Blog de Josu Erkoreka

Sede del Tribunal Constitucional

Como era previsible, durante estos últimos días la Brunete mediática está haciendo sonar sus más atronadoras invectivas contra la consulta anunciada por el Lehendakari para el mes de octubre. Entre las numerosas tachas que le endosan, destaca, por la insistencia con la que se repite, la de la inconstitucionalidad. Los titulares de prensa enfatizan una y otra vez, invocando la inapelable autoridad de sabios y doctos profesionales del mundo del Derecho, que la pretensión del Lehendakari no es aceptable porque, entre otras cosas, vulnera la Constitución.

A mí este reproche me resulta sarcástico. No puedo evitarlo. En un país en el que la frontera que separa lo constitucional de lo inconstitucional depende de una circunstancia tan ajena al Derecho como el modo en el que se lleve a cabo la sustitución del magistrado García-Calvo, la acusación de inconstitucionalidad resulta, sencillamente, irrisoria. Hilarante, de puro patética.

Venimos de una legislatura en la que la constitucionalidad de algunas de las más importantes normas y actos impugnados ante el Tribunal Constitucional se ha resuelto con arreglo a un criterio descaradamente ideológico, que alineaba rigurosamente a los magistrados de este órgano con las posiciones defendidas en el debate político por los partidos que propusieron la designación de cada uno de ellos. Si el PP decía que algo era inconstitucional, los magistrados propuestos por ese partido defendían, indefectiblemente, esa misma tesis en el seno del tribunal. Y con el PSOE y los magistrados promovidos por el mismo, ocurría otro tanto: el seguimiento de las consignas políticas era igualmene puntual y servil.

La línea de la constitucionalidad ha llegado a ser tan elástica y caprichosa que para el PP, unas mismas disposiciones son inconstitucionales si aparecen insertas en el Estatuto de Cataluña y perfectamente constitucionales si figuran en el Estatuto de Andalucía. Vivir para ver.

El reciente fallecimiento del magistrado García-Calvo ha puesto descarnadamente de manifiesto esta triste y lacerante realidad, en un momento en el que se encuentra en trance de elaboración la sentencia del alto tribunal sobre el Estatut de Cataluña. Nadie pone en duda de que la ausencia del magistrado conservador facilitará la convalidación del Estatut desde el punto de vista de su adecuación a la norma constitucional, porque reduce los efectivos del PP en el seno del tribunal y refuerza los del PSOE. Aunque no lo parezca, esto es gravísimo en un sistema democrático. Una verguenza que deslegitima el régimen.

El tratamiento que la prensa escrita ha dado a esta cuestión, establece una identidad tan absoluta entre las posiciones de los partidos y las que los magistrados propuestos por ellos defenderán en el seno del tribunal, que roza el escándalo. El PAIS titula «La muerte del juez constitucional, altera la relación de fuerzas en el Tribunal». El ABC apunta que «su desaparición deja en minoría al sector conservador en los recursos más espinosos». El MUNDO encabeza: «El fallecimiento repentino del juez Garcia-Calvo, despeja el camino del «Estatut» en el Constitucional». Y añade: «La muerte de uno de los magistrados propuestos en su día por el PP, deja en minoría a los partidarios de declarar inconstitucionales aspectos esenciales del controvertido texto catalán». En fin, La RAZÓN señala: «la muerte del magistrado Garcia-Calvo allana el camino del Estatuto en el TC».

Las columnas que abordan la cuestión son más afiladas aún. Un comentarista de EL PAIS, José manuel Romero, titula su artículo «Equilibrio roto». Su argumentación no tiene pérdida: «Los plenos del alto tribunal los integrarán ahora seis magistrados progresistas y cinco conservadores. Para el caso especial de la deliberación del Estatuto catalán, donde el PP había logrado recusar al progresista Pablo Pérez-Tremps y, por tanto, había mayoría conservadora de seis a cinco, este pleno quedará ahora con empate a cinco; pero con el voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas, elegida a propuesta del PSOE». En semejante línea, Javier Pradera argumenta que el fallecimiento de García-Calvo «desequilibra la correlación de fuerzas dentro de la institución. Porque los 12 jueces del TC se habían dividido durante la anterior legislatura en dos bloques iguales de seis miembros -el desempate corría a cargo del voto de calidad presidencial- cada vez que los litigios
enfrentaban al Gobierno con el PP».

Más desabrido es aún, si cabe, el artículo que Ignacio Camacho publica en el ABC. El PSOE, a su entender, «pretende aprovechar la baja por defunción de un magistrado para consolidar su ventaja numérica, como esos equipos antideportivos que marcan gol cuando hay un rival lesionado en la cancha». Y a los profesionales del Derecho que entran en el juego, acusa de «llevar años meciéndose en el confortable columpio de la parcialidad banderiza, que les concede carreras de privilegio a cambio de obediencia».

¿Hay quien dé más?

Como se ve, nadie -absolutamente nadie- duda de que la batalla en el seno del tribunal se librará entre los magistrados progresistas y los conservadores, con arreglo a las consignas políticas que unos y otros reciban de los partidos políticos que los propusieron para ocupar la alta misión que desempeñan. Las razones jurídicas son lo de menos. Todos los profesionales del Derecho saben que revestir con argumentos jurídicos una decisión previamente adoptada no entraña especial dificultad para un jurista mínimamente avezado. Lo que realmente importa es la posición, favorable o contraria, que en este caso se adopta siguiendo, exclusivamente, pautas político-partidistas.

Y por si cabía alguna duda, no ha tardado en salir a la palestra Federico Trillo, exigiendo que la vacante dejada por García-Calvo sea cubierta por una persona «a propuesta del PP», que fue quien en su día lo promovió, a efectos de «no perjudicar el ya mermado equilibrio» que padece el tribunal. Se puede decir más alto, pero no más claro. Trillo no cree en la imparcialidad del Tribunal Constitucional. Sólo cree en los magistrados que su partido pueda colar en su seno, con la explícita encomienda de traducir en sentencias las órdenes políticas que reciban de quienes facilitaron su nombramiento.

Ignacio Camacho sostiene en el ABC que este estado de cosas «es la muerte de la Democracia, la esclerosis de un sistema corroído por su médula espinal». De acuerdo. Absolutamente de acuerdo. No lo hubiese podido expresar mejor. Pero quisiera añadir una observación complementarias. Desafortunadamente, es esta «Democracia muerta», es este «sistema esclerotizado y corroído por su médula espinal» el que dictaminará la inconstitucionalidad de la iniciativa del Lehendakari. Recuérdese que los magistrados progresistas y conservadores sólo se dividen cuando han de resolver cuestiones que enfrentan a los partidos políticos que los propusieron para el cargo. En los asuntos en los que el PP y el PSOE están de acuerdo, el Tribunal actúa nemine discrepante. Y este es el caso de la iniciativa del Lehendakari, ¿no?