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Posts Tagged ‘amaiur’

El pasado viernes dí una charla sobre temas de actualidad política en un batzoki de Bizkaia. Afuera llovía a cántaros -el mes de abril ha hecho justicia al refrán que pronostica “aguas mil”- pero en el interior del local se percibía el calor propio de una organización viva y pujante. Cuando concluí mi intervención, el presidente de la organización municipal abrió un coloquio en el que se me formularon muchas preguntas. La actualidad está henchida de noticias inquietantes que suscitan interés y preocupación. El toma y daca estuvo interesante. Todos hablamos con claridad y franqueza.

Al término del acto, un joven que había planteado varias cuestiones durante el coloquio, me retiró aparte y me preguntó cómo podía acceder a las enmiendas planteadas por Amaiur contra las principales iniciativas legislativas del Gobierno de Rajoy. Según me dijo, está elaborando un estudio politológico sobre la labor institucional de una formación política que ha hecho -y sigue haciendo- mucha política alternativa e incluso abiertamente anti-institucional. Por supuento que me presté a ayudarle. “¿Qué enmiendas son las que interesan?”, le pregunté. “Para empezar -me respondió- las que han presentado contra las tres leyes que estos días acaparan los titulares de prensa: la de Estabilidad Presupuestaria, la reforma laboral y la de Presupuestos para 2012. Si no te importa -añadió- ya te iré pidiendo más material en el futuro”. Quedamos en que haría la búsqueda y le remitiría los materiales que le interesaban tan pronto como diese con ellos.

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En el Pleno de hoy se han debatido las enmiendas a la totalidad registradas en la cámara contra el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012. Han sumado un total de diez. Las enmiendas a la totalidad, quiero decir. Diez. Se trata de un número francamente elevado. Nunca antes, en mi vida parlamentaria, había visto una oposición tan generalizada a las cuentas públicas del Gobierno. Excepto el diputado del Foro Asturias y el de UPN, que han salido en defensa de la política económica del PP, todos los grupos del hemiciclo nos hemos enfrentado a la propuesta gubernamental.

La primera en registrarse fue la enmienda del PNV. La última la presentó Amaiur, justo el día en el que se cerraba el plazo. Todas solicitan la devolución del proyecto al Gobierno, pero es evidente que no todas obedecen a las mismas razones. Antes al contrario, la argumentación que les da sustento es de lo más variada. Un auténtico potpourri. Se les achacan a los presupuestos elaborador por el Gobierno cosas tan diferentes como que discrimina a los Països Catalans en el capítulo de las inversiones -ERC denuncia que “aunque los Paísos Catalans tienen el 29,03% de la población, las inversiones reales del Estado representan tan sólo un 9,86%”-, que perjudica a la Administración General del Estado en el capítulo de los recortes -UPyD se queja de que mientras se desmantela el aparato administrativo estatal “se mantienen intactas las 166 oficinas de representación internacional de las CCAA (que superan en número a las 118 embajadas de España)”- o que no favorecen, como denuncia Amaiur, “un nuevo modelo socieconómico que nos permita construir una sociedad justa, basada en la sostenibilidad de la vida a través de la igualdad de derechos sociales y, en general, de todos los derechos de mujeres y hombres, en el reparto del trabajo, del poder y de la riqueza en armonía con la madre tierra”.

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Esta semana hemos sabido que el diputado de Amaiur, Iñaki Antigüedad, abandona definitivamente el Congreso de los diputados para dedicarse a la Universidad. La Comisión del Estatuto del Diputado había dictaminado días antes que no podía compatibilizar la condición de miembro electo de la cámara baja con el ejercicio de la función pública docente en la Universidad del País Vasco. Estaba, por tanto, obligado a optar, según establece el artículo 19-3º del Reglamento del Congreso, entre “entre el escaño y el cargo incompatible”. Y ha optado por el cargo incompatible, aunque dejando claro que no por ello dejará la política activa.

Es una pena. Antigüedad es inteligente, rápido y ocurrente. Reúne, sin duda, cualidades personales como para ser un buen parlamentario. Así lo atestiguan, por otra parte, quienes le han visto desempeñar funciones representativas en las Juntas Generales de Bizkaia y en el Parlamento vasco. Pero nada puede reprochársele por haber preferido seguir dedicándose a la academia. Se trata de una decisión legítima, que es preciso respetar. La vocación profesional, como la política, es algo que pertenece a la esfera más personal e íntima del ser humano. Si ha optado por quedarse en la Universidad, tiene pleno derecho a hacerlo.

