Montoro ha anunciado en la cadena SER, la próxima incorporación al Código Penal de un tipo delictivo consistente en gastar más dinero público que el presupuestado. Se trata de un paso más en la santa cruzada que la Europa de Merkel está librando en favor del equilibrio presupuestario; ese becerro de oro del siglo XXI.
Si atendemos a la literalidad de las palabras pronunciadas por el ministro, parece que, al menos hasta hoy, no está pensando en criminalizar la aprobación de cuentas públicas que contemplen un déficit superior al establecido. Tan sólo se propone perseguir penalmente al gestor público -electo, funcionarial o laboral- que autorice u ordene la realización de gastos que superen lo consignado en el presupuesto vigente.
No se sancionará, pues -si he entendido bien el planteamiento de Montoro-, el hecho de aprobar unos presupuestos con un déficit superior al permitido, sino la actuación administrativa de gestión y ejecución de tales presupuestos, que comporte superar el umbral máximo de déficit establecido en los mismos.
O sea que si un Parlamento autonómico o un Pleno municipal votan mayoritariamente a favor de un presupuesto que desconoce las pautas de déficit legalmente establecidas, nadie será procesado y condenado por ello. A lo sumo, el presupuesto en cuestión podrá ser inconstitucional, nulo, o anulable y la comunidad o municipio en cuestión podrán ser multados y/o excluidos de las ayudas y mecanismos de financiación previstos por el Estado. Pero nadie será procesado o condenado por haber votado a favor de unas cuentas públicas que desconocen la senda de déficit público oficialmente definida por quien tiene autoridad para ello. Ahora bien, si el que ignora el déficit máximo recogido en las cuentas públicas es el responsable administrativo encargado de su gestión y ejecución, se activará inexorablemente la maquinaria penal para castigarle como se merece.
No está mal que -al menos por ahora- el Gobierno descarte la posibilidad de entrar en conflicto con el principio de inviolabilidad parlamentaria. Exigir responsabilidades penales a los diputados electos por las opiniones vertidas o las posiciones adoptadas en el ejercicio de su función representativa, sería como quebrar uno de los principales baluartes de la institución parlamentaria. Si los parlamentarios no quedan protegidos por alguna suerte de inviolabilidad por lo que digan o hagan cuando actúen como tales, no puede decirse que gocen de una independencia real y efectiva en el desempeño de sus funciones. Así pues, parece plausible que el Gobierno prefiera no meterse en ese barrizal.
Ahora bien, el hecho de que, en este concreto punto, el Gobierno opte por la cautela no significa que esté bien la idea esbozada por Montoro de perseguir criminalmente a los gestores administrativos que, sin sustraer o distraer fondos o efectos públicos en beneficio propio o de un tercero, se atrevan a superar el límite de déficit establecido en la norma presupuestaria. Personalmente, una medida de este tipo me parece un disparate. ¿Para qué tipo de supuestos quedaría reservada la responsabilidad política -esa que se exige en el debate político o se salda en las elecciones- si todas las actuaciones de los responsables públicos que merecen algún reproche social pasan automáticamente a integrar algún tipo penal? No se trata ya de que el PP esté echando piedras sobre su propio tejado, al poner en la picota a centenares de políticos populares que durante los últimos años han hecho del déficit, del endeudamiento incontrolado y del desarreglo de las cuentas públicas una auténtica afición, no. Se trata de algo que, a mi modo de ver, es mucho más grave. Una medida como la propuesta encorsetaría la actuación de los responsables políticos hasta extremos inasumibles. Y todo para defender un bien jurídico -el equilibrio presupuestario- que es, no lo dudo, importante para el derecho financiero, pero en ningún caso habría de ser protegido por el derecho penal. Diga lo quqe diga la ortodoxia merkeliana, no es lo mismo endeudarse que malversar.
Me parece elogiable el propósito de extender entre los gestores públicos la cultura de la responsabilidad y de la buena gestión. Estoy persuadido de que hemos de desarrollar un gran esfuerzo colectivo para ir inculcando la diligencia y el buen sentido en la administración de los caudales públicos. Pero considero un error pretender hacerlo a golpe de sentencia condenatoria. Un disparate.
Muy estimado Josu,
Un par de reflexiones.
Primero de todo, estoy a favor del endeudamiento siempre que este forme parte de una inversión que se haya probado rentable en el largo plazo. Por poner un ejemplo, no es lo mismo invertir en la ampliación de un aeropuerto que tiene más demanda que capacidad de producción (Si, he dicho aeropuerto e inversión en la misma frase) que endeudarse para pagar gastos generales, p.e. sueldos, de los cuales no vamos a obtener una rentabilidad futura mayor que la deuda incurrida.
