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Archive for 22/12/10

Lo que pomposamente se conoce como Ley Sinde no es, en realidad, más que una disposición muy concreta -la Disposición final segunda, para ser más exactos- del proyecto de Economía Sostenible que el Gobierno remitió al Congreso la pasada primavera para ser publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 9 de abril de este año. Bueno, en puridad jurídico-parlamentaria habríamos de decir que en estos momentos no es ni eso, porque la disposición a la que me refiero fue rechazada ayer por la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.

Se trata, sin embargo -o se trataba, más bien, al menos hasta que no sea rescatada por algún Grupo Parlamentario para su tramitación en el Senado o para su incorporación a otro proyecto legislativo- de una disposición bastante extensa, que se proponía modificar nada menos que tres leyes -La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la Ley de Propiedad Intelectural y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa- con el fin declarado de proteger “la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y del comercio electrónico”.

El aspecto más controvertido del proyecto del Gobierno es, resumidamente expuesto, la creación, en el seno del Ministerio de Cultura, de un órgano nuevo, denominado Comisión de Propiedad Intelectual, a cuya sección segunda se le encomienda “la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información”. A tal fin, la citada Comisión queda autorizada para interrumpir, previa autorización judicial, “la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o que haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial”.

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