Sin embargo, no puedo compartir el halo victimista con el que la izquierda abertzale ha rodeado la decisión. Al comunicar a la opinión pública las razones de su despedida, Antigüedad y sus compañeros de coalición han dejado entrever que su renuncia al escaño ha sido provocada por una lectura restrictiva del Reglamento de la cámara, concebida por el PP con el específico y malévolo designio de castigar a Amaiur. Pero creo, sinceramente, que no hay base objetiva para hacer una denuncia así.

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En alguna ocasión he escrito sobre las diferentes estrategias con las que el vasquismo y el catalanismo políticos han desarrollado su actividad política en Madrid. Como la guerra de sucesión arrumbó con el régimen foral de Catalunya, durante los siglos XVIII, XIX y parte del XX, la política catalanista ha sido una política de carácter eminentemente proyectivo, empeñada en reformar la estructura institucional y territorial de España con el fin de que los catalanes pudieran sentirse más cómodos en su seno. Los vascos, por el contrario, disfrutamos de los fueros hasta 1876. Y aun después, hemos venido gozando de un régimen fiscal de raíz foral -el Concierto Económico- que sólo ha conocido el paréntesis excepcional que Franco abrió en 1937 con las dos provincias traidoras. La política vasquista ha sido, por ello, más bien defensiva; rigurosamente fuerista. Dicho sintéticamente: mientras los catalanes se afanaban en proponer reformas de carácter general con el propósito de reorientar la estructura del Estado hacia un modelo reformado en el que ellos pudieran tener un encaje más satisfactorio, los vascos nos dedicábamos a defender con uñas y dientes el tasado autogobierno que aún nos quedaba (ver, entre otros, “Catalanes y vascos en las Cortes españolas“, publicado en este blog el 21.09.09) Todo ello, claro está, sin perjuicio de que durante todo este dilatado período de tiempo, haya habido catalanes y vascos que, pese a su origen, hayan consagrado su vida pública a hacer política estrictamente españolista.

Estas diferentes trayectorias del catalanismo y del vasquismo políticos, han influido de modo no desdeñable en las estrategias políticas posteriormente implementadas por los correspondientes nacionalismos. Las inercias tienen su peso. El nacionalismo catalán ha seguido conservando mucho del carácter proyectivo que inspiró el catalanismo de los siglos precedentes. Y hasta tiempos muy recientes, sus planteamientos políticos estaban preñados de propuestas concebidas para reformar el Estado español con el fin de propiciar su mejor acomodo. Al nacionalismo vasco, por el contrario, siempre se le ha reprochado el hecho de carecer de un proyecto “para” España y de disponer, en todo caso, de un planteamiento “contra” España. El nacionalismo catalán nunca ha dudado de la conveniencia de participar en las elecciones generales y de integrarse -cuando la apertura democrática lo hacía posible, evidentemente- en las instituciones centrales del Estado. Todavía hay quien se sorprende cuando se entera de que el líder independentista catalán, Lluys Companys, posteriormente fusilado por las huestes de Franco, fue nada menos que ministro de Marina en la segunda mitad de 1933.

Entre los nacionalistas vascos, por contra, siempre ha habido reticencias en todo lo que tiene que ver con la participación en la política española. De hecho, no concurrimos a las Cortes hasta 1918. Y años después, tal como hice notar en otro post hace unas semanas (vide “Sopas sin sorber no puede ser”, publicado el 05.01.12), todavía seguía el criterio de no implicarse en la política española más que en la medida en que ello fuera estrictamente indispensable para la defensa de los intereses vascos, en general y, más concretamente, para avanzar en el autogobierno. En aquella época, la participación en el Gobierno español era, sencillamente, inimaginable para el nacionalismo vasco. El caso de Irujo fue una excepción sólo explicable por la situación de guerra.

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La verdad es que no ha sorprendido a nadie. Ya lo anoté la semana pasada en este mismo foro. Estaba cantado que, antes o después, Rosa Díez iba a plantear en el Congreso alguna iniciativa encaminada a exigir al Gobierno la puesta en marcha de los mecanismos judiciales legalmente previstos para la ilegalización de Bildu y Amaiur. Los populares han insistido tanto, y durante tanto tiempo, en la necesidad de activar sin demora esos mecanismos, que la presidenta de UPyD ha querido ponerles a prueba.

