Esta semana se ha hablado mucho en el Congreso sobre la sostenibilidad de los presupuestos públicos. Todo el mundo pide más prestaciones sociales, pero nadie quiere que le suban los impuestos. Todos toman como referencia el modelo de bienestar de los países nórdicos, pero nadie quiere darse cuenta de que los ingresos públicos puestos en relación con el PIB, representan entre nosotros poco más de un 30%, mientras en Suecia superan el 50%. No niego que la Administración pueda ganar en austeridad y eficiencia. Pero ni equiparándonos a los mejores indicadores del planeta parece posible que con el sistema impositivo actual pueda financiarse un cuadro de prestaciones públicas como el vigente en Suecia.
Al hilo de estas reflexiones -que nunca se sabe donde comienzan y casi nunca tienen un final definido- un diputado del Grupo Parlamentario ironizaba: «Puestos a rebajar impuestos, mejor que suprimamos todas las figuras impositivas. No sólo el IVA. También el Impuesto de Sociedades y el IRPF. Todas las exacciones públicas. Sería una gran decisión. Esperanza Aguirre pondría fin a su revuelta aristocrática y todo el mundo contento». Retomando su causticidad, otro electo reponía: «Vale. Y una vez suprimidos todos los ingresos públicos, privatizamos el Congreso. Los diputados podríamos subsistir adjudicando nuestros servicios al mejor postor».