Blog de Josu Erkoreka

Es curioso. Mañana, martes, 13 de octubre de 2009, debatiremos en el Congreso, tras varios años de espera, la toma en consideración de la Proposición de Ley del Parlamento vasco que impulsa las reformas legales que han de llevarse a cabo para hacer efectivo lo que, impropiamente, se ha venido en denominar blindaje del Concierto Económico. Y cuanto más cerca nos encontramos de la fecha, voces socialistas -o filosocialistas- intensifican sus referencias a las fórmulas alternativas que -a su entender- permitirían alcanzar el mismo objetivo sin necesidad de recurrir a las instituciones centrales del Estado o de modificar leyes orgánicas al parecer intocables.

Se trata de una contradicción llamativa. Por un parte no dejan de lanzar mensajes anunciando que serán coherentes con la actitud que en su día adoptaron los parlamentarios socialistas vascos cuando apoyaron la Proposición que ahora llega al Congreso -y hasta nos adelantan, a través de algún medio de comunicación afín, que López está personalmente implicado en ello- pero por otra no desaprovechan la más mínima ocasión para hacer notar que la iniciativa sobre la que mañana ha de pronunciarse la cámara baja constituye un mero capricho “del nacionalismo” -para ellos “el nacionalismo” por antonomasia es el vasco; lo suyo, ya se sabe, es meritorio y encomiable patriotismo- porque, sin salir de Euskadi, es posible -dicen- garantizar que las normas forales fiscales no puedan ser impugnadas, como lo vienen siendo hasta ahora, por cualquier persona o entidad que pueda invocar un interés legítimo. No me digan que no es sorprendente. Se ponen al frente de la manifestación y, simultáneamente, se apartan de ella. Se presentan como los máximos garantes de que el “blindaje” pueda llevarse a efecto -nos anuncian que Patxi se encuentra personalmente implicado en ello- y, al mismo tiempo, lo siguen criticando como una pretensión absurda e infundada “del nacionalismo”.

¿En que quedamos?

Estos días atrás nos hemos vuelto a encontrar con gente del entorno socialista que insiste en la cantinela del “sí pero no”: “Sí -nos dicen- pero que conste que no es necesario”; “sí -añaden- pero que quede claro que es un capricho “del nacionalismo”; “sí -concluyen- pero podía haberse logrado el mismo objetivo a través del Parlamento vasco”. El “sí” es para enfatizar la importancia que los socialistas vascos tienen en la consecución de un objetivo tan largamente acariciado por la sociedad vasco. Y el “pero” es para restar virtualidad al “nacionalismo”, y presentarlo como un movimiento que sólo genera problemas ficticios que es capaz de resolver.

El jueves pasado, Joseba Arregui -presidente de Aldaketa- publicaba un artículo en El Periódico de Catalunya, en el que se sumaba a esta corriente, observando que el fin pretendido por el mal llamado blindaje del Concierto Económico -yo no sé quien fue el que acuñó esta expresión pero Arregui no duda de que fue “el nacionalismo” con sus habituales aviesas intenciones- “se puede alcanzar introduciendo cambios en la ley vasca de territorios históricos, de forma que el Parlamento vasco pudiera elevar las normas aprobadas por las juntas generales de cada territorio al rango de ley autonómica”. No entro ahora en analizar otros contenidos del artículo, que podrían ser matizados e incluso objetados sin especial dificultad, porque no quiero desviar la atención del asunto que me interesa. Según Arregui, “Cuando se sinceran los líderes nacionalistas, llegan a decir lo que realmente quieren: que sean las leyes generales del Estado las que se cambien para que no haya que tocar la ley vasca de territorios históricos; que las comunidades limítrofes a Euskadi no puedan recurrir las normas forales fiscales, algo imposible dentro del entramado jurídico español”.

Todo es inexacto. Como luego señalaré, ni introduciendo cambios en la ley vasca de territorios históricos es posible lo que pretende la Proposición del Parlamento vasco, ni semejante medida puede hacer que el Parlamento vasco pueda elevar las normas aprobadas por las juntas generales al rango de ley autonómica, ni es tan evidente que el Parlamento vasco pueda dedicarse a elevar de rango las normas fiscales de las juntas generales, ni es cierto que, según entramado jurídico español, sea imposible que las comunidades limítrofes no puedan recurrir las normas forales fiscales.

En una línea muy semejante, Jon Larrinaga sostenía ayer en un debate publicado en la prensa escrita que lo relativo al “blindaje” del Concierto, “no es un tema que no podamos resolver nosotros mismos”. Y argumentaba: “…lo fundamental del Concierto estaría a salvo con una ley de armonización fiscal, y no sé si habrá que modificar incluso la ley de LTH. Se perdería del modelo la autonomía tributaria de cada diputación, y se supone que las diputaciones estarían obligadas a homogeneizar su regulación fiscal”. Su tesis es igualmente insostenible con el ordenamiento jurídico en la mano. Una ley de armonización fiscal aprobada por el Parlamento vasco no puede solventar la cuestión del rango de las normas forales fiscales, ni puede suplantar a estas. Y la reforma de la LTH no resuelve nada.

¿En qué baso estas consideraciones?

Veamos.

