Blog de Josu Erkoreka

El modelo de financiación recientemente acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha hecho resucitar el acre debate sobre las esencias nacionales que presidió el proceso de elaboración del Estatut vigente en Catalunya. El PP ha retomado el beligerante relato crítico con el que describió, en aquél momento, la ligereza y el antipatriotismo con los que Zapatero y su Gobierno troceaban España y ponían fin a una secular y brillante historia nacional. Y arremete de nuevo contra el Estatut y sus gravísimas potencialidades rupturistas.

Magistrados del Tribunal Constitucional posando ante las cámaras

La culpa de todo -argumentan los populares- la tiene el Estatut. Una norma -dicen- manifiestamente inconstitucional, que socava gravemente los cimientos solidarios que dan sustento a la arquitectura constitucional.  Sobre las bases económicas diseñadas en él -sostienen-  no cabía edificar un modelo de financiación muy distinto al «injusto e insolidario» que se acaba de concertar. Y una llegados a este punto, los reproches se proyectan sobre el Tribunal Constitucional, que hace ya dos años que tiene sobre la mesa el recurso que los populares interpusieron contra el Estatut, sin que hasta la fecha se haya dignado a dictarr sentencia o a comprometer un plazo para su emisión. 

Desde una posición radicalmene contraria, Convergencia i Unió afirma, sin embargo, que el nuevo acuerdo vulnera gravísimamente lo establecido en el Estatut. En una larga y clarificadora entrevista publicada en La Vanguardia el pasado domingo, Artur Mas desgrana puntualmente esas contravenciones, y formula una y otra vez una pregunta con la que interpela directamente a los socialistas, poniendo de relieve, una vez más, la facilidad con la que se saltan a la torera las leyes y normas vigentes que ellos mismos han contribuido a aprobar: «¿Para qué hicimos el nuevo Estatut?» insiste una y otra vez el líder convergente.  Si ahora se desconocen sus previsiones de una manera tan ostensible y descarada,… «¿para qué hicimos el nuevo Estatut?», plantea con insistencia.

Entre medio, los socialistas -y muy especialmente los catalanes- aseguran que ni el nuevo modelo vulnera el Estatut ni puede afirmarse que éste sea inconstitucional. «El Estatuto -sentenciaba Montilla en una entrevista concedida a El País hace unos días- es constitucional, pero además de una ley orgánica es un pacto político. Y los pactos políticos no los pueden tumbar los tribunales». Como se ve, el máximo responsable del PSC parece confiar bastante en la hipótesis de que, cuando se dicte la sentencia oportuna, el Estatut no vaya a ser tachado de inconstitucionalidad.

Pero todavía hay más. En el campo de juego se encuentra, también, ERC que, rechazó la Constitución, votó que No al nuevo Estatut y, sin embargo, apoya sin matices este sistema de financiación, al que ha caracterizado nada menos que con la gráfica imagen de un «pulso» que Catalunya ha ganado al Estado.

Resumiendo: El PP considera que el modelo de financiación respeta el Estatut pero, al igual que éste, vulnera la Constitución. CiU estima que contraviene seriamente el Estatut, pero no la Constitución. Para el PSC y el PSOE, el sistema pactado no ignora ni el Estatut ni la Constitución. Y a juicio de ERC, es una gran conquista para Catalunya, independientemente de que vulnere o no el Estatut y la Constitución; algo que a los republicanos les importa una higa, porque no apoyaron ninguno de los dos.

Y todos, claro, miran, ahora, al Tribunal Constitucional. Unos con la esperanza de poder aplaudir una sentencia que les de la razón y les abra nuevos escenarios para el juego político y otros con el intenso deseo de poder -por fin- respirar aliviados.

¿Y qué cabe esperar del Tribunal Constitucional?

En anteriores ocasiones he escrito ya, en este blog, sobre la imparcialidad, la independencia y la credibilidad del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial español. Sin afán alguno de exhaustividad, podría citar, por ejemplo, el post «Sobre la inconstitucionalidad de la consulta popular del Lehendakari»; o el que lleva por título «Más sobre la imparcialidad de los jueces y su influencia en la salud democrática», publicados, ambos, en mayo del año pasado. Sobre el mismo tema versaron, también, «I due Foscari; una ópera de Verdi que trata temas de gran actualidad política» y «El esperpéntico espectáculo que hoy hemos visto en el Palacio de Justicia de Bilbao«.

Como se puede ver, no es este un tema inédito en el blog. Pero hoy regreso sobre él, desde la persuasión de que, en los próximos meses, el Tribunal Constitucional volverá a asumir un inusitado protagonismo político. Y una vez más tendremos ocasión de hablar y debatir, largo y tendido, sobre su imparcialidad y su fiabilidad como órgano independiente capaz de actuar con imparcialidad y objetividad.

De hecho, la batalla dialéctica ya ha comenzado.

El domingo pasado, sin ir más lejos, el diario El Mundo dedicaba dos largas páginas a estudiar la composición del alto tribunal y a repasar -con bastante detalle, por cierto- las actuaciones que ha llevado a cabo en relación con el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Estatut. Como se ve, ya de entrada, unos conocen perfectamente lo que está ocurriendo en el seno del Tribunal y los demás tienen que conformarse con intuirlo o imaginárselo. Por lo demás, los reportajes constituyen una marcaje individualizado, en toda regla, de los magistrados que componen el órgano. Se recuerda por qué partido político fue propuesto cada uno de ellos, su orientación ideológica, su tendencia político-partidista y sus debilidades personales. La disposición a buscar acuerdos, por ejemplo, se identifica como un punto débil del vicepresidente conservador.

En relación a este concreto asunto -afirmaba el periódico- el Tribunal «se encuentra dividido en dos bloques ideológicos iguales: cinco magistrados fueron propuestos por el PSOE y otros cinco por los populares. Y, aunque todos niegan la influencia de las cuotas políticas, lo cierto es que aún no hay configurada una mayoría en uno u otro sentido, lo que quiere decir que ninguno de los magistrados se ha movido de <<su bando>>».

Cuando algún nacionalista vasco expresa su escepticismo -o su nula fe- con respecto a la imparcialidad de un Tribunal cuyos miembros han sido designados, sin excepción, en Ferraz o en Génova, es inmediatamente tachado de antisistema y de pretender deslegitimar las instituciones democráticas del Estado. Pero lo cierto es que son ellos -los socialistas, los populares y sus respectivos entornos mediáticos- los que nos dan razones para ser escépticos o ateos en este asunto. En sus luchas intestinas, no dudan en hacer uso de los «servicios» que les prestan los magistrados afines y de descalificar a los ajenos, con los epítetos más peyorativos. Eso sí, cuando el asunto sometido a la consideración del Tribunal enfrenta a un nacionalista vasco con los no-nacionalistas de la «unidad indisoluble de la Nación española», entonces pretenden que reconozcamos al Tribunal la imparcialidad, la objetividad y la independencia que ellos no son capaces de reconocerle en los temas que les conciernen.

Pero esto ya no sorprende a nadie. Estamos demasiado acostumbrados a este tipo de asimetrías. Cuando el Tribunal examinó la Ley de Consulta del Parlamento Vasco, actuó por unanimidad. Con la misma unanimidad que en ese momento compartían el PSOE y el PP en contra de la norma. Pero en un asunto como el del Estatut, donde socialistas y populares discrepan, también el Tribunal se dividirá. Y habrá votos particulares muy críticos con la posición mayoritaria. Al tiempo.