La tramitación de un proyecto de Ley que pretende transponer el contenido de unas Directivas europeas que regulan aspectos relacionados con la empresa y el tráfico mercantil, ha dado pie al Gobierno para registrar, tardíamente, y con todas las agravantes de la nocturnidad, dos enmiendas que nada tienen que ver con la normativa comunitaria objeto de transposición, generando una notable controversia entre los especialistas del derecho societario y en el seno de las compañías a las que afectan. Las enmiendas, que fueron enviadas directamente desde La Moncloa a la dirección del Grupo Parlamentario socialista -soslayando, por tanto, a los ministerios de Hacienda, Industria y Justicia- pretenden cercenar de raíz una regla cuya vigencia data de hace casi seis décadas y encuentra numerosos correlatos en el derecho comparado.
¿En qué consiste exactamente la reforma que promueven estas dos enmiendas? Intentaré explicarlo con brevedad y sencillez.