La lógica de la mayoría absoluta es inexorable. Antes o después, el Gobierno acaba imponiendo su ley y arrinconando el Parlamento. No falla. Así suele ocurrir en todas partes. Todavía recuerdo a aquél portavoz parlamentario popular que, en los tiempos de la mayoría absoluta de Aznar, se me disculpaba porque el subidrector general del Ministerio correspondiente no le permitía a aceptar una enmienda parlamentaria que a él, sin embargo, le parecía razonable y perfectamente asumible. Se trata de una imagen que refleja con gran plasticidad el síndrome del Parlamento eclipsado por un Ejecutivo hiperprotagonista. El rasgo más habitual de las mayorías absolutas. Lo que en la época de Felipe González se bautizó, gráficamente, como el rodillo.
Desde el Gobierno de Rajoy se nos repite hasta la saciedad que no están por la labor de aplicar el rodillo; que no conciben la tramitación parlamentaria de las leyes como un paseo militar. Pero conforme avanza la legislatura se empiezan a apreciar algunos de los síntomas más característicos del síndrome de la mayoría absoluta.
Uno de ellos es el recurso intensivo a los reales decretos-leyes, que es el instrumento mediante el cual, el Gobierno puede aprobar o modificar normas con rango de ley, sin más trámite parlamentario que el de la convalidación, que se sustancia en tan sólo dos horas ante el Pleno del Congreso de los diputados. Sin enmiendas ni debate en la comisión correspondiente.
Los reales decretos-leyes sólo se pueden dictar en casos de «extraordinaria y urgente necesidad». Así lo establece el artículo 86.1º de la Constitución. Pero los ejecutivos -huelga decirlo- tienden a considerar que cualquier pequeño apremio o premura constituye todo un caso de «extraordinaria y urgente necesidad». Lo que les permite legislar cuanto quieran sin apenas contar con el Congreso y, por supuesto, prescindiendo absolutamente del Senado que, sencillamente, no interviene en la convalidación de los reales decretos-leyes.
Aunque el Gobierno actual no ha llegado aún a cubrir sus primeros cien días, ha dictado ya once reales decretos-leyes. Algunos, dicho de sea de paso, en asuntos tan relevantes como el incremento del IRPF y la reforma laboral. Es una barbaridad, se mire por donde se mire. Algo que no tiene precedentes. Pero avancemos un poco más en el exámen de los datos.
Durante los tres meses que próximamente cumplirá el año 2012, este Gobierno contabiliza diez reales decretos-leyes. Diez en tres -todavía escasos- meses. Si se mantiene la proporción de este primer trimestre, el gabinete de Rajoy podría llegar a sumar hasta cuarenta, para cuando se complete el año. Un disparate. Si sirve como referencia, durante la segunda legislatura de Zapatero -que ya fue pródiga en el recurso al real decreto-ley- se aprobaron cuarenta y ocho. Si Rajoy persiste en la dinámica con la que ha iniciado 2012, podría registrar, en un sólo año, casi tantos reales decretos-leyes como Zapatero en una sola legislatura.
Pero hay un dato particularmente precupante, que no quisiera dejar de reseñar en este comentario. Desde el Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo, el Gobierno está intentando justificar la «extraordinaria y urgente necesidad» de las medidas que adopta -básicamente consistentes en la transposición de directivas de la UE- apelando al hecho de que se había agotado ya el plazo establecido para su incorporación al ordenamiento jurídico interno. En el citado Real Decreto-Ley, por ejemplo, la Exposición de Motivos argumenta que la necesidad de trasponer sin demora la Directiva 2008/52/CE, cuyo plazo de transposición finalizó el 21 de mayo de 2011, “justifica el recurso al real decreto-ley, como norma adecuada para efectuar esa necesaria adaptación de nuestro Derecho, con lo que se pone fin al retaso en el cumplimiento de esta obligación, con las consecuencias negativas que comporta para los ciudadanos y para el Estado por el riesgo de ser sancionado por las instituciones de la UE”
En los tres últimos reales decretos-leyes -el 8, el 9 el 10 de 2012- el Ejecutivo ha desarrollado un poco más esta argumentación, a través de un razonamiento que se repite textualmente en la Exposición de Motivos de todos ellos y que, o mucho me equivoco, o seguirá reproduciéndose en buena parte de los que se dictarán en los próximos meses.
