Blog de Josu Erkoreka

En varias ocasiones he dado cuenta en este blog, de las derrotas que el Grupo Parlamentario socialista ha sufrido en el Congreso de los diputados durante el último año. Semana tras semana, comprobamos que, al debatir y votar algunos de los puntos más importantes del orden del día, los diputados socialistas se quedan solos, o insuficientemente acompañados, y comprueban desolados e impotentes que, pese a ser muchos, que lo son, sus ciento sesenta y nueve escaños no resultan bastantes para frenar el ímpetu de los que quieren instar al Gobierno a adoptar medidas que este no quiere o prefiere no acometer. Y esa amarga constatación les lleva a perder votaciones, una semana sí y otra también, conformando, paso a paso, una estadística de derrotas que empieza a ser preocupante ya, para un Ejecutivo que quiere aparentar fortaleza y transmitir la imagen de que controla el juego político parlamentario. En ocasiones -también sobre esto he escrito en más de un post– el Grupo Socialista intenta por todos los medios trabar complicidades con el resto de los grupos y cuando se da cuenta, en el último momento, de que no ha logrado convencer a nadie y, en consecuencia, va a perder la votación, se ahorra la derrota parlamentaria, cambiando, súbitamente, el sentido del voto y apoyando efusivamente las iniciativas contra las que había hecho campaña hasta el minuto inmediatamente anterior al de la emisión del voto.

Descansando al sol, ajeno a los peligros que pueden cernirse sobre él

El martes de esta semana hemos vuelto a vivir un episodio de estas características. Una Moción de IU-ICV sobre las repercusiones económicas y sociales del ajuste en el gasto público, ha propiciado la formación de mayorías parlamentarias contrarias a la que da sustento al Gobierno. Mayorías heterogéneas, que integran a diputados tan diversos como Gaspar Llamazares e Ignacio Astarloa; Carlos Salvador (UPN) y Uxue Barkos (Na-Bai); Rosa Díez y Emilio Olabarria; pero mayorías, al fin y al cabo, tan incuestionables en lo cuantitativo, como válidas a los efectos de expresar la voluntad mayoritaria de la cámara.

En esta ocasión, el Congreso ha exigido al Gobierno que evite “medidas unilaterales de reforma de las pensiones al margen del Pacto de Toledo”. La Moción ha salido adelante con 176 votos a favor y 165 en contra. No es la primera vez que la cámara hace esta reclamación al Ejecutivo. Ya lo hizo hace dos semanas a instancias del PP. Pero en los últimos tiempos, los grupos parecen más interesados en provocar la derrota parlamentaria del Gobierno, aunque sea sometiendo a votación peticiones que ya han sido debatidas y votadas con anterioridad, que presentar iniciativas novedosas de éxito incierto. Y así continúa la rueda; dando vueltas en torno a un mismo bloque de asuntos, de fuerte impacto en la opinión pública -como, sin duda, ocurre con la congelación de las pensiones- en los que se hace patente, una y otra vez, que el Gobierno actúa contra el criterio de la mayoría del Congreso.

También se aprobó una resolución, en la que se instaba al Gobierno a “dar continuidad a la ayuda mensual de 400 euros a los parados que hayan agotado el subsidio de desempleo”. Pero en este caso, la derrota del Ejecutivo se produjo con arreglo a la segunda variante: la disimulada. Los socialistas se pasaron horas pidiendo a los restantes grupos que votasen en contra, pero cuando se encontraron, a media tarde, con que nadie estaba dispuesto a compartir esta foto con ellos, cambiaron el sentido del voto, se sumaron a la petición general, y santas pascuas. Aquí paz y después gloria. Una derrota parlamentaria menos para el balance de la legislatura. Y un titular menos en la prensa crítica. ¿Se cumplirán estas dos resoluciones? ¡Vaya usted a saber! Y vaya usted a saber, también, el impacto que este panorama del Congreso, puede estar produciendo en los famosos mercados; tan sensibles a las incertidumbres; tan propensos a las turbulencias; y tan poderosos cuando señalan con el dedo hacia el sumidero. Téngase en cuenta que lo aprobado pone en cuestión una parte no desdeñable del último Real Decreto-Ley -el de los ajustes en el gasto público- y supone un incremento del gasto social no productivo; de ese que tan poco caro resulta al ECOFIN y a la Comisión Europea