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Posts Tagged ‘La España eterna’

En una entrevista que concedió hace ya más de una década a la revista Talaia, Javier Corcuera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, hacía un alegato en toda regla en contra del Concierto Económico y del modo en el que se está aplicando en Euskadi, y concluía su reflexión con un nota digna de ser tenida en cuenta: “Pero esto que estoy diciendo no lo podrá decir nunca ningún partido de aquí. Y creo que seremos pocos los particulares que nos atrevamos a sugerirlo”.

Desconozco lo que Corcuera quería significar exactamente con la expresión “partido de aquí”, pero lo cierto es que el Concierto Económico siempre ha tenido enemigos en tierra vasca. O dicho en otros términos, a las tesis de Corcuera nunca les han faltado aliados entre nosotros. No me refiero a los vascos que han mirado con reticencias al régimen concertado, ni a los que han ido fijando su posición con arreglo a la dirección en la que soplara el viento, sino a los que han defendido abiertamente su eliminación. A lo largo de los años, españolistas recalcitrantes, centralistas ortodoxos, uniformistas convencidos y furibundos antinacionalistas, de origen vasco, nacidos en Euskadi o residentes en ella, se han esmerado en aportar argumentos para denostar una institución, que consideraban un privilegio insolidario, y reclamar con urgencia su supresión.

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Hasi berria dugun urte honetan, 1812ko Konstituzioaren -«Constitución de Cádiz» eta La Pepa izenekin ere ezaguna da- berrehungarren urte urrena beteko da. Hori dela eta hainbat ekitaldi aurrikusita dago, Espainiako erakunde ofizialen -eta ez hain ofizialen- esanetan, Espainