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Posts Tagged ‘Crisis económica’

Hoy hemos dado fin a la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012. Mañana, sin más demora, se remitirá su texto a la cámara alta, para que los senadores evacúen el trámite a uña de caballo. El paso del proyecto por el Congreso ha sido una marcha militar. Son las cosas de la mayoría absoluta. De las más de tres mil enmiendas parciales que los diferentes grupos registraron en tiempo y forma, la Comisión de Hacienda sólo aceptó tres. Dos anecdóticas y una simbólica. La simbólica, por cierto, tiene por objeto respaldar financieramente la lectura complaciente que el navarrerismo de UPN hace de la conquista del Viejo Reino por parte de Castilla.

En el Pleno, la actitud del grupo mayoritario ha sido un poco menos generosa. Desde el lunes hasta hoy hemos llevado a cabo más de quinientas votaciones -algunas enmiendas se votan conjuntamente- pero el Grupo Parlamentario popular no se ha desmarcado un ápice de su guión original. Ha votado que no a todas las enmiendas y ha votado que sí a todos los dictámenes. La experiencia ha suministrado abundante material para alimentar el -ya de por sí bastante rico- anecdotario del Congreso.

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Hace una semana se celebraba el día de Europa. La fecha rememora la jornada en la que Robert Schuman hizo la declaración pública en la que anunció la puesta en marcha de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, germen remoto de la actual UE. Como cabía esperar, la fecha transcurrió sin pena ni gloria. En el mejor de los casos, tuvo lugar algún acto protocolario aislado y poco relevante que, por supuesto, en ningún caso revistió entidad suficiente como para neutralizar el impacto público de las angustiosas noticias que todos los días nos abruman en relación con Europa.

La idea de Europa ha despertado entre nosotros evocaciones diferentes que, además, han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Hubo un tiempo en el que marcó un horizonte de esperanza. Ortega se refirió a ella como la solución; el problema, a su juicio, era España. Los nacionalistas vascos, que siempre miramos al continente -aunque también a las islas- nos adherimos al proyecto europeo en 1933, con ocasión del Aberri Eguna celebrado ese año en Donostia bajo el lema Euskadi-Europa. Europa era, entonces, sinónimo de futuro, desarrollo y modernidad.

Después, durante el franquismo, la propaganda oficial nos la vendió como la oscura fuente de los horrores. Europa significaba libertinaje, herejía, disipación, e indecencia. Sus símbolos más ignominiosos eran el protestantismo, la guillotina y El último tango en París. Nada positivo cabía esperar de un cenagal semejante. Por eso se cerraron las fronteras a cal y canto.

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En el Pleno de hoy se han debatido las enmiendas a la totalidad registradas en la cámara contra el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012. Han sumado un total de diez. Las enmiendas a la totalidad, quiero decir. Diez. Se trata de un número francamente elevado. Nunca antes, en mi vida parlamentaria, había visto una oposición tan generalizada a las cuentas públicas del Gobierno. Excepto el diputado del Foro Asturias y el de UPN, que han salido en defensa de la política económica del PP, todos los grupos del hemiciclo nos hemos enfrentado a la propuesta gubernamental.

La primera en registrarse fue la enmienda del PNV. La última la presentó Amaiur, justo el día en el que se cerraba el plazo. Todas solicitan la devolución del proyecto al Gobierno, pero es evidente que no todas obedecen a las mismas razones. Antes al contrario, la argumentación que les da sustento es de lo más variada. Un auténtico potpourri. Se les achacan a los presupuestos elaborador por el Gobierno cosas tan diferentes como que discrimina a los Països Catalans en el capítulo de las inversiones -ERC denuncia que “aunque los Paísos Catalans tienen el 29,03% de la población, las inversiones reales del Estado representan tan sólo un 9,86%”-, que perjudica a la Administración General del Estado en el capítulo de los recortes -UPyD se queja de que mientras se desmantela el aparato administrativo estatal “se mantienen intactas las 166 oficinas de representación internacional de las CCAA (que superan en número a las 118 embajadas de España)”- o que no favorecen, como denuncia Amaiur, “un nuevo modelo socieconómico que nos permita construir una sociedad justa, basada en la sostenibilidad de la vida a través de la igualdad de derechos sociales y, en general, de todos los derechos de mujeres y hombres, en el reparto del trabajo, del poder y de la riqueza en armonía con la madre tierra”.

