Blog de Josu Erkoreka

Trinidad Jiménez no es nueva en el Negociado de Exteriores. Ya pasó por el Ministerio cuando ocupó, no hace todavía demasiado tiempo, la Secretaría de Estado de Asuntos Iberoamericanos. No ignoraba, por tanto que, antes o después, el desempeño del cargo para el que acaba de nombrarle Zapatero le iba a conducir a enfrentarse al sempiterno dilema que atenaza a los responsables de la acción exterior de los países democráticos: la necesidad de optar entre los valores y los intereses cuando unos y otros se presentan como antagónicos y no resulta posible conciliarlos. Ya escribí, hace unos meses, sobre este particular, al hilo de los retos a los que se enfrenta la Unión Europea ahora que el Tratado de Lisboa le habilita para implementar una política exterior propia (Ver el post titulado «Valores e Intereses en la política exterior de la Unión Europea», que vio la luz el 30 de enero de 2010)

Seguramente, Trinidad Jiménez confiaría en seguir soslayando el crudo dilema entre los intereses y los valores –como otro lo han hecho antes que ella- refugiándose en el cómodo argumento de que no se le presentan reñidos, sino agarrados de la mano y en plena sintonía. A los altos cargos del Ministerio de Exteriores les hemos oído afirmar, en más de una ocasión, que “los valores y los intereses no divergen, sino convergen”. Una frase sugerente y llena de candor que, además, resulta muy útil en la dialéctica política. Pero todos sabemos que no siempre ocurre así. Todos sabemos que hay ocasiones en las que no queda más remedio que optar entre complacer -o, cuando menos, no incomodar- a aquel de quien depende la buena marcha de nuestros intereses o, alternativamente, cerrar filas -caiga quien caiga, moleste a quien moleste- en la defensa de determinados valores y principios que se consideran fundamentales, como el respeto a la democracia y a los derechos fundamentales.

Pero Trinidad, que no es nueva en el Negociado que ahora ocupa y que, por tanto, sabía que este dilema podía llegar a planteársele en alguna ocasión, en toda su crudeza, seguro que jamás sospechó que su primer problema serio, como titular del Ministerio, sería precisamente, un problema de este tipo. Un dilema abierto, descarnado y desbrido, entre los valores y los intereses, al que –según hemos visto- se vería obligada a responder desde las más rigurosas ataduras de la Realpolitik.

Todos hemos leído en la prensa de estos días, el firme compromiso de apoyo, colaboración y solidaridad que Trinidad Jiménez asumió ante la causa saharaui, hace siete años, cuando concurrió a las elecciones como candidata socialista a la alcaldía de Madrid. Y somos muchos los que no reconocemos en sus posiciones de hoy -tan correctas; tan frías; tan equidistantes- a la candidata que exigía al Gobierno español, por entonces en manos del PP, “que atienda la reivindicación histórica, legítima, del pueblo saharaui sobre su derecho a la libre determinación”. Entonces prevalecían los principios. Hoy se imponen los intereses. Y en el camino entre aquellos y estos, se ve clara la inexorable mano de la Realpolitik.

Personalmente soy muy crítico con la actuación que el Ejecutivo socialista ha llevado a cabo en esta legislatura y en la precedente, en relación con el asunto saharaui. Una actitud, pasiva, inhibida, distante y casi indiferente, muy lejana a que le corresponde en virtud de la responsabilidad histórica y que, de hecho, beneficia a Marruecos y perjudica al pueblo saharaui, cuyas aspiraciones colectivas se ven inexorablemente abocadas hacia la frustración. La actitud del Gobierno, oculto tras el discurso oficial de que la solución al conflicto saharaui ha de ser consensuada con un Estado, como el marroquí, que sólo admite el derecho de autodeterminación del Sahara Occidental si ésta opta por constituirse en una región autónoma dentro de la Monarquía Alauita, aboca hacia un escenario en el que Marruecos aplaude y el pueblo saharaui llora. Un escenario en el que Marruecos triunfa, ufano y arrogante, y el pueblo saharaui se ve condenado a lamer amargamente su aflicción.

