Blog de Josu Erkoreka

El jurista conservador Juan Pablo González

La prensa de hoy reproduce las declaraciones que destacados miembros de la judicatura y del gobierno del Poder Judicial llevaron a cabo ayer en torno a la iniciativa del Lehendakari. En el último post, expresaba la actitud sarcástica con la que escucho las acusaciones de inconstitucionalidad que se vienen profiriendo contra la consulta del Lehendakari, en un país en el que la frontera que separa lo constitucional de lo constitucional es tan clara, cierta, segura y bien fundada en razones jurídicas como la que emana de la decisión política, adoptada en el seno del máximo órgano de gobierno de un partido político, para cubrir los los puestos del Tribunal Constitucional.

El PP quiere que la vacante dejada por el fallecimiento de García-Calvo, se cubra inmediatamente, pero no con un magistrado cualquiera, ni tan siquiera con un magistrado imparcial, independiente y de reconocido prestigio, sino con un magistrado designado a propuesta suya. No importan tanto la urgencia del nombramiento o las cualidades personales y profesionales del que vaya a ser designado, cuando el hecho de que sea propuesto por el PP y, obviamente, controlado por él.

¿Por qué ocurre esto?

Porque de esa manera, cuando el tribunal se enfrente al conocimiento de un caso de gran relevancia política -como el Estatut de Catalunya o la Ley de matrimonios homosexuales, por poner dos ejemplos de la última legislatura- en el que el PSOE y el PP mantengan posiciones dispares, el nuevo magistrado se sumará, sin duda, al bloque conservador, pasando a defender automáticamente las tesis del PP, en contra de los magistrados designados por el PSOE. Así de claro. Así de abyecto y antidemocrático.

Las declaraciones a las que aludo al comienzo de este comentario, inciden de lleno en este lacerante terreno de la politización de la justicia.

Enrique López, portavoz del Consejo General del Poder Judicial y miembro de este órgano a propuesta del PP sostiene que «Ibarretxe sabe que lo que plantea no es viable«. Y añade: «pero de igual forma [Ibarretxe] lanza este reto al Gobierno de España, que tiene que ser aplicado desde el primer momento e impugnarlo inmediatamente, porque no lleva a ninguna parte. El Gobierno tiene que hacer una labor pedagógica con esta consulta con un mensaje enérgico, para que no se traslade a otras partes de España«.

Como se ve, el eximio jurista conservador no se limita a dar su opinión sobre la adecuación a Derecho de la iniciativa del Gobierno vasco. No. Se adentra sin rubor en el terreno de la valoración política e incluso se permite dirigir al Gobierno recomendaciones de oportunidad, sobre lo que debe y no debe hacer en el terreno de la pedagogía política de cara a contener la metástasis del cáncer nacionalista «a otras partes de España«. Actúa en calidad de portavoz del Consejo General del Poder Judicial, pero opina como un gran líder político de la España esencial y eterna.

No es más presentable lo que ha declarado el vocal del Consejo para el País Vasco, Juan Pablo González. En su opinión, «El lehendakari lleva años andando por el camino de la ilegalidad, de la provocación y el desafío. Y los ciudadanos no se merecen a unos dirigentes que desprecian las leyes y abusan de sus privilegios«. Todo, como se ve, muy respetuoso con las instituciones y con papel que corresponde llevar a cabo a un vocal del máximo órgano de gobierno de los jueces. Escuchar a un personaje que nunca se ha presentado a las elecciones ni cuenta con mandato representativo alguno, pontificando sobre el tipo de dirigentes que se merecen los ciudadanos, resulta indignante.

Pero hay más. También González se permitió decir al Gobierno de Zapatero lo que debe de hacer para afrontar la situación: «El Gobierno de la nación -observó- debe solicitar ante los tribunales la declaración de ilegalidad de la iniciativa y, a partir de ahí, impedir la realización de la consulta, sin excluir la posibilidad de exigir responsabilidades penales a los promotores de esta locura y a quienes colaboren con ellos. Desde luego, los jueces, como responsables de la maquinaria electoral, estarán, como siempre, al lado de la ley y no habrá ni mesas, ni censo, ni juntas electorales, porque no puede haberlas«.

En fin, como González siempre ha actuado al dictado del PP, tampoco omite una recomendación estrictamente política, que podría haberla formulado Manuel Fraga o cualquiera de los halcones neocon de la formación que preside Rajoy: «El Gobierno tampoco puede desconocer la posibilidad del artículo 155 de la Constitución, que le permite adoptar medidas frente a una Comunidad que incumple las obligaciones constitucionales, como es el caso«.

López y González, González y López, estan disfrutando de sus últimas semanas de boato, lujo y descontrolados privilegios en el Consejo General del Poder Judicial. Y, lógicamente, ninguno de los dos desea volver a ejercer de juez ordinario en una Audiencia. Esa perspectiva les resulta extremadamente gris, triste y aburrida. Para ellos, sería genial que el PP les propusiese para cubrir alguna de las vacantes que han de cubrirse en el Tribunal Constitucional. Por eso hacen declaraciones públicas que agradan al PP. Desean hacer ver a Rajoy que podrían ser unos buenos peones de brega en el alto tribunal.

Estos -o parecidos, no nos engañemos- serán los que mañana nos digan qué es y qué no es constitucional. Así nos va.