Blog de Josu Erkoreka

Acabo de leer el documento que hoy ha hecho público el PP con sus propuestas para luchar contra la crisis económica. En uno de sus primeros puntos, referido a la sostenibilidad de las finanzas públicas y la austeridad presupuestaria, el documento plantea la necesidad de

«Cumplir los mandatos del Congreso de los Diputados de acometer una reducción y racionalización de la estructura del Gobierno y de sus Altos Cargos, recogidos en las iniciativas aprobadas el 28 de abril de 2009, el 16 de junio de 2009, el 27 de octubre de 2009 y el 9 de febrero de 2010, respectivamente»

De las cuatro iniciativas que cita el Partido Popular, dos -es decir, la mitad- fueron promovidas por el Grupo Parlamentario vasco (EAJ-PNV). Más allá de matices y singularidades, todas cuatro se situaban en la misma senda: abogaban por la simplificacion de estructuras y la racionalización de los procedimientos de actuación de la Administración Pública.  Pero repasemos brevemente el contenido de cada una de ellas:

1.- La primera, que data de hace casi un año, fue una Moción del Grupo Vasco en la que se instaba al Gobierno a remitir al Congreso antes del mes de septiembre un Plan de reforma y modernización de la Administración General del Estado, basado en criterios de «austeridad, eficacia, eficiencia y calidad». Esta iniciativa suscitó cierto morbo mediático, porque en ella se exigía al Gobierno a reducir su estructura «en, al menos, un Ministerio de los actualmente existentes». La iniciativa se aprobó por holgada mayoría, pero con el voto en contra de los diputados socialistas. Y el Gobierno, siempre aplicado en el respeto a la supremacía del Parlamento y su centralidad institucional, no ha dado un solo paso para darle cumplimiento.

2.- La segunda se inscribió en una interpelación registrada por ERC, e incluía numerosas medidas de racionalización de la organización y el funcionamiento de la Administración del Estado. Su punto 6º, el más mordiente, establecía:

«El Congreso de los Diputados, reiterando la necesidad de reducir la estructura actual del Gobieno ya acordada por esta Cámra, insta al Goiberno español a suprimir los Ministerios de Cultura, Vivienda e Igualdad, de forma que sus actuales atribuciones pasen a ser asumidas por los Ministerios de Educación, Fomento y Sanidad y Asuntos Sociales, respectivamente».

Tampoco esta Moción contó con el apoyo de los diputados socialistas; lo que, sin embargo, no fue óbice para que concitara el respaldo de la mayoritario del hemiciclo. Empero, tampoco en este caso se ha dado el Gobierno por enterado. Los socialistas son unos fervorosos partidarios del parlamentarismo, excepto cuando el Parlamento adopta acuerdos que no les interesan o no les gustan.

3.- La tercera consiste en una Proposición de Ley del Grupo Vasco (EAJ-PNV) en la que se plantea una reforma en toda regla de la Ley de Gobierno. Esta iniciativa perseguía un objetivo muy claro: vista de la nula atención que el Gobierno presta a las Mociones del Congreso de los Diputados -las dos citadas en los puntos anteriores siguen, aún hoy, durmiendo el sueño de los justos en algún cajón de la Secretaría General de la cámara- la Proposición plantea una modificación formal del texto de la Ley, con el fin de asegurar que el Ejecutivo cumpla de una vez con los dictados del Parlamento. Porque el Gobierno puede incumplir las Mociones del Parlamento -es poco presentable desde un punto de vista democrático, pero puede hacerlo, dado que son políticamente obligatorias pero no jurídicamente vinculantes-, mas no puede disimular el incumplimiento de una Ley vigente. La iniciativa pretende que el texto de la Ley sea el siguiente:

«El Gobierno se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros. El Presidente organizará el Gobierno atendiendo a criterios de racionalidad, austeridad y eficiencia, y en ningún caso podrá contar con más de dos Vicepresidencias, ni podrá superar el número de catorce Ministerios».

Si se tiene en cuenta que, en la actualidad, el Gobierno se cuenta con tres Vicepresidencias y diecisiete Ministerios, la entrada en vigor de esta reforma obligaría ineludiblemente a Zapatero a adelgazar la estructura de su gabinete, eliminando una Vicepresidencia y tres Ministerios.

4.- La cuarta corresponde a una Proposición no de Ley del PP, que fue aprobada -también con el voto en contra de los socialistas- en el primer Pleno del presente periodo de sesiones. Es decir, hace escasamente un mes. Entre otras medidas de austeridad, eficiencia y moderación del gasto, la Proposición insta al Gobierno, a

«…realizar, con carácter inmediato, una profunda reestructuración del Gobierno y de la Administración General del Estado con el objetivo de reducir, al menos en un 25%, el número de altos cargos y asesores».

De estas cuatro iniciativas que el PP cita en su documento de alternativas contra la crisis, tan sólo la tercera puede tener un efecto coercitivo real sobre el Gobierno. Sólo ella puede garantizar una reducción efectiva de las estructuras gubernamentales, porque es la única que, una vez tramitada, aprobada y convertida en Ley, puede obligar jurídicamente al Ejecutivo a suprimir una Vicepresidencia y tres Ministerios. Las otras tres han servido para generar debate y sacar los colores al Gobierno -si es que aún le queda alguna capacidad para ruborizarse- pero carecen de fuerza vinculante. Si el Gobierno las incumple, tan sólo se gana el reproche político de ignorar los mandatos parlamentarios. Nada menos, pero tampoco más.

Sin embargo, esa Proposición -insisto, la única que puede hacer efectiva la meta, tantas veces expresada por el Parlamento, de adelgazar el Gobierno y reducir los michelines administrativos- lleva varios meses estancada en el Congreso de los Diputados. Semana tras semana, la mesa acuerda ampliar el plazo establecido para la presentación de enmiendas, lo que impide su debate y aprobación.

¿Y quién es -se me preguntará- el que está poniendo obstáculos a la tramitación de esa iniciativa?

El PSOE, por supuesto. Pero los socialistas, no pueden, por sí solos, paralizar la Proposición. Les hace falta el concurso de otro Grupo Parlamentario para congelarlo durante tanto tiempo -ya suman cuatro meses-.

¿Qué Grupo Parlamentario le presta su concurso para ello? ¿No lo adivinan? Efectivamente: el PP. Cada martes, un diputado del PP firma, junto con otro del PSOE, la solicitud de ampliación del periodo de enmiendas que está impidiendo la tramitación de la única iniciativa que puede forzar realmente al Gobierno a dar un paso en la línea de la austeridad.

Ya me dirán, por tanto, la credibilidad que acompaña a todos los cantos que el PP está haciendo a favor de la austeridad del Gobierno y la simplificación de las estructuras de la Administración. Dicen una cosa, pero hacen la contraria.