Blog de Josu Erkoreka

A cada uno lo suyo y justicia para todos. Así reza el viejo aforismo de data romana. Anteayer llamaba la atención de los lectores sobre las primeras manifestaciones del rodillo parlamentario que inexorablemente acompaña a las mayorías absolutas (ver «Los primeros síntomas del rodillo«, publicado el 28.03.12). Y constataba que ya se está haciendo notar la pulsión arrolladora del PP. Hoy tengo que precisar en descargo de los populares que en el Pleno de convalidación -es decir, ayer mismo- su Grupo Parlamentario votó a favor de la tramitación de los reales decretos-leyes convalidados «como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia». Una posibilidad que deja abierta el artículo 86-3º de la Constitución y que permite que las disposiciones aprobadas como reales decretos-leyes al amparo de su «extraordinaria y urgente necesidad», puedan ser analizadas y debatidas por las dos cámaras -no sólo por el Congreso- con mayor profundidad y sosiego. Algo se ha ganado. Los reales decretos-leyes cuyo carácter extraordinario y urgente se pretende fundamentar en la necesidad de transponer sin demora unas directivas comunitarias cuya incorporación al Derecho interno se encuentra ya fuera de plazo, serán tramitados como proyectos de ley.

Se trata, sin duda, de una buena noticia. Un dato positivo que, de alguna manera, autoriza a suponer que, pese a hacer un uso desmesurado del real decreto-ley, la actitud de los populares no consiste -al menos por ahora- en arrinconar del todo el Parlamento. Merced a su tramitación como proyectos de ley, los electos de las Cortes Generales podremos enmendar el texto de los reales decretos-leyes convalidados ayer y debatirlo en Comisión y en Pleno. El rodillo no será tan contundente. 

Ahora bien, esta paleta de cal viene acompañada por otra de arena. En el Consejo de Ministros de hoy se han aprobado otros tres reales decretos-leyes. Si no quieres taza, taza  y media. En el post de anteayer alertaba sobre el riesgo de que, en caso de mantenerse la proporción de diez reales decretos-leyes al trimestre, pudiéramos concluir el año 2012 con un registro de cuarenta; algo que calificaba de disparate. Pues con arreglo a la nueva marca -trece reales decretos-leyes en el primer trimestre- la suma global, en proporción, ya no sería de cuarenta, sino de cincuenta y dos. Una aberración, vamos.

Pero aún hay más. Los socialistas han  hecho notar con sagacidad que el nombramiento del nuevo presidente del Consejo de Estado -que se publicó en el BOE el pasado sábado, 24 de marzo- se ha producido sin haber dado cumplimiento a la comparecencia previa que exige la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Carlos de la Administración General del Estado, cuyo artículo 2-1º establece taxativamente que:

«El Gobierno, con carácter previo al nombramiento del Presidente del Consejo de Estado, pondrá en conocimiento del Congreso de los Diputados en nombre de la persona propuesta para el cargo a fin de que pueda disponer su comparecencia ante la comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su Reglamento»

No creo que la cámara llegase a poner reparos al nombramiento de José Manuel Romay Beccaría para presidir el supremo órgano consultivo del Gobierno. Romay Beccaría es una persona venerable y ecuánime que, hasta donde yo conozco, siempre ha obrado con sabiduría y sentido común. Otra cosa es -eso ya no lo sé- si al ser nombrado para el cargo podría incurrir en algún conflicto de intereses. En cualquier caso, su comparecencia previa era obligada. El Gobierno no puede nombrarlo sin cumplir ese trámite. Y sin embargo, lo ha hecho. Me temo que es el rodillo. Primero se deja de prestar la atención debida a los procedimientos parlamentarios y después se prescinde de ellos conscientemente.