La prensa vasca de hoy dedica un lugar preferente a informar sobre la decisión adoptada por el lehendakari en funciones para hacer efectiva la paga extra de navidad a los empleados públicos del Gobierno vasco. Su portavoz asegura que el acuerdo cuenta con el respaldo de sólidas razones jurídicas. Razones de tipo competencial y razones que han sido calificadas de «técnicas». No seré yo quien las niegue. Pero tampoco me resisto a aportar algún dato, que considero ilustrativo para situar la decisión en su contexto y acotar así su auténtico sentido.
En mayo de 2010, el Gobierno de Zapatero aprobó un Real Decreto-Ley -me refiero lógicamente al conocido como primer Decretazo- que reducía en un 5% la masa salarial de los empleados de todo el sector público. La norma, revestida de carácter básico, aspiraba a ser aplicada, también, a los empleados públicos vascos ¿La recurrió el Gobierno vasco? No. ¿Protestó por ella? Tampoco. ¿La aplicó? Escrupulosamente. Sin rechistar. Los empleados del sector público dependiente del Gobierno vasco vieron afectadas sus nóminas con la minoración salarial que Zapatero impuso en su primer Decretazo, sin que Patxi López pusiera reparo alguno o formulase la más mínima objeción.