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Posts Tagged ‘Zapatero’

La noticia política de esta mañana se encuentra en el resultado de las elecciones presidenciales francesas. Todos los titulares de prensa dedican especial atención a ese motivo informativo. También se han celebrado comicios en Grecia -con unos resultados dignos de ser analizados, dicho sea de paso-  pero los medios no les atribuyen tanta importancia en el inmediato devenir de Europa. De ahí que ocupen un segundo plano en las portadas de los diarios.

Sarkozy y Zapatero en un gesto afectuoso

Personalmente, me alegro de que Hollande se haya impuesto a Sarkozy en la jornada electoral de ayer. Creo que es una buena noticia en lo político y, por supuesto, en lo económico. Ya anticipé hace unos días los positivos efectos que su acceso al Eliseo puede comportar en el rumbo de las políticas económicas impulsadas desde la UE (véase el post titulado “Diez razones para diez enmiendas”, publicado en este blog el 25.04.12). Su acceso a la suprema magistratura francesa permite abrigar la fundada esperanza de que, por fín, las políticas de rigurosa austeridad procedentes de Europa, encontrarán el imprescindible complemento de una apuesta pública por el estímulo de la economía y el crecimiento.

Hace tres años, en abril de 2009, Sarkozy cursó una visita de Estado a Madrid. Como hice notar en aquél momento, fue una visita desaforadamente teatral y literalmente volcada en la puesta en escena (ver el post titulado “Carla Bruni ha estado en Madrid. Bueno, y también Sarkozy”, publicado en este blog el 29.04.09). Alentada por los medios de comunicación, la opinión pública prestó más atención al primoroso estilo de la primera dama que a la agenda de trabajo del presidente. Tras el obsesivo empeño de comparar a Carla con Letizia -al que no sólo se apuntó la prensa del corazón sino también las cabeceras aparentemente serias- se impuso una sonrojante sensación de superficialidad. La pasión adolescente que el presidente exhibió públicamente hacia su glamorosa esposa, encandiló a unos e irritó a otros, pero a nadie dejó indiferente. En cualquier caso -y aquí radica el problema- casi todos centraron sus focos de atención en ese aspecto de la visita.

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En el Pleno de hoy se han debatido las enmiendas a la totalidad registradas en la cámara contra el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012. Han sumado un total de diez. Las enmiendas a la totalidad, quiero decir. Diez. Se trata de un número francamente elevado. Nunca antes, en mi vida parlamentaria, había visto una oposición tan generalizada a las cuentas públicas del Gobierno. Excepto el diputado del Foro Asturias y el de UPN, que han salido en defensa de la política económica del PP, todos los grupos del hemiciclo nos hemos enfrentado a la propuesta gubernamental.

La primera en registrarse fue la enmienda del PNV. La última la presentó Amaiur, justo el día en el que se cerraba el plazo. Todas solicitan la devolución del proyecto al Gobierno, pero es evidente que no todas obedecen a las mismas razones. Antes al contrario, la argumentación que les da sustento es de lo más variada. Un auténtico potpourri. Se les achacan a los presupuestos elaborador por el Gobierno cosas tan diferentes como que discrimina a los Països Catalans en el capítulo de las inversiones -ERC denuncia que “aunque los Paísos Catalans tienen el 29,03% de la población, las inversiones reales del Estado representan tan sólo un 9,86%”-, que perjudica a la Administración General del Estado en el capítulo de los recortes -UPyD se queja de que mientras se desmantela el aparato administrativo estatal “se mantienen intactas las 166 oficinas de representación internacional de las CCAA (que superan en número a las 118 embajadas de España)”- o que no favorecen, como denuncia Amaiur, “un nuevo modelo socieconómico que nos permita construir una sociedad justa, basada en la sostenibilidad de la vida a través de la igualdad de derechos sociales y, en general, de todos los derechos de mujeres y hombres, en el reparto del trabajo, del poder y de la riqueza en armonía con la madre tierra”.

