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Posts Tagged ‘Crisis económica’

Si cuando anunció que, en 2012, el déficit público español no iba a ser del 4,4% del PIB, tal y como exigía Bruselas, sino del 5,8%, Rajoy no hubiese afirmado que se trababa de una “decisión soberana”, todo lo que ha sucedido después hubiera quedado reducido a un pulso institucional de los numerosos que se libran todos los años entre la UE y sus Estados miembros. Pero lo dijo. Y al hacerlo, enardeció el orgullo patrio de más de un no-nacionalista, de esos que, pese a su no-nacionalismo, llevan años esperando del Gobierno de España un gesto viril de afirmación nacional. Por ello, nadie puede impedir que ahora, después de que Rajoy aceptase el 5,3% que finalmente le impuso la Eurozona, muchos se pregunten angustiados por la salud que atraviesa la soberanía española. ¿Qué será de ella?

"Sovereign Building" en Filadelfia

En los días previos a la reunión del Eurogrupo que corrigió la “decisión soberana”, dejando patente dónde se encuentra de verdad la soberanía, el Gobierno ya fue alertado sobre el riesgo que entrañaba el recurso a una retórica tan patriótica como innecesaria. Vidal Folch anotaba el pasado fin de semana que teniendo “mucha razón en el qué”, corría riesgo de perderlo todo por “un mal cómo soberanista” (“Lo que Europa exige a España”, El País, 8.03.12) En el mismo sentido, José Ignacio Torreblanca observaba en otro artículo que:

“…las referencias a la soberanía hechas pora Rajoy para justificar su decisión marcan la línea argumental contraria a la que se debería adoptar. Sea lo que sea la soberanía, si de lo que se trata es de la capacidad de fijar los objetivos de déficit público para el año fiscal, es evidente que España no es un país soberano. Lo contrario es hacerse trampas a uno mismo y hacérselas ala opinión pública española que, con razón, percibe que, hoy en día, en una unión monetaria sometida a una enorme presión por parte de los mercados financieros y en donde nos hartamos de repetir que las decisiones de Atenas o Roma tienen un impacto decisivo sobre el futuro de España, esa soberanía es una ficción” (“El canario en la mina”, El País, 9.03.12)

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Alguien ha dicho, recientemente, que el proceso de consolidación fiscal que Europa ha diseñado para el Estado español España es matemáticamente posible, pero políticamente imposible. Y tengo para mí que la reflexión tiene mucho de cierta. Como el papel lo aguanta todo, nada cuesta hacer que las cuentas públicas correspondientes a 2012 cuadren -tal y como la UE tenía previsto hasta anteayer- con un déficit del 4,4% del PIB y las del 2013 con un 3%.

La música oficial me suena a la tonadilla de un encantador de serpientes

Pero trasladar ese esquema financiero a la realidad es, ya, otra cosa. Es algo que cuesta un poco más, porque exige aplicar ajustes y recortes de tal magnitud, que ningún político en sus cabales podría asumir.

Si de lo que se trata es de sacar pecho y hacer planteamientos formalmente ambiciosos, con independencia de que sean realistas o no lo sean, lo mejor que podemos hacer es cerrar los ojos, fijar para este año un objetivo de déficit del 0% y que salga el sol por Antequera. ¿Para qué conformarnos -si se me permite la ironía- con una senda escalonada, que contempla un 4,4% para este año y un 3% para el año que viene, si podemos saltar directamente al 0%? 

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Ya lo advertí

En un post que publiqué en las postrimerías de 2011 (ver «Recentralizando que es gerundio»,fechado el 5.12.11) alertaba a los lectores del riesgo de que el conflicto originado por el presidente de La Rioja al negarse a prestar asistencia sanitaria y hospitalaria a los ciudadanos alaveses que residen en la frontera con su Comunidad Autónoma, acabara convirtiéndose en un pretexto -uno más- para justificar la devolución de competencias a los poderes centrales del Estado. La pulsión recentralizadora que atraviesa horizontalmente a las fuerzas políticas de vocación españolista no repara en esfuerzos a la hora de arramplar para casa. Y basta que un conflicto fronterizo de alcance local trascienda a los medios de comunicación, para que la opinión pública se vea salpicada por decenas de propuestas «bienintencionadas» que sólo aspiran a mejorar o corregir el modelo, aunque todas ellas, casualmente, lo hagan por la misma vía: reforzando el centro y debilitando la periferia. 

La crisis económica -ya lo he dicho en más de una ocasión- está sirviendo de coartada para que centralistas impenitentes que siempre miraron con recelo el modelo autonómico, encuentren un engarce argumental, aparentemente sólido, objetivo e incontestable, de cara a exigir la recuperación de atribuciones públicas para el Estado. La argumentación siempre es la misma. Una argumentación tan sencilla como falaz: la descentralización política es ineficaz y, además, económicamente insostenible. Los poderes territoriales sólo son fuente de caos, descoordinación y despilfarro. Y si en tiempos de vacas gordas se pueden tolerar ciertos caprichos descentralizadores, estos resultan aboslutamente inasumibles en tiempos de vacas flacas.

