Blog de Josu Erkoreka

En el último Pleno ordinario del Congreso se aprobó una Moción del Grupo Parlamentario vasco que, pese al escaso interés que ha despertado en los medios de comunicación, no quisiera dejar de mencionar en esta bitácora por la importancia que creo que encierra de cara a ese reto pendiente que todos tenemos con la eliminación de los obstáculos que imposibilitan, dificultan o entorpecen el libre desenvolvimiento de las personas afectadas por alguna discapacidad que limita su movilidad. Siempre he pensado que la existencia de un espacio público diseñado con arreglo a las necesidades de estas personas, constituye un indicador inequívoco de desarrollo humano y civilidad. Una sociedad que se preocupa de sus discapacitados físicos y procura los medios necesarios para facilitar su movilidad y, de ese modo, propiciar su integración, es una sociedad madura, solidaria y de valores.

En Euskadi es, por fortuna, abundante, la normativa administrativa dictada en los últimos años con el fin de eliminar de las vías públicas y de los edificios institucionales, las trabas con las que se enfrenta día a día la movilidad del discapacitado físico. Algunos Ayuntamientos han sido más ambiciosos que otros a la hora de avanzar en este terreno, pero no creo exagerar si afirmo que, en conjunto, la situación es, hoy, notablemente mejor que la que conocimos hace tan solo dos o tres décadas.

También en el ámbito privado se han dado algunos pasos en la buena dirección. Pero es en este terreno donde, sin duda alguna, más trabajo queda por hacer. Y los diputados del PNV estamos por la labor de empujar para que el Congreso asuma la parte de responsabilidad que le toca en este quehacer colectivo y aborde las reformas legislativas que son de su competencia para. No tiene sentido que, una vez concluida la primera década del siglo XXI, continúen en vigor normas civiles concebidas para una sociedad eminentemente rural y falten normas para disciplinar el entorno urbano, las comunidades de vecinos y los bloques de viviendas por pisos, con las miras puestas en facilitar su habitabilidad por parte de las personas aquejadas de alguna discapacidad física.

Hace más de un año defendimos en el Congreso una Proposición de Ley en la que se planteaba la reforma del Código Civil y de la Ley de Propiedad Horizontal, con el fin de remover algunos de los obstáculos legales que impiden a las comunidades de vecinos llevar a cabo las obras que resultan necesarias para garantizar la accesibilidad de los minusválidos que residen en los edificios de viviendas organizados por plantas (Véase el post titulado “De nuevo en el Congreso«, publicado el 16.06.09). La iniciativa no fue tomada en consideración, porque los diputados del PSOE votaron negativamente y los del PP se abstuvieron. Todos los demás apoyaron la tramitación de la iniciativa, pero su respaldo no fue suficiente para dar la vuelta a la beligerancia de los socialistas y al desinterés mostrado por los populares.

No nos conformamos con aquel resultado. Sabemos por experiencia que las iniciativas que defienden causas justas no siempre se abren camino a la primera. He conocido varios casos en los que una propuesta plausible ha tenido que ser sometida a la cámara en cinco, seis e incluso en más ocasiones, para que pudiera obtener la mayoría que requería su aprobación. Es claro, pues, que no hay que ceder ante la primera dificultad. Por eso hemos vuelto a plantear el asunto, a través, en este caso, de una Proposición No de Ley que insta al Gobierno a reformar ambas normas –el Código Civil y la Ley de Propiedad Intelectual- con el fin de facilitar la remoción de los obstáculos arquitectónicos de los edificios o inmuebles que supongan barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad o movilidad reducida y, de manera especial, las que resulten de servidumbres de paso y servidumbres de vistas que dificulten la eliminación del citado tipo de barreras. Se exige, singularmente, que se amplíen los criterios de obligatoriedad previstos en la norma actual para llevar a cabo obras de accesibilidad a los inmuebles, eliminándose la necesidad de mayorías.

Inesperadamente, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Su contenido era muy parecido al de la iniciativa que la cámara rechazó tramitar en junio del año pasado pero, en esta ocasión, no se ha encontrado con las negativas y las displicencias de entonces.

Creo que la resolución constituye un gran paso adelante, que despierta la esperanza de muchas personas afectadas por discapacidades de carácter físico, a las que la normativa vigente no les permite promover en las comunidades de vecinos en las que viven, los acuerdos necesarios para eliminar las barreras existentes en los elementos comunes del edificio que dificultan su movilidad u obstaculizan su accesibilidad. Las asociaciones legalmente constituidas en el ámbito de las minusvalías están de enhorabuena. Y con ellas, todos los ciudadanos mínimamente sensibles con la problemática de los discapacitados físicas. Ahora toca vigilar al Gobierno para que dé cumplimiento, en el plazo establecido, al contenido de la resolución parlamentaria.