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El proceso abierto en el seno del PSOE para la elección de la persona que ocupará la secretaría general de esta formación política durante los próximos cuatro años, se está viendo salpicado por declaraciones de militantes afines a las dos candidaturas, en las que se advierte un cierto regusto neonacionalista español. No lo digo como crítica –cada partido es libre de marcar la línea política que más le apetezca- sino como constatación; como una constatación que.-sería absurdo negarlo- incluye, en mi caso, un punto de inquietud por las consecuencias que puede acarrear. En cualquier caso, no puedo dejar anotarlo aquí: en los últimos días me parece advertir en el seno del PSOE un claro rearme de la retórica nacional española, que parece querer saldar cuentas con el pasado más reciente, con el propósito de recuperar la firme vocación españolista de esta formación política.

El acceso de Zapatero a la cabeza del partido socialista y su posterior encumbramiento a la presidencia del Gobierno, vinieron acompañados de un discurso y unas actitudes que, de alguna manera, reflejaban un cierto desapego con respecto a la idea nacional española. Recuerdo una conversación que mantuve con Jesús Caldera en torno al año 2004, en la que el entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social, intentaba convencerme de que la generación que en aquellos momentos se encontraba en la dirección del PSOE -la elegida en el Congreso de julio de 2000- carecía de afectos y emociones nacionales, porque el discurso patriotero del españolismo, auspiciado desde la derecha, nada les había aportado en su desarrollo vital, personal o profesional. Sus afectos y emociones políticas -argumentaba Caldera- se articulaban en torno al eje de la igualdad y la solidaridad, no alrededor del eje nacional español. “¿Qué me han dado a mí la retórica nacional española y los valores que la sustentan?” “¿Qué nos han aportado a los socialistas de mi generación?” “¿Acaso nos ha proporcionado estudios, trabajo o condiciones para el desarrollo personal?”

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Durante la segunda parte de la legislatura que acaba de finalizar, he publicado varias entradas dando cuenta de las cifras en las que se reflejan los apoyos y rechazos que las iniciativas normativas tramitadas en el Congreso de los Diputados, han recibido por parte de los diferentes grupos parlamentarios (sirva como ejemplo, el post titulado “Las cuentas parlamentarias de 2010 y las expectativas para 2011”, publicado el 2.01.11). Creo que, en general, los datos que he sacado a la luz -directamente extraídos de los registros oficiales de la cámara- han servido para romper tópicos. Han puesto de manifiesto, de modo claro e incuestionable, que algunos de los partidos que se han vendido a sí mismos como como la más cerril oposición a Zapatero, se encuentran, curiosamente, entre los que más intensamente han avalado sus propuestas normativas en las Cortes Generales. Y han puesto en evidencia, igualmente, que los que la opiniòn publicada ha elevado a la categoría de “sostén” de Zapatero, no siempre destacan en los apoyos prestados a sus iniciativas. Sin embargo, ningún medio de comunicación se han hecho eco de ellos. La verdad, estadísticamente verificable, no interesa a nadie. Es mejor aferrarse a las “verdades” fabricadas a través de los titulares y ocultar todo lo que no encaja en el molde previamente fabricado. 

En esta ocasión, aporto la estadística correspondiente a 2011 -la que recoge las votaciones celebradas en el Congreso de los Diputados entre los meses de enero y septiembre de este año- y el cuadro general del conjunto de la legislatura. Ahí están las cifras. Su interpretación es libre, obviamente, siempre que se lleve a cabo sin quiebra de las pautas razonabales que deben guiar la hermenéutica.

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La farsa ha terminado. Todavía queda el trámite del Senado, pero se puede decir que la reforma del artículo 135 de la Constitución es un hecho. Nadie lo pone en duda ya. El aplastante rodillo parlamentario forjado entre el PSOE y el PP lo asegura. En la sesión de hoy, que ha servido para dar el visto bueno del Congreso a la reforma, los populares estaban exultantes. El PSOE les está prestando una ayuda inconmensurable para implementar su programa electoral, ante, incluso de ganar las elecciones y hacerse con las riendas del Gobierno. En las filas socialistas, por el contrario, reinaba la desolación. Solo dos diputados de su Grupo Parlamentario han tenido las agallas suficientes como para desmarcarse de la disciplina del voto, pero no hacía falta ser demasiado perspicaz para darse cuenta de que la gran mayoría de los restantes, estaba deseando hacerlo, también. Su alma estaba con los cientos de personas que durante las primeras horas de la mañana se manifestaban en los alrededores del Congreso oponiéndose a esta reforma.