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La semana pasada aproveché la sesión de control para preguntar a Rajoy sobre las gestiones que está llevando a cabo el Gobierno que preside, con el fin de procurar la inmediata puesta en marcha de un nuevo sistema de arrendamiento fiscal que, una vez autorizado por la Comisión Europea, ponga fin a la parálisis que ha impuesto en el sector naval, el procedimiento de investigación formal que la UE acordó iniciar en junio del año pasado, imponiendo la suspensión del tax lease vigente hasta entonces en el Estado español. Nuestra preocupación por el asunto no es nueva. En julio de 2011, cuando se manifestó el problema, ya presentamos una interpelación sobre el mismo tema, que defendió con rigor y seriedad nuestro portavoz económico Pedro Azpiazu.

Esta tarde hemos debatido una Proposición No de Ley del BNG que apunta en la misma dirección. Aunque -todo sea dicho- la iniciativa de los nacionalistas gallegos pone especial énfasis en la defensa de los astilleros de Navantia situados en la ría de Ferrol. No se puede decir que se centre exclusivamente en ellos pero, como cabe suponer, les presta especial atención.

Dicho sintéticamente, el conocido como sistema de arrendamiento fiscal, o tax lease,  está constituido por un conjunto de previsiones tributarias, mayoritariamente relacionadas con el Impuesto de Sociedades, que hacen posible que la construcción naval europea pueda hacer frente a la, por lo demás, irresistible competencia asiática. Todos los países de la UE en los que la industria naval tiene algún peso -como Francia, Holanda o Dinamarca-cuentan con un sistema de estas características. Sin su existencia, hace tiempo ya que la construcción de buques sería una actividad exclusivamente localizada en Asia: en Corea y, sobre todo, en China.

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En una entrevista que concedió hace ya más de una década a la revista Talaia, Javier Corcuera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, hacía un alegato en toda regla en contra del Concierto Económico y del modo en el que se está aplicando en Euskadi, y concluía su reflexión con un nota digna de ser tenida en cuenta: “Pero esto que estoy diciendo no lo podrá decir nunca ningún partido de aquí. Y creo que seremos pocos los particulares que nos atrevamos a sugerirlo”.

Desconozco lo que Corcuera quería significar exactamente con la expresión “partido de aquí”, pero lo cierto es que el Concierto Económico siempre ha tenido enemigos en tierra vasca. O dicho en otros términos, a las tesis de Corcuera nunca les han faltado aliados entre nosotros. No me refiero a los vascos que han mirado con reticencias al régimen concertado, ni a los que han ido fijando su posición con arreglo a la dirección en la que soplara el viento, sino a los que han defendido abiertamente su eliminación. A lo largo de los años, españolistas recalcitrantes, centralistas ortodoxos, uniformistas convencidos y furibundos antinacionalistas, de origen vasco, nacidos en Euskadi o residentes en ella, se han esmerado en aportar argumentos para denostar una institución, que consideraban un privilegio insolidario, y reclamar con urgencia su supresión.

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Disparate

Montoro ha anunciado en la cadena SER, la próxima incorporación al Código Penal de un tipo delictivo consistente en gastar más dinero público que el presupuestado. Se trata de un paso más en la santa cruzada que la Europa de Merkel está librando en favor del equilibrio presupuestario; ese becerro de oro del siglo XXI. 

Si atendemos a la literalidad de las palabras pronunciadas por el ministro, parece que, al menos hasta hoy, no está pensando en criminalizar la aprobación de cuentas públicas que contemplen un déficit superior al establecido. Tan sólo se propone perseguir penalmente al gestor público -electo, funcionarial o laboral- que autorice u ordene la realización de gastos que superen lo consignado en el presupuesto vigente.

No se sancionará, pues -si he entendido bien el planteamiento de Montoro-, el hecho de aprobar unos presupuestos con un déficit superior al permitido, sino la actuación administrativa de gestión y ejecución de tales presupuestos, que comporte superar el umbral máximo de déficit establecido en los mismos.

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El Congreso ya se ha hecho cargo de primera iniciativa del Gobierno del Rajoy. Ayer debatimos -y votamos- la convalidación del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. El desarrollo de la sesión proporcionó datos suficientes como para adivinar cuál será la tónica de la primera parte de la legislatura.

El Grupo socialista pidió turno en contra, con el evidente objetivo de poder entablar un debate cara a cara con el Gobierno. O mucho me equivoco o este gesto es un anticipo de lo que tiene previsto hacer a lo largo de los próximos meses a fin de mantener su propia confrontación bipolarizada con el Ejecutivo y no diluirse con el resto de los grupos parlamentarios.