En el interior de una Jaima, en el campo de Tinduf, junto a otros diputados y un grupo de mujeres saharauis

Resulta difícil comprender, ciertamente, el esfuerzo argumental que el Gobierno español viene desarrollando para devaluar y quitar relevancia a la responsabilidad que ha de asumir en la gestión del asunto del Sahara Occidental. No entiendo por qué tiene tanto empeño en escurrir el bulto. Soy consciente de que el asunto quema, para un partido -el socialista- que durante años enarboló con presteza y ahínco la causa saharaui -¿quién no recuerda aquella declaración en la que Felipe González afirmaba que España no sería plenamente democrática mientras el Sahara Occidental no constituyese un Estado independiente?- y ahora, precisamente ahora que está en el Gobierno, se quita de en medio poniendo como pretexto las resoluciones de la ONU y no sé qué razones de tipo geopolítico. No se me oculta, insisto, lo incómoda que la cuestión saharaui le está resultando al Gobierno de Zapatero. Pero aun así, me sigue resultado complicado entender que pretenda justificar su inhibición en el asunto, argumentando que el Estado español es, tan sólo, un miembro más, del Grupo de Amigos del Sahara, exactamente igual que Rusia o que los EEUU. Un empeño semejante, lo comprendería en boca de Marruecos o de Francia, pero me parece incomprensible en el caso español, que hasta su abandono, a mediados de los años setenta, fue nada menos que la Potencia metropolitana de la colonia saharaui. La presencia de Marruecos en el territorio del Sahara Occidental –esto se debe tener muy claro- es puramente fáctica. Una situación de hecho, fruto de una ocupación que ni ha gozado ni goza del reconocimiento de la comunidad internacional. No confundamos los términos. El Sahara Occidental sigue siendo un territorio “No autónomo” en el escenario internacional, pero Marruecos nunca ha sido expresamente reconocida por la comunidad internacional como su “Potencia administradora”. Puede haber sido tolerada en el desempeño de ese papel, pero no  explícitamente avalada.

Con estos antecedentes, a nadie le ha extrañado que el Gobierno haya reaccionado con la pasividad con la que lo ha hecho, ante los incidentes de El Aaiun. Quien más quien menos, ya sospechábamos que el Gobierno no iba a estar por la labor de contrarias lo más mínimo a Marruecos, aunque eso le costase tragarse todo tipo de sapos y culebras en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. Y así ha ocurrido. Desgraciadamente, he de añadir.

El Gobierno marroquí decreta un apagón informativo que supone la expulsión de decenas de políticos, periodistas y activistas españoles, que son testigos incómodos de lo que puede suceder en los territorios ocupados y el Gobierno español, calla. Pero no acaba ahí la cosa. De la contradictoria información que emerge de la oscuridad, el Gobierno español sólo da crédito a la versión proporcionada por quien decretó el apagón informativo, liquidando la transparencia, la prensa libre y el derecho a la información. No me digan, que la cosa no tiene su aquél. La versión que refuta a todas las demás, según el Gobierno, es la suministrada por quien previamente se aseguró de que no hubiera más versión que la suya. Se trata de una versión poco verosímil, repleta de relatos poco creíbles, que entra en abierta contradicción con la información que suministran otras fuentes, que hablan de brutales represiones, torturas y decenas de desaparecidos. Pero el Gobierno esboza en su rostro un gesto ingenuo y se aferra a la versión del que apagó la luz para que nadie viera nada.

Esta manera de proceder no entraña ni defender los valores democráticos, ni ponerse del lado de los derechos humanos, ni promover la transparencia, ni levantar la voz para denunciar los atropellos injustos, ni tan siquiera defender a los ciudadanos españoles que padecieron en sus carnes los rigores del régimen marroquí.

No es cuestión de enfrentarse a Marruecos gratuitamente, ya lo sé. Pero no es eso lo que pedimos al Gobierno socialista. Siempre es mejor llevarse bien con los vecinos que enfrentarse a ellos en querellas innecesarias. Pero una cosa es procurar mantener buenas relaciones con los países del entorno y otra, muy diferente, que el interés eclipse la defensa de los valores. Las relaciones de amistad y colaboración no deben impedir al Gobierno hacer valer sus posiciones y condenar, si es preciso, las actuaciones llevadas a cabo por los países socios que vulneren derechos fundamentales o quiebren, con su actuación, los principios democráticos universalmente reconocidos.