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El debate político que estos días enfrenta a los dos grandes grupos parlamentarios del Congreso -el socialista y el popular– se articula en torno al binomio herencia-ideología. Rajoy y sus seguidores sostienen que las restrictivas medidas que el Ejecutivo está adoptando para la contención del gasto público, no son fruto de su voluntad, sino de la desastrosa herencia que han recibido de manos de Zapatero. Aseguran que no son de su gusto, pero que no tienen más remedio que tomarlas, si se tiene en cuenta lo maltrechas que los socialistas han dejado las cuentas públicas. Frente a ello, las huestes parlamentarias de Rubalcaba sostienen que las rigurosas políticas de ajuste que está promoviendo el Gobierno no obedecen a manda testamentaria o legado alguno, sino  a la ideología del PP; pura y simplemente. Son -dicen- expresión cruda y descarnada de sus planteamientos políticos, abiertamente conservadores y neoliberales.

Durante los últimos meses, no hay debate en la cámara que no venga precedido de un preámbulo contextualizador que nos remita a esta dialéctica que contrapone la herencia a la ideología. No falla. Sea cual sea el objeto de la controversia, antes de entrar en el fondo del asunto, los respectivos portavoces dedican un tiempo a cruzarse invectivas con esta argumentación.

Se trata, a mi juicio, de un debate tan ampuloso como falso. Uno de tantos, por cierto. Porque la herencia tiene algo de ideología y la ideología tiene, también, algo de herencia. Además, hay herencias que vienen de varias generaciones atrás y hay, también, ideologías aparentemente dispares que comparten amplios espacios de intersección. Y, en fin, hay factores que no son achacables ni a la herencia ni a la ideología.

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El lunes de esta semana, inserté un post en el que daba cuenta del estado en el que se encontraba el debate parlamentario sobre la incorporación al proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que se está tramitando en las Cortes, de una cláusula de salvaguarda foral que preserve la singularidad de los territorios vascos en el proceloso ámbito del control del déficit y el endeudamiento (ver “La Ley de Estabilidad Presupuestaria y la cláusula de salvaguarda foral, publicado el 9.04.12). Constataba allí que, por razones que se me ocultan, el proyecto remitido por el Gobierno a la cámara, rompe con los antecedentes legislativos del proyecto y se asienta sobre un planteamiento reduccionista de la singularidad foral, que restringe severamente su perímetro, circunscribiéndolo a la mera existencia de un foro alternativo al del Consejo de Política Fiscal y Financiera -la Comisión Coordinadora de Navarra y la Comisión Mixta del Concierto Económico- que adoptará, para las comunidades de sustrato foral, las decisiones que aquél órgano ha de adoptar en relación a las comunidades de régimen común.

La Jura de los Fueros, obra de Francisco Mendieta (1609)

Este planteamiento -ya lo anoté- nos parece inasumible. Y con el fin de corregirlo, registramos una enmienda en la que se plantea la necesidad de rescatar la cláusula de salvaguarda tradicional, que es más amplia y cubre mejor las especificidades competenciales y organizativas que se derivan del régimen concertado.

El texto controvertido, recogido en la disposición adicional tercera del proyecto, había sido objeto de cuatro enmiendas. También de esto me hice eco en el anterior post. Una de UPN, que sólo hacía referencia a la Comunidad Foral de Navarra, otra de UPyD, que reclamaba la supresión de todas las especialidades forales y otras dos -la nuestra y la del PSOE, al que damos la bienvenida al grupo de los defensores del Concierto Económico- que exigían lo mismo: sustituir la restrictiva fórmula propuesta por el Gobierno por el texto que tradicionalmente ha venido perfilando la singularidad concertada foral en las leyes de Estabilidad Presupuestaria.

¿Qué ha dado de sí la tramitación del proyecto en el Congreso? ¿Qué suerte han corrido las enmiendas relacionadas con la cláusula de salvaguarda foral?

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Mi gozo en un pozo. Tenía curiosidad por ver cómo se desarrollaba el debate de toma en consideración de la propuesta de reforma estatutaria remitida al Congreso por Les Corts de la Comunitat Valenciana (ver el post titulado “Fraternidad y buen entendimiento en el Estado autonómico español“, publicado el 6.04.12) pero no ha sido posible. El debate se ha aplazado. A través de un escrito que los portavoces del Congreso hemos conocido hoy, Les Corts han solicitado el “aplazamiento de esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana para una próxima sesión plenaria”. La razón que la cámara autonómica aduce para solicitar el aplazamiento es muy sencilla; argumenta que no ha designado aún a “los Diputados o las Diputadas que han de defender la Proposición”. A lo que añade que, como “la próxima sesión plenaria se celebrará el 25 de abril”, le resulta imposible garantizar el nombramiento de sus representantes para la fecha en la que estaba previsto el debate de su iniciativa; es decir, para hoy 10 de abril de 2012.