El problema es que en este debate a dos se prestó mucha más atención a los dimes y diretes de la herencia económica que el PSOE deja al PP, que a debatir los problemas de fondo. Lo cual constituye un pésimo augurio. Invita a sospechar que en los próximos meses, los principales partidos del hemiciclo van a dedicar más esfuerzo que el necesario a solventar cuitas menores. Los socialistas acusan a los populares de haber mentido cuando prometieron -lo han hecho hasta ayer mismo- que, si ganaban las elecciones, no iban a subir los impuestos.

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Hace unos meses -fue, por supuesto, antes de la última campaña electoral- publiqué un post en el que advertía al público de que, una vez celebrados los comicios y constituído el Gobierno que saliera de las urnas, íbamos a encontrarnos con una rigurosísima política de ajuste y recortes (Cfr. «Recortes aparentes y reales», publicado el 28.09.11) Era la época en la que un PP  altruista, generoso y refractario a los recortes sociales, caricaturizaba a Rubalcaba con el apelativo de Alfredo Manostijeras, y este prometía que, si los socialistas ganaban las elecciones, iban a subir las pensiones y el sueldo de los funcionarios.

Pues ya ven. La primera en la frente. Nada más constituirse, el Gobierno de Rajoy ha aprobado un paquete de medidas para la prórroga presupuestaria que, si no han generado un colapso colectivo, es porque la inconsciente algarada del fin de año ha contribuido a poner vaselina a la noticia. El gasto público se ve sometido a los implacables efectos de la motosierra. Y lo es, entre otros, en aquellos capítulos que más necesarios resultan para favorecer el crecimiento de la economía: Fomento e I+D+i.  Con estos mimbres, la recesión está cantada. Pero es que, además, se incrementan los impuestos: el IRPF, en todos los escalones de la tabla, las rentas de capital y el IBI. Con lo que la capacidad de gasto de los ciudadanos disminuirá un poco mas y se acentuará la contracción del mercado interior. Con estas medidas, el crecimiento económico se sitúa, al menos a corto plazo, en el terreno de la quimera. Y si no hay crecimiento, no hay empleo. Es de cajón. Todo se subordina al idolatrado equilibrio presupuestario, que se ha convertido en el becerro de oro del siglo XXI.

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Hace un mes, el Instituto Vasco de Estadística –Eustat- hacía pública la información correspondiente a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico que se han llevado a cabo en Euskadi durante el año 2010. Según la información publicada por este organismo, el gasto efectuado por este concepto en Euskadi, ascendió, el año pasado, a 1.360,3 millones de euros; lo que supone un incremento del 6,2% con respecto al año precedente. Pero el dato más reseñable de entre los publicados por el Eustat es, probablemente, el que sigue: puesto en relación con el PIB de la Comunidad Autónoma, el gasto en investigación e innovación se sitúa en el 2,08%, superando, por primera vez, el umbral del 2%; el año anterior se situó en 1,99%. Lejos, todavía, del 3% que han superado ya, algunos de los países más comprometidos con el conocimiento y la tecnología.

Unos días después, el Instituto Nacional de Estadística daba a conocer los datos correspondientes al Estado español. En 2010, el gasto español en I+D+i se situó en el 1,39% del PIB; el mismo nivel que en 2009, «al recalcular -según señala la nota- ambos PIB en la nueva base 2008». Y como cabe suponer, las comunidades que más esfuerzo han desarrollado en el ámbito de la investigación son -además de Madrid, sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de otras entidades y corporaciones empresariales de contenido investigador, que siguen la estela de la capitalidad- las dos vascas y la catalana.

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Durante los últimos días, mi cuenta de correo electrónico está registrando decenas -en realidad suman ya varios centenares- de mensajes estandarizados en los que se me solicita que contribuya, con mi firma, a exigir la celebración de un referéndum para la ratificación de la reforma recientemente operada en el artículo 135 de la Constitución. No es algo inédito. En la última legislatura se han sucedido campañas semejantes de envíos masivos de correos electrónicos encaminados a defender una determinada causa o impedir que prospere alguna iniciativa. En cualquier caso, la actual constituye a todas luces una campaña extemporánea. Basta una superficial lectura del mensaje que incluyen los correos electrónicos para darse cuenta de que fue redactado antes de que la reforma se llevase a cabo. «El presidente -comienza el texto- ha anunciado su intención de promover la reforma constitucional para incluir un límite al déficit público». Tal y como está redactada, esta frase tenía validez a mediados de agosto. Pero hoy, en las postrimerías del mes de noviembre, la reforma constitucional no es ya una mera «intención» del presidente del Gobierno, sino una realidad plenamente consumada.

Ajeno a los hechos, sin embargo, el mensaje añade que, dada la importancia de la reforma que se pretende promover, su firmante solicita que «si esta modificación es finalmente aprobada por las cámaras, su grupo parlamentario -quiero entender que se refiere al vasco- se comprometa a solicitar que esta reforma sea sometida a referéndum».

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