La semana pasada aproveché la sesión de control para preguntar a Rajoy sobre las gestiones que está llevando a cabo el Gobierno que preside, con el fin de procurar la inmediata puesta en marcha de un nuevo sistema de arrendamiento fiscal que, una vez autorizado por la Comisión Europea, ponga fin a la parálisis que ha impuesto en el sector naval, el procedimiento de investigación formal que la UE acordó iniciar en junio del año pasado, imponiendo la suspensión del tax lease vigente hasta entonces en el Estado español. Nuestra preocupación por el asunto no es nueva. En julio de 2011, cuando se manifestó el problema, ya presentamos una interpelación sobre el mismo tema, que defendió con rigor y seriedad nuestro portavoz económico Pedro Azpiazu.
Esta tarde hemos debatido una Proposición No de Ley del BNG que apunta en la misma dirección. Aunque -todo sea dicho- la iniciativa de los nacionalistas gallegos pone especial énfasis en la defensa de los astilleros de Navantia situados en la ría de Ferrol. No se puede decir que se centre exclusivamente en ellos pero, como cabe suponer, les presta especial atención.
Dicho sintéticamente, el conocido como sistema de arrendamiento fiscal, o tax lease, está constituido por un conjunto de previsiones tributarias, mayoritariamente relacionadas con el Impuesto de Sociedades, que hacen posible que la construcción naval europea pueda hacer frente a la, por lo demás, irresistible competencia asiática. Todos los países de la UE en los que la industria naval tiene algún peso -como Francia, Holanda o Dinamarca-cuentan con un sistema de estas características. Sin su existencia, hace tiempo ya que la construcción de buques sería una actividad exclusivamente localizada en Asia: en Corea y, sobre todo, en China.
Blog de Josu Erkoreka 