El razonamiento descansa sobre dos puntos.
Por una parte se destaca la importancia que el Consejo Europeo atribuye a la transposición en plazo de directivas comunitarias, “especialmente las de mercado interior”. Y se apunta que la Comisión remite informes periódicos al Consejo de Competitividad, “a los que se les da un alto valor político, en cuanto que sirven para medir la eficacia y la credibilidad de los Estados miembros en la puesta en práctica del mercado interior”.
Por otra se insiste en que el estricto cumplimiento del plazo previsto en las directivas para su transposición resulta particularmente importante tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, porque la Comisión puede ahora pedir al Tribunal de Justicia de la UE “la imposición de importantes sanciones económicas de manera acelerada”.
Sobre esta base, se recuerda que en el pasado también se utilizó la técnica del real decreto-ley para transponer directivas cuya incorporación al ordenamiento jurídico interno requería una “inmediatez” que no podía “ser atendida por la vía del procedimiento legislativo de urgencia» -se cita, concretamente, el Real Decreto-Ley 8/2007, de 14 de septiembre, de la era Zapatero- y se pretende hallar cobertura en la sentencia del Tribunal Constitucional 1/2012, de 13 de enero, que admite la existencia de la “extraordinaria y urgente necesidad” que la Constitución exige a los reales decretos-leyes, cuando concurran “el patente retraso en la trasposición” y la existencia de “procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España”.
Me parece una dinámica muy peligrosa y lo digo sin ambages. Si se da por bueno, sin más, este razonamiento, el Gobierno podría acabar menoscabando seriamente la función legislativa del Parlamento. Le bastaría con retrasar consciente y programadamente la transposición de directivas, para justificar, in extremis, la necesidad incorporarlas al ordenamiento jurídico por la vía del real decreto-ley.
Por lo demás, no es tan evidente que la sentencia del Tribunal Constitucional en la que pretende ampararse el Gobierno, le habilite para recurrir al real decreto-ley cada vez que se encuentra ante la necesidad de transponer tardíamente una directiva. Es cierto que, en el caso al que se refiere la citada sentencia, el alto tribunal dio por bueno el recurso al real decreto-ley para incorporar al ordenamiento interno unas directivas cuya transposición acusaba un retraso patente: en un caso, la demora era de diecinueve meses y en la otra de doce años. Pero en ningún momento dice el Tribunal Constitucional que el retraso en la transposición de una directiva sea siempre, y en todo caso, una causa habilitante para hacer uso el real decreto-ley. Antes al contrario, sostiene con claridad que la ponderación de las circunstancias concurrentes ha de hacerse caso por caso. Y en el supuesto al que se refiere el fallo, fueron determinantes tres factores:
a) el elemento temporal (el patente retraso en la transposición de las directivas correspondientes)
b) el elemento causal (la existencia de dos procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España, cuya terminación mediante sendas sentencias que constataran el correspondiente incumplimiento se quería evitar a todo trance)
c) el elemento material, que hacía referencia a la importancia que revestía el hecho de que el contenido del real decreto-ley entrara en vigor cuanto antes.
La sentencia afirma que «de la incidencia conjunta de estos tres factores en el presente caso, es preciso concluir que concurre el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad requerido» por la Constitución.
Sin embargo, en los cuatro reales decretos-leyes que el Gobierno acaba de aprobar, alegando que transponen directivas cuya incorporación al ordenamiento jurídico no puede esperar más, si se quieren soslayar las sanciones de la UE, nos encontramos ante supuestos muy diferentes. Ni el retraso de la transposición es igualmente grave en todos ellos, ni la tardanza ha dado lugar a la apertura de procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España ni, en fin, se puede decir que la entrada en vigor de su contenido material revista la misma urgencia.
O mucho me equivoco, o las denuncias por incumplimiento del plazo de transposición establecido para las directivas de la UE, difícilmente se formularán si el procedimiento legislativo ya está iniciado. Aunque, bien pensado, siempre cabe la posibilidad de que alguien consiga demostrarnos que la sociedad no puede esperar el tiempo que dura la tramitación de una ley ordinaria, sin contar con una norma que regule la «mediación en asuntos civiles y mercantiles» o que se ocupe de los «contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico», por citar dos de los reales decretos-leyes que acaban de aprobarse.
Todo ello ha de ser analizado con más detalle, por supuesto. Pero lo que ahora quería constatar es que ya se empiezan a percibir los primeros síntomas del rodillo.