Es cosa sabida que, cuando se trata de afrontar los problemas directa o indirectamente relacionados con ETA y su entorno, las poses de firmeza tienen muchos adeptos entre los electores españoles. Unos adeptos a los que resulta mucho más fácil satisfacer desde la libre demagogia del opositor que desde la obligada responsabilidad del gobernante. Y Rosa Díez ha querido aprovechar el acceso del PP al Gobierno para tensar la cuerda y tomarles la pedida a Rajoy y sus seguidores. Su estrategia era francamente redonda. Nada tenía que perder. Ocurriese lo que ocurriese, su formación salía ganando. Si conseguía empujar al Ejecutivo hacia la vía de la ilegalización, el mérito era suyo. Y si, por contra, el Gobierno se resistía a avanzar en esa dirección, el activo electoral que acompaña al discurso de la intransigencia, abandonaría automáticamente a los populares para pasar en bloque a respaldar a UPyD.

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No resulta posible predecir con un mínimo de precisión el grado de participación que los electos de Amaiur tendrán en las cámaras legislativas del Estado español durante los próximos cuatro años. Y no resulta posible hacerlo porque, antes, durante y después de la campaña electoral, desde sus filas se han hecho declaraciones públicas muy diferentes sobre el particular. Diferentes y, en ocasiones, hasta contradictorias. Han dicho que asistirán puntualmente a las sesiones parlamentarias y han dicho, también, que tendrán en las Cortes una presencia permanente. Han dicho que se implicarán sin reparos ni complejos en el grueso de los debates que se planteen en Madrid y han dicho, también, que sólo participarán en las cuestiones que conciernan a Euskal Herria. Han dicho de todo, dependiendo, en parte, de la persona que hablaba en cada momento -no todos asumen, de la misma manera, la [nueva] estrategia de participar en unas instituciones españolas que hasta ayer mismo se despreciaban- y, en parte, también, del partido al que pertenece. Porque en esto -como en otras muchas cosas- no es igual un portavoz de EA, que siempre ha ocupado escaños en Madrid y no abandonó las Cortes hasta que las urnas le arrebataron, en marzo de 2008, el último que le quedaba, que un militante de la izquierda abertzale que se ha pasado años tachando de colaboracionistas y claudicantes a los nacionalistas vascos -incluidos los de EA- que concurríamos a las elecciones generales y participábamos con normalidad en los trabajos parlamentarios del Congreso y el Senado.

Diputados de la Minoría vasca en las Cortes de la II República, ante el féretro de su compañero Ramon de Bikuña, fallecido en 1935

No se cuál es el criterio que finalmente se impondrá. Pronto lo veremos. Pero si acaba prevaleciendo el de no participar más que en los asuntos que afectan a Euskal Herria, me parece interesante recordar que no se trataría de un planteamiento inédito y sin precedentes. Durante años -antes, por supuesto, de la presente etapa democrática- los diputados y senadores del PNV se condujeron con arreglo a un planteamiento similar. Participaban en las elecciones generales y ocupaban escaño en las Cortes, pero tenían orden de no implicarse en los trabajos parlamentarios más de lo que fuera estrictamente indispensable para la defensa de los intereses vascos y, más concretamente, de su autogobierno. Podríamos remontarnos más atrás, pero creo que la experiencia de la II República resulta clarificadora y suficiente para ilustrar esta cuestión.

En efecto, entre los años 1931 y 1936, el PNV tuvo diputados propios en las Cortes republicanas. Seis en las constituyentes -a los comicios de 1931 concurrió en coalición con tradicionalistas e independientes católicos-, doce durante el bienio negro y nueve en la legislatura del Frente Popular. Sin embargo, basta repasar los diarios de sesiones del periodo para darse cuenta de que -salvo en el caso de Irujo y alguno más- su participación en los trabajos parlamentarios de la cámara no fue particularmente intensa. Si como muestra sirve un botón, valga el testimonio de Telesforo de Monzón, cuando reconocía a Iñaki Anasagasti en 1973 que “no hablé mucho aquellos años en el Congreso” [Llámame Telesforo, pág. 39]

Esa menguada participación a la que alude Monzón -que se puede contrastar sin dificultad en los registros oficiales- no era fruto de la indiferencia o de la pereza. Era expresión de la consigna que los diputados nacionalistas recibieron de su partido para no implicarse en la labor parlamentaria más que en la medida en que fuera estrictamente necesario para defender Euskadi y trabajar por el Estatuto. Para un nacionalista vasco -decían-  no era lícito involucrarse más.

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No me refiero exclusivamente al blog; que también. Me refiero, sobre todo, al proceso de puesta en marcha de la legislatura inaugurada el 20-N. Esta mañana nos han sido entregadas a los electos por Bizkaia las credenciales de nuestra proclamación. En los próximos días nos acreditaremos ante las cámaras correspondientes, y éstas, según lo prescrito, se constituirán el día 13 de diciembre.

 

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