La verdad es que no ha sorprendido a nadie. Ya lo anoté la semana pasada en este mismo foro. Estaba cantado que, antes o después, Rosa Díez iba a plantear en el Congreso alguna iniciativa encaminada a exigir al Gobierno la puesta en marcha de los mecanismos judiciales legalmente previstos para la ilegalización de Bildu y Amaiur. Los populares han insistido tanto, y durante tanto tiempo, en la necesidad de activar sin demora esos mecanismos, que la presidenta de UPyD ha querido ponerles a prueba.
Es cosa sabida que, cuando se trata de afrontar los problemas directa o indirectamente relacionados con ETA y su entorno, las poses de firmeza tienen muchos adeptos entre los electores españoles. Unos adeptos a los que resulta mucho más fácil satisfacer desde la libre demagogia del opositor que desde la obligada responsabilidad del gobernante. Y Rosa Díez ha querido aprovechar el acceso del PP al Gobierno para tensar la cuerda y tomarles la pedida a Rajoy y sus seguidores. Su estrategia era francamente redonda. Nada tenía que perder. Ocurriese lo que ocurriese, su formación salía ganando. Si conseguía empujar al Ejecutivo hacia la vía de la ilegalización, el mérito era suyo. Y si, por contra, el Gobierno se resistía a avanzar en esa dirección, el activo electoral que acompaña al discurso de la intransigencia, abandonaría automáticamente a los populares para pasar en bloque a respaldar a UPyD.