A uno de ellos, experto constitucionalista, le he preguntado si conoce algún caso, en el Derecho comparado, de reforma constitucional tramitada con tanta urgencia, oscurantismo y ausencia de garantías. Su respuesta ha sido lacónica pero clarificadora: “No. No, al menos, en el mundo democrático”. Sólo ha transcurrido una semana entre el momento en el que la iniciativa fue registrada cámara y el de su aprobación definitiva por el Congreso. Una sola semana. De viernes a viernes. Un tiempo récord si se tratase de una ley ordinaria. Algo insólito en una reforma constitucional.

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No hace falta que nadie intente convencerme sobre las bondades del equilibrio presupuestario. Comparto plenamente la regla básica de que, por norma general, no se debe gastar más de lo que se ingresa. Se trata de una regla saludable y plausible de buena gestión económica que vale -o debería valer- para todo tipo de entidades: para las familias, para las administraciones públicas y también, aunque muchas veces no se note, para los equipos de fútbol. Con carácter general, no se debe gastar lo que no se tiene. Esa es la regla básica.

Ahora bien, todo lo que esta regla tiene de positiva, prudente y razonable, desaparece completamente a partir del momento en el que se incorpora, con carácter imperativo, a la norma más rígida del ordenamiento jurídico, que es la Constitución. Como pauta básica de gestión económica, la regla es excelente. Pero como norma constitucional es funesta.

Cuando lo que es de sentido común se tiene que expresar a través normas rígidas y coercitivas, pierde completamente todo lo que tiene de sentido y todo lo que tiene de común. Y esto es, a mi entender, lo que sucede con la reforma constitucional planteada de consuno entre el PSOE y el PP; que rompe la máxima que en mi opinión debe guiar el equilibrio presupuestario: preconizar sí, constitucionalizar no. Preconizar sí, porque el equilibrio presupuestario, prudentemente gestionado, contribuye eficazmente a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero constitucionalizar no, porque, como toda regla general, la del equilibrio presupuestario ha de tener sus excepciones. Y la rigidez de la carta magna es incompatible con la flexibilidad y al buen sentido que ha de presidir la gestión de esas excepciones.

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Ya estamos en precampaña. Desde que Zapatero anunció, el pasado viernes, que las elecciones generales tendrán lugar el próximo 20-N, en los partidos y en los medios de comunicación se ha impuesto un denso ambiente de precampaña, que lo imprenga casi todo. Los partidos políticos que eligen a sus candidatos por el muy democrático método digital, ya han designado a sus cabezas de cartel. Y los que ocultan el dedo, cubriéndolo con guantes de apariencia participativa, también. Las primarias y esas cosas son para los cursos de verano que especulan sobre la estructura democrática de los partidos políticos. Pero la eficacia electoral no puede estar al albur de esas menudencias. ¡Faltaría más!

¿Qué mejor, cuando se anuncia la disolución de las Cortes, que darse un garbeo por el enclave de Escaño, en Villarcayo (Burgos)?

Como en el PNV no se pueden conformar las candidaturas electorales sin la efectiva participación de las bases militantes -está terminantemente prohibido hacerlo, por los propios estatutos- acabamos de dar inicio al procedimiento previsto para tal objeto en las normas de organización interna. Para la segunda mitad de septiembre ya estará definido el cartel electoral de los jeltzales.

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Ayer, el orbe socialista quedó estupefacto cuando se desayunó con un ejemplar de El País, que incluía un editorial y un extenso artículo de opinión, firmado nada menos que por Juan Luis Cebrián, en los que se ponía a Zapatero como chupa de dómine y -matiz arriba, matiz abajo- se urgía a una convocatoria electoral inmediata. La política española da para mucho, ciertamente, pero ni aun así es habitual encontrarse con un diario que hace íntegramente suya la consigna principal -¡elecciones ya!- que el partido político menos afín repite insistentemente con el propósito de erosionar al teóricamente más cercano.