Cuando Zapatero se vio en la necesidad de torear con la reforma estatutaria aprobada por el Parlament de Catalunya -recuérdese que, tiempo atrás, había prometido en un acto celebrado en Barcelona que, si llegaba a ser presidente del Gobierno, daría por bueno en su integridad el texto que aprobase la cámara catalana- muchos pensaron que la incomodidad que acusaban los socialistas arrancaba del hecho de que aquella iniciativa había sido impulsada para embestir contra el Gobierno de Aznar, de modo que el inesperado cambio operado en La Moncloa por las elecciones generales de 2004, había vuelto hacia ellos los vientos y tempestades que deseaban levantar con la iniciativa.

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Durante la semana de pascua que arranca con la jornada de hoy, el Congreso de los diputados dará término a la tramitación del controvertido Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Esta misma tarde -en Madrid no es fiesta- el documento será debatido en Comisión. Y mañana, martes, el PP impondrá su hegemonía en la Mesa de la cámara para forzar, a golpe de votos, la incorporación del proyecto al orden del día de un Pleno extraordinario ad hoc que se celebrará el próximo jueves; a cuarenta y ocho horas raspadas desde el momento de la convocatoria. Las mayorías absolutas son así: el Gobierno impone su ley y obliga al Parlamento a rodar al ritmo que le interesa.

El proyecto se articula como una continuación lógica de las leyes de Estabilidad Presupuestaria que se han venido sucediendo desde el año 2001, aunque incorpora, como cabe imaginar, la ortodoxia fiscal y los rigurosos mecanismos de control que la política presupuestaria de la UE ha impuesto durante los últimos años a sus Estados miembros, en general, y a los países de la Eurozona, en particular. Se trata, por otra parte, de la pieza normativa que dejó pendiente la reforma express que el PSOE y el PP llevaroa a cabo el verano pasado en el artículo 135 de la Constitución.

Acertará quien sospeche que, como gran parte de las normas anticrisis que están saliendo del zurrón de este Gobierno, el proyecto al que me refiero arranca de un esquema notablemente centralista. Su texto, en efecto, diseña un modelo radial de actuación interadministrativa, en cuyo centro se sitúan las instituciones centrales del Estado: el Congreso de los Diputados, el Gobierno y el Ministerio de Hacienda. A ellos se reservan, de hecho el grueso de las facultades públicas relacionadas con la estabilidad presupuestria: la coordinación general del sistema (art. 10), el cálculo de la tasa de crecimiento del PIB que determinará el incremento del gasto público (art. 12), el establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para todas las administraciones públicas (art. 15), incluidas, por supuesto, las autonómicas (art. 16), el control sobre el cumplimiento de dichos objetivos (art. 17), la adopción de medidas preventivas, correctivas y coercitivas que han de imponerse a las CCAA incumplidoras y para las Corporaciones locales de las CCAA autonomías que carezcan competencias en el ámbito de la tutela financiera de las entidades locales arts. 18 a 26), arbitrar los instrumentos encaminados a garantizar el principio de transparencia (art. 27)  e integrar la información (art. 28).

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Si alguna decisión de última hora no lo impide, la próxima semana debatiremos en el Congreso de los diputados, la toma en consideración de una Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, aprobada y remitida a la cámara por Les Corts de la Comunidad valenciana. Se trata de una reforma puntual que afecta exclusivamente a la Disposición Adicional Primera de su Estatut d´Autonomia. Puntual, sí, pero cualitativamente importante, porque es expresión de aquella controvertida previsión estatutaria que en su día fue bautizada como cláusula Camps, en honor al presidente de los trajes que la concibió y formuló: “cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las comunidades autónomas será de aplicación a la Comunitat Valenciana, considerándose ampliadas en esos mismos términos sus competencias”.

Como ha hecho notar con gracia el profesor Francisco Balaguer, catedrático de Derecho Constitucional, la mejor manera de explicar el sentido de esta cláusula es recurriendo al cine, “a la famosa escena del restaurante de la película Cuando Harry encontró a Sally, reformulada: imaginemos que la persona que pide lo que estaba comiendo Meg Ryan la hubiera criticado previamente, después pidiera lo mismo y al final se fuera sin pagar la cuenta. Esa es la cláusula Camps: criticar primero, después pedir lo mismo y finalmente irse sin pagar”.

En plena crisis económica y en el corazón mismo del debate planteado en torno al reparto territorial de los recursos existentes y el déficit comprometido con la UE, la Comunitat Valenciana irrumpe en el escenario con una propuesta encaminada a exigir que “la inversión del Estato en la Comunitat Valenciana”, sea equivalente “al peso de la población de la Comunitat Valenciana sobre el conjunto del Estado por un período de siete años”. El planteamiento, como se ve, tiene su miga. Pero la miga es más sustanciosa aún si se presta atención a los antecedentes de la norma.

