El Consejo de Estado francés acaba de declarar que la ley recientemente aprobada por el país vecino para castigar, como delito -con penas de hasta un año de prisión y 45.000 euros de multa- la negación del genocidio armenio, vulnera la libertad de expresión y comunicación. Se trata de un pronunciamiento muy importante que, sin duda alguna, va a dar que hablar en las próximas semanas, porque incide sobre una cuestión controvertida, que viene rodeada por la polémica y ha dado pie a numerosos debates.
En anteriores entradas de este blog he hecho referencia ya al genocidio armenio y a las declaraciones solemnes que muchos parlamentos de todas las latitudes del planeta han hecho para dejar patente su público y oficial reconocimiento (ver, entre otros, el post titulado «Turquía y la cuestión armenia», que vio la luz el 11.03.10 y el que lleva por título «El genocidio armenio en el Congreso de los Diputados», publicado el 11.03.11). Cuando la cuestión se planteó en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados -pronto se cumplirá un año de ello- voté a favor de la Proposición; una Proposición que, lejos de mirar al pasado para estimular el odio y reaviviar la llama del enfrentamiento, estaba concebida desde el propósito de propiciar el entendimiento y la reconciliación. Aunque sólo se trataba de una resolución declarativa, lo cierto es que la iniciativa no prosperó. Ya consigné en su día los motivos por los que creía -y creo- que fracasó. Pero la ley francesa daba un paso más. No se limitaba a instituir la memoria reconocer con carácter oficial la existencia de un hecho histórico. Preveía, además, la tipificación como delito y la imposición de penas -incluso de privación de libertad- a los que negasen su existencia.