Al hilo del debate planteado sobre el nuevo pacto fiscal que CiU -y, ahora, tras el triunfo electoral de los convergentes, también el Gobierno de la Generalitat– reclaman para Catalunya, se ha puesto en circulación la tan curiosa como infundada especie de que el Concierto Económico vasco no funda su singularidad en la Disposición Adicional 1ª de la Constitución, que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales y dispone su actualización, sino en una cláusula de excepcionalidad prevista en la Ley Orgánicade Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Recientemente, esta tesis, que antes había visto esbozada en otros foros y formatos, se ha expresado y difundido en la red de la mano de mi amigo y compañero de escaño Josep Sánchez i Llibre, portavoz del Grupo Parlamentario catalán (CiU) en las comisiones de Economía y Presupuestos del Congreso de los Diputados (Véase “El nuevo pacto fiscal para Catalunya”, publicado el 6 de mayo en diariocrítico.com).
Josep es un gran economista y un extraordinario hombre de empresa, además, por supuesto, de una excelente persona. Pero no se puede decir que sea un especialista en asuntos relacionados con el derecho público. Y me temo que quien le ha asesorado sobre el sustento jurídico de la tesis que esboza, no anda muy atinado: o no conoce los datos esenciales de la cuestión, o los arrincona, conscientemente, desde el afán voluntarista de llegar como fuere a la conclusión que desea. Porque no es rigurosamente correcto afirmar que la Carta Magna no imponga “en ningún momento la necesariedad (sic) del concierto vasco”. Y por supuesto que es rigurosamente incorrecto sostener que la raíz jurídica originaria de “la especificidad del concierto vasco” radique en la LOFCA.
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