Blog de Josu Erkoreka 
Crónicas de Spainlandia. El destino político de Andalucía:
El PP ha logrado pasar, y en tan sólo 126 días, de ganar más votantes que IU en noviembre de 2011 a perder electores en Andalucía. ¡Toda una proeza!. El PSOE continúa perdiendo votos y a una velocidad levemente mayor. Tal situación puede etiquetarse de insostenible: en dos o tres legislaturas no dispondría de congresistas en el Parlamento andaluz. IU casi ha triplicado su tasa diaria de ganancia de votos respecto a las elecciones de 2011. En dos o tres legislaturas sería la segunda fuerza política del Parlamento autonómico.
Los partidos que representan los intereses de las clases dominantes en Andalucía ya no aumentan su número de electores, como en noviembre de 2011, sino que claramente pierden votantes. Su alianza con las clases burguesas medias se derrumba. Es el coste de un expolio que, en mayor o menor grado, afecta a todos los dominados. Los partidos que deberían haber defendido los intereses de las clases burguesas pequeñas y medias continúan intensificando su pérdida de votantes. Es el coste de una manifiesta ineptitud para batirse por los suyos, o de una nítida traición para obtener «sillones» a cambio de las personas representadas. Sin embargo los partidos que preservan los intereses de las clases sociales populares, la Izquierda parlamentaria y aparlamentaria, en tan sólo 126 días han duplicado su tasa de ganacia de apoyos entre la población. De mantener dicho crecimiento acelerado, antes de transcurridos cuatro años su base social rebasaría con creces la de las otras clases juntas (dominantes, media y pequeña burguesía).
Dentro de los partidos medio y pequeño burgueses se detecta un punto de inflexión nada turbio. Mientras que las organizaciones encaminadas hacia el burguesismo prosiguen su caída, las dotadas de alguna orientación hacia el fascismo han interrumpido ese declive de finales de 2011 para triplicar ahora su ganacia de apoyos electorales. Y aunque las estimaciones a cuatro años practicadas no otorguen a ello relevancia, no debería menospreciarse el descrito hecho.
Con respecto a la Izquierda, la tasa da ganacia diaria de votos correspondiente a los partidos con programas «parciales» o «borrosos» se ha visto mermada a algo más de la mitad en relación al 2011. Y sus expectativas a cuatro años son harto modestas. Es la Izquierda marxista o coaligada con el marxismo la que ha logrado duplicar sobradamente su grado de apoyo entre la población andaluza. Ello, junto a una mayor concentración del voto alrededor de IU, explica el crecimiento parlamentario de esta coalición. No obstante la verdadera sorpresa de estas elecciones ha surgido al valorar el crecimiento del aval popular a la Izquierda Aparlamentaria. Esa Izquierda que es posible cuantificar a través de la abstención nacida tras implantarse la Gran Depresión en los años 2007-8. Se trata de un florecimiento tan intenso que cualquier proyección de su base social a cuatro años se sale de límites. Un contingente social que ha expresado taxativamente su voluntad de no querer colaborar con el régimen, no es sino un contingente social pre-revolucionario que se ubica a la espera de una organización de amplia convergencia para lograr su fin primordial: la extinción de este saqueo bautizado como «crisis». Así pues el pueblo andaluz no ha fallado, y mañana deberán ser los restantes pueblos del Estado quienes demuestren las calidades de sus fraguas. ¡POR UNA HUELGA GENERAL MASIVA!.
Para ver texto completo, gráficos, tablas, referencias… Pulsar «Entrar» en:
http://aims.selfip.org/spanish_revolution.htm
Era de esperar. El PP encarna la casposa derecha española de siempre, autoritaria y mandona, apega al binomio ley y orden. Su deprecio histórico al Parlamento tenía que ponerse de manifiesto en algún momento. A mí no me sorprende la puesta en marcha del rodillo.
¡Di que si, Pursuit!
No como el PNV que cuando gobernaba en el Pais Vasco no permitió NI UNA SOLA proposición del PP.
¿Tienes el gel para quitarte «la caspa»?.
Demagogos…..
que barbaridad!!!
Impecable!