Líneas divergentes

A nadie mínimamente informado se le ocultan las divergencias -ya seculares- que separan a El País de Zapatero. Todo el mundo conoce sus causas y su evolución, por lo que no voy a dedicar tiempo y esfuerzo a consignarlas en este lugar. También es de común conocimiento que Rubalcaba ha conservado con Prisa el buen clima que en el pasado presidió las relaciones de los socialistas con este grupo informativo. Nadie cree probable, por ello, que las dos piezas citadas se hayan publicado sin conocimiento -ni aquiescencia- del candidato que encabezará las listas del PSOE en las próximas elecciones generales. Es seguro que Rubalcaba estaba al tanto de su publicación y, además, conforme con la misma. Nada de esto ocurre por casualidad y ya se nos pasó la edad de regocijarnos en la candidez. Si alguien lo dudaba, ahora, ya nadie puede llamarse a engaño. Hoy sabemos que siguiendo con la terminología que utilicé en un post que vio la luz en este mismo blog hace unos días (ver, “La fecha de las elecciones o la necesidad de elegir entre los valores y los resultados”) Zapatero es partidario de los “valores” y Rubalcaba de los “resultados”. Aunque nadie debe dudar de que este último sabrá hacer uso de las múltiples cualidades que le adornan, para vender los “resultados” como “valores”.

Como me comentaba esta mañana un diputado socialista con el que me he cruzado en los pasillos, ya se empiezan a hacer notar las “técnicas Rubalcaba”.

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Se atribuye a Habermas una máxima política que, de puro obvia, casi podría formar parte del refranero popular. Dice así: “Las democracias se legitiman por los resultados o por los valores. Cuando hay resultados, los valores pasan a un segundo plano. Pero cuando los resultados fallan, los valores se convierten en la clave”. Si Habermas hubiese asistido a las conversaciones que los partidos políticos han entablado en Euskadi tras las elecciones del 22-M, hubiese descubierto que, al menos en algunos casos, se invocan los valores hasta la saciedad pero, en realidad, solo se toman en consideración si al mismo tiempo se garantizan los resultados.

Un claro ejemplo de lo que digo es la actitud con la que los socialistas vascos han afrontado la gestión de los resultados arrojados por las urnas. En un principio, hicieron causa común con el PP para sostener, junto a ellos, que era preciso suscribir una especie de “pacto global” con el PNV, para impedir que Bildu se hiciese con el mando de las instituciones más relevantes, en aquellos lugares en los que la coalición comandada por los “independientes”, había ganado los comicios, pero sin alcanzar la mayoría absoluta.

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Esta semana he matenido una conversación informal con un periodista que trabaja para un medio de los numerosos -autenticamente incontables- que conforman el universo mediático de la derecha española. ¿Váis a seguir siendo el apoyo de Zapatero?, me preguntaba. La interrogante encierra un tópico de uso muy habitual en ese entorno mediático. Un tópico que descansa sobre el falso presupuesto de que las iniciativas legislativas del Gobierno cuentan, siempre, con el apoyo del Grupo Parlamentario vasco en el Congreso. Durante meses, hemos desarrollado un esfuerzo ímprobo por disipar ese equívoco. Nos hemos desgañitado aportando datos y estadísticas que desmienten y esa errónea creencia y ponen de manifiesto que el PNV no es, ni  mucho menos, el que más apoyos parlamentarios presta al Ejecutivo en las Cortes Generales. Hemos intentado explicar en prosa y también en verso -aunque en este último caso con escaso éxito estético, dicho sea de paso- que nuestros acuerdos con el PSOE se han circunscrito al terreno estrictamente presupuestario; y que al margen de las cuentas públicas hemos tenido y seguimos teniendo las manos libres para apoyar o rechazar las propuestas gubernamentales en función del grado en el que nos satisfaga su contenido o de la medida en la que hayan sido consensuadas con nosotros. Pero todo ha sido inútil. El tópico sigue en pie y aflora indefectiblemente cada vez que mantenemos contacto con algún periodista de los adscritos a este lugar común.

A principios de año publiqué en este mismo blog los datos oficiales que ilustraban el cuadro de apoyos recibidos por el Gobierno a lo largo de 2010 (Véase “Las cuentas parlamentarias de 2010 y las expectativas para 2011 (2)”, publicado el 2.01.11) . Allí se veía con claridad que el PNV no es, ni de lejos, el principal baluarte parlamentario del Gobierno. Que no lo ha sido, al menos, a lo largo de 2010, por mucho que en algunos  medios se haya difundido la impresión contraria.

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