La competencia de los territorios históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para “mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario”, no les viene atribuida por la LTH, sino por el Estatuto de Autonomía (Artículo 41.2 a). El Parlamento vasco sólo está facultado para dictar normas de “coordinación y armonización fiscal” entre los tres territorios, pero no para suplantar a estos en el ejercicio de su competencia tributaria. No es lo mismo mantener, establecer y regular el régimen tributario, que dictar normas de armonización y coordinación.

Tampoco la fórmula de la convalidación es útil en este caso. Si el Parlamento vasco se dedica a “convalidar” las normas forales de carácter fiscal, para otorgarles rango legal, estaría vulnerando el Estatuto de Gernika porque, en tal caso, sería la Ley del Parlamento la que introdujese en el ordenamiento jurídico el régimen tributario foral y el estatuyente ha encomendado esa competencia a los territorios históricos.

Alguien podría objetar: ¡Pues refórmese el Estatuto de Gernika! Bien, pero eso no es algo que podamos “hacerlo nosotros”, ¿o sí? La reforma del Estatuto ha de ser aprobada por las Cortes Generales. Y pregunto yo: ¿Es más fácil reformar el Estatuto que modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional? No precisamente. El procedimiento es mucho mas complejo en el primer caso que en el segundo. A parte de que… sería francamente interesante verles reclamar una reforma estatutaria a los que llevan años diciendo que el Estatuto es la única fórmula de convivencia posible entre vascos diferentes.

Pero aún hay más. ¿Podría el Estatuto quitar la competencia tributaria a los territorios históricos para dársela al Parlamento vasco? Tengo serias dudas. En su sentencia 76/1988, de 26 de abril, el Tribunal Constitucional vino a decir que

“Históricamente, la determinación de las aportaciones de las Haciendas Forales a la estatal ha venido realizándose mediante el sistema de conciertos, que implica un elemento acordado o paccionado, integrando del núcleo del régimen foral y que constituye, por tanto, parte del contenido mínimo de la garantía institucional de ese régimen, en cuanto que su desaparición supondría la de un factor esencial para que pudiera reconocerse pervivencia de la foralidad”

Según señala el párrafo transcrito la intervención decisiva de las haciendas forales en el régimen paccionado forma parte de “contenido mínimo de la garantía institucional de ese régimen”; de suerte que, desconocerla, supondría la vulneración de la propia Constitución.

Otro aspecto del “blindaje” que genera confusión -ya no sé si espontánea o inducida- tiene que ver con la afección a las comunidades autónomas limítrofes. Arregui dice que sólo cuando “los líderes nacionalistas se sinceran” reconocen que lo que se persigue con el “blindaje” es impedir los recursos de las comunidades limítrofes a Euskadi. En una línea de reflexión semejante, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, era apremiada a responder en una entrevista publicada a ayer, cómo reaccionaría el Ejecutivo socialista “si les piden garantías de que otras comunidades no recurrirán el acuerdo ante los tribunales”. Su respuesta es chocante:

“Pero es que ahí no tiene nada que decir el Gobierno. Las comunidades autónomas tienen capacidad jurídica de recurrir las leyes y eso es innegable. Así ha pasado, por ejemplo, cuando alguna autonomía ha recurrido un determinado punto del Estatuto de otra autonomía porque entendía que le afectaba. Quiero recordar ahora, como otro cualquiera, el caso de Andalucía, que ha sido recurrido por los temas hidrográficos. Por eso no sé quien ha podido hacer un comentario del tipo que usted dice. En cualquier caso, si finalmente logramos superar las dificultades que vemos con el blindaje, haremos una norma que jurídicamente sea plenamente constitucional, al menos a nuestro modo de ver, y que no restrinja derechos constitucionales de otras comunidades autónomas”

Sobre esta cuestión es preciso sentar un principio cuyo deficiente conocimiento o intelección está en el origen de los errores que se manejan. Las comunidades autónomas no están legitimadas para recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes aprobadas por las comunidades vecinas. No es que lo diga yo. Así lo establece la Constitución y lo repite la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Euskadi, por ejemplo, no puede interponer recurso de inconstitucionalidad contra las leyes de tasas e impuestos propios de Cantabria, Castilla-León o La Rioja. Y ninguna de ellas puede interponer recurso de inconstitucionalidad contra las leyes forales navarras que regulan los impuestos vigentes en el viejo reino. El caso que cita la vicepresidenta segunda no es de impugnación de leyes autonómicas, sino de estatutos de autonomía. Pero el Estatuto de Autonomía no es una ley autonómica. Es una Ley Orgánica del Estado.

Por lo demás, me ha conmovido la confesión de la vicepresidenta segunda del Gobierno. La prensa aseguró la semana pasada que López se implicaba personalmente en la negociación del blindaje del Concierto. Y ayer le preguntaba a la ministra si está “plenamente implicado en las conversaciones”. ¿Se dan cuenta de la expresión?: “Plenamente implicado”. La respuesta ha sido clara: “El Gobierno vasco está puntualmente informado de todos los avances en esas negociaciones”.

Así se entiende que tengamos que seguir negociando un asunto del que la prensa nos había sugerido que ya estaba resuelto porque López se había implicado personalmente en su resolución. No es lo mismo encontrarse “plenamente implicado”, que “puntualmente informado”.