Lo que el enemigo reconoce:
«La demanda de energía eléctrica cae en Vascongadas un 36%, más del doble que en el resto del Reino» (El Correzo.es):
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20120329/economia/demanda-energia-euskadi-doble-201203291348.html
«La huelga triunfa en Euskadi» (El Correazo.es):
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20120329/economia/ausencia-incidentes-primeras-horas-201203290652.html
Incluso Deia.com, diario de Confebask, de la CEOE al fin y al cabo -recordemos que Confebask traicionó a Euskadi integrándose en la CEOE y dejando de paso claro que le interesa un marco de RR.LL. no vasco, sino de ámbito más extendido (y no precisamente hacia la península escandinava) -, admite el ejemplar comportamiento de los trabajadores vascos, gente con conciencia y cultura:
«Euskadi planta cara a Rajoy»
http://www.deia.com/2012/03/30/economia/euskadi-planta-cara-a-rajoy
Me siento orgulloso de ser vasco.
El rodillo se lo explicas a los 45.000 y 60.000 vascos que han tenido que exiliarse a Madrid, Andalucía y Levante. La mayoría tuvieron que salir de Euskadi en silencio para protegerse a sí mismos y a sus familias de un atentado o simplemente por no aceptar la sociedad -“excluyente y fascista”, según un afectado- que crearon los sucesivos gobiernos nacionalistas, hasta hace poco, en buena connivencia con la izquierda aberzale. “Euskadi ha vivido en una esquizofrenia permanente, una sociedad en la que era la oposición la que iba escoltada”, como señala un exiliado.
[…] Josu Erkoreka bere blogean: Catalunya = Nación + Estado propio /// Los primeros síntomas del rodillo […]
Exiliados vascos, ja, ja, ja. Mklikjh se debe referir a los jetas que la prensa conservadora filofranquista ha vendido como víctimas de la persecución en Euskadi. Esos y esas que se han ido a Madrid a medrar y a obtener puestos y retribuciones que nunca se hubiesen imaginado con su tasado talento. El sambenito de víctimas les ha resultado rentable. Pero no son víctimas, sino jetas. Ni son 20.000. Un puñado, todo lo más, que gozan de prebendas y canongias exageradas.
Burduntzi tiene el mismo problema mental de los típicos euskalhérricos que parece que han dejado a su cerebro invernar en los durísimos «años del plomo».
Para el tal Burduntzi esos años no existieron y la huida de la CAV tras conseguir ETA la desaparición de la UCD a golpe de tiro en la nuca, es, cito sus palabras, una farsa dedicada :»..a medrar (en Madrid) y a obtener puestos y retribuciones que nunca se hubiesen imaginado con su tasado talento».
Por descontado es una canallada lo que afirma y por descontado no se le hará caso alguno.
¡Gente separadora como Burduntzi hace un flaco servicio para la consolidación de la paz en la CAV!.
Venga, alfred, no hagas chistes sin gracia. El cerebro a invernar nos lo queréis poner vosotros, los peperos del pensamiento único que perseguís con saña la discrepancia y la diferencia.
Yo no he dicho que no haya habido años de plomo de ETA. Lo que digo es que muchos (la mayoría) los padecieron aquí, en Euskadi, otros huyeron pero nunca dejaron de votar en Euskadi (en Neguri hay varias mesas en las que las familias vienen de Madrid a tropel a emitir el sufragio) y algunos otros huyeron odiando a Euskadi y sin necesidad alguna de regresar a la tierra vasca a nada. Pero hay unos cuantos, también, que supieron ponerse el disfraz de víctimas y se acogieron a las ventajas que se le concedieron a esa condición. Y ya sabemos de qué estamos hablando, verdad?. Periodistas que ganan en Madrid mucho más de lo que ganaban y de lo que su talento permitía augurar, profesores universitarios que obtuvieron cátedras y destinos que nunca hubiesen ganado si no llega a ser por el halo de perseguidos con el que se rodearon, etc. etc. etc.
Pero todo eso ya pasó, alfred. Ahora, ETA ya ha acabado. Todos los que se fueron pueden regresar sin miedo alguno. Si quieren votar en Euskadi, que regresen y que voten. Lo qu eno tiene sentido es que puedan votar con el pretexto de la violencia, justo ahora que ha acabado la violencia.
¿Recuerdan el «vivan las cadenas» de los seguidores de Fernando VII? Pues aquí hay peperos a los que parece gustarles el rodillo que el Gobierno de Rajoy está imponiendo en el Parlamento.
Los españoles sois incorregibles