, que fue el que interpuso el recurso, haya preferido dejar las cosas como están, sin poner demasiado énfasis en reivindicar la impugnación que en su día promovió -González Pons ha llegado a desmarcarse de la misma, alegando que él no la firmó- ha ayudado, también, a que muchos hayan percibido el fallo como un esfuerzo encaminado a respaldar jurídicamente algo que se encuentra plenamente asumido ya por la gran mayoría de la sociedad: la necesidad de igualar todas las relaciones de familia, con independencia de la orientación sexual de las personas que componen la pareja.

Da la sensación de que, en menos de una década, el matrimonio homosexual ha dejado de constituir fuente de polémica para pasar a formar parte del paisaje social ordinario y normalizado en el que se desenvuelve nuestra vida cotidiana. Un fenómeno que sigue teniendo detractores, por supuesto, pero no más que cualquier otra institución de las muchas que vertebran el derecho de familia. No creo equivocarme, por ello, si afirmo que hoy serían más bien pocos los dispuestos a exigir la derogación de la norma que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, para regresar a la situación anterior a su entrada en vigor. Antes al contrario, la mayoría lo consideraría como un paso atrás, que reinstaura un motivo de discriminación de las personas homosexuales, que ya se consideraba superado. Por eso, entre otras cosas, no lo ha hecho el Gobierno de Rajoy.

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