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Ha sido necesario esperar hasta finales de marzo para que el Gobierno se aviniese a hacer público su proyecto de cuentas públicas para 2012. La Comisión Europea se lo había requerido en numerosas ocasiones. Su presidente, Durao Barroso había repetido hasta la saciedad que el Ejecutivo español no debía demorarse demasiado en dar a conocer su contenido. Enero ya era tarde. Febrero, extemporáneo. Y marzo, un abuso anacrónico. Hasta el mismo Rajoy había sido urgido en los Consejos Europeos a presentar el proyecto de Presupuesto con la máxima celeridad. Su publicación apremiaba -se decía- con el fin de tranquilizar a los inversores y transmitir a la UE el sosiego que reclama en medio de tanta tribulación.

Pero el Gobierno lo tenía claro. La fecha asignada para las elecciones autonómicas de Andalucía y Asturias -el 25 de marzo- no hacía aconsejable actuar con demasiada diligencia. Era mejor demorarse que anticiparse. El ajuste que había de experimentar el gasto era de tal magnitud, que convenía retrasar su presentación pública hasta después de que los electores andaluces y asturianos se hubieran pronunciado en las urnas. No conviene disgustar al pueblo soberano en vísperas de su convocatoria a los colegios electorales.

Y, en efecto, así ha sucedido. Cinco días después de la jornada electoral, el Ejecutivo hacía público el proyecto de Presupuesto Generales del Estado para 2012. Y como cabía sospechar, su divulgación ha dado lugar a un aluvión de críticas. Todo ha sido discrepancia y disenso. Nadie -excepto el Gobierno y sus incondicionales, obviamente- parece estar de acuerdo con él.

Sin embargo, no todas las críticas que se le han hecho son del mismo tenor. Basta una superficial aproximación a lo que se ha dicho en estos últimos días a propósito de las cuentas públicas presentadas por el Gobierno, para darse cuenta de que existen diferentes maneras de oponerse a ellas. Y creo conveniente distinguir el grano de la paja, con el fin de obrar con el discernimiento necesario. Veámoslo.

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En su conocida obra Ética y Política, el profesor López Aranguren sostenía que “la moral no puede ser plenamente realizada al nivel colectivo más que por el Estado. La virtud sola -añadía- por muy social que sea, no basta ya para la producción de un orden colectivo justo. Este orden justo es impedido, o es hecho posible, por la fuerza de un sistema económico, por factores de orden técnico, por la primacía de determinados grupos sociales de presión o por decisiones de carácter administrativo político”. Desde que asomaron, allá por el año 2008, los primeros síntomas de la crisis económica que tan punzantemente nos aflige en este principio de siglo, la reflexión de Aranguren que acabo de citar ofrece un excelente utillaje argumental para afrontar el debate político desde un planteamiento crítico. ¿Están los poderes públicos actuando con arreglo a esa eticidad positiva -y no meramente restrictica o negativa- que cabe exigirles? ¿Hasta qué punto las decisiones políticas de los últimos tiempos están contribuyendo al mantenimiento de un orden social justo y equitativo?

Con este espinoso debate como telón de fondo, el viernes pasado, el Gobierno central adoptó una decisión que nos situa en el centro mismo del dilema que el conocido sociólogo Max Weber planteó entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La primera apela estrictamente a los principios que deben guiar la acción del político. La segunda toma en consideración las consecuencias de las decisiones políticas y descansa sobre una ponderación razonable entre los medios y los fines, a fin de evitar que una resolución adoptada atendiendo exclusivamente a los dictados de la ética de las convicciones, comporte consecuencias desastrosas de cara a la consecución de los objetivos últimos hacia los que nos deberían conducir esas mismas convicciones.

Cuando hablo de una medida gubernamental que nos remite al corazón de este dilema ético, me estoy refiriendo, obviamente, a la amnistía fiscal que el Gobierno ha colado de matute en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. La medida es sencillamente insostenible desde el punto de vista de la ética de las convicciones. Nadie puede predicar in abstracto la moralidad de una decisión como la de perdonar generosamente a quien haya defraudado a Hacienda, a cambio de que compense a las arcas públicas con una aportación equivalente al 10% del valor de los bienes o derechos ocultados al fisco. Es algo -insisto en ello- rigurosamente inasumible desde una perspectiva ética. Algo radicalmente incompatible con la ética de los principios.

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