No somos conscientes aún de la dimensión que puede alcanzar el impacto que el conjunto de las medidas previstas en el último decretazo del Gobierno -me refiero al Real Decreto-Ley 20/2012 del 13 de julio- va a producir en la sociedad, en la economía y en las instituciones. Como se trata de una norma que se refiere a ámbitos y sectores muy heterogéneos, cada colectivo afectado ha calibrado ya, aunque no sea más que aproximadamente, el efecto restrictivo que los recortes van a producir en el ámbito que le concierne. Sin embargo, apenas existe una visión de conjunto sobre el impacto que todas ellas -unidas- han de producir en nuestra vida cotidiana. El FMI ya ha hecho notar que sus previsiones de crecimiento negativo para el año 2013, van a empeorar como consecuencia de las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno de Rajoy. Pero más allá de ese efecto depresivo que van a producir sobre el conjunto de la economía -que se da por hecho-, está por precisar el alcance efectivo que van a revestir en el desenvolvimiento de las personas y en el funcionamiento de las instituciones.
Cada vez que se relee su texto -apretado en 90 interminables páginas, escritas con letra menuda de Boletín Oficial- se descubre un aspecto nuevo o una dimensión distinta, en los que no se había reparado en las recensione anteriores. Y si a ello añadimos las cuatro curiosas páginas de correcciones de errores que se publicaron cinco días después de la norma principal, se puede el lector hacer idea de las sorpresas que encierran las relecturas de su articulado.