Sobre las responsabilidades de los gestores públicos o el Poder Ejecutivo. Algo se debe hacer. Tal y como yo estudié, el poder ejecutivo (gobiernos varios, diputaciones, ayuntamientos) están para ejecutar las leyes y otras resoluciones parlamentarias (que no las recomendaciones que solo son eso), entre ellas las de presupuestos aunque no solo esas. Cuantas veces hemos visto al Parlamento votar a favor de diferentes iniciativas que después el gobierno de turno las ha hecho dormir el sueño de los justos. Lo mismo que en los Parlamentos no se puede hacer de todo (y hay que garantizar que así sea – p.e. el Poder Judicial tendrá que vigilar que las leyes aprobadas no incumplan otras de un nivel superior) tampoco el Ejecutivo debería poder hacer lo que quiera. ¿Penal? ¿Civil? Pues eso lo desconozco, aunque las inhabilitaciones parecen más apropiadas para estos casos, pasarse en el gasto no es malversar.
Más temas: ¿Qué pasa si un presupuesto es echado atrás por el tribunal de turno y al prorrogarse automáticamente el presupuesto anterior todos los políticos y funcionarios que respondían a ese presupuesto se han pasado de gasto? ¿o están a mitad de año y se han quedado sin ninguna partida a la que imputar el gasto de la segunda mitad del año? ¿Se echa el cierre durante 6 meses? ¿Dejamos de tener Policía, Bomberos, Sanidad Pública? Me parece que la cantidad de excepciones que se pueden dar son tan grandes que se va a convertir en una ley Ad Hoc para encarcelar al enemigo político.
Por último, reiterar que el cumplimiento de los mandatos del Parlamento con Buena Fe debería estar contemplado y, hoy por hoy, se lo pasan por el forro… No solo estoy hablando de economía si no de un montón más de temas que vemos habitualmente durante las legislaturas.
Un abrazo
Carlos
Estimado Josu Erkoreka. Estoy de acuerdo con el titulo. Pero yo añadiría que es un desproposito, criminalizar a los gestores por desviarse de lo presupuestado. Recuerda al regimen absolutista, cuando el Rey tenía que supervisar con el Consejo las cuentas del reino. Pero es que no nos hemos dotado de mecanismos supervisores democráticos????????. Pero que broma es esta???????. Como es posible que en veintitantos dias se digan tantas burradas??????. En fín, hagan oposición YÁ, porque me temo que el PP intenta dar un golpe antidemocrático con sordina y marcha atras……..Además lo que dice DCospedal, que la reforma laboral solucionará todos los problemas de empleo y sin pasar aún por el Parlamento. NO HAY QUIÉN LES ENTIENDA ¡Peor imposible!. Solo se explica todo este DISPARATE si pensamos que la mayoría absoluta es un peso demasiado grande para «mediocres». La verdad es que de guatemala a guatepeor.
SALUDOS
«sin sustraer o distraer fondos o efectos públicos en beneficio propio o de un tercero»
No lo harán -lo de que sea delito- porque, ya sabes, entre bomberos no pisarse la manguera, y en efecto todos -y cuando digo todos, quiero decir Todos- los partidos tienen «fondos sustridos/distraídos».
Es un hecho conocido que en año de elecciones el partido en el poder se gasta lo que no está en los escritos, para ser reelegido.
..eso, al menos si sería ..»en beneficio propio»..
Josu, quizá ves las cosas desde dentro, y que no te enteras de lo que sentimos los de afuera.
La sensación que tenemos los de la calle es que la mitad de lo que se gasta en este país, se hace a mayor gloria del gobernante, y no en beneficio del gobernado.
Lo mismo pensamos de muchas de las decisiones en las que se encastrillan los gobernantes. ¿piensas que valía la pena el esfuerzo gastado en un tema tan idiota como la «educación para la ciudadanía», pongo por caso?
Es simplemente una estrategia para enfrentarnos, para hacernos conscientes de que estamos situados en un bando determinado.
Todo ello, para evitar que una buena mañana nos levantemos pensando en lo que nos une, y no en lo que nos separa. A saber: que los políticos no son la solución, sino el problema, y que temas idiotas y estúpidos como la famosa «educación para la ciudadanía», por muy rimbombante que sea el nombre, no es mas que una idiota y estúpida «maría»…
…y no me dejo llevar de mi deseo de hablar de políticas linguísticas, y cosas por el estilo, que nos llevan a la misma conclusión, porque…
… seguramente no es este el foro indicado para hablar de tan delicado tema..
Coincido plenamente contigo, Josu. Tu posición me parece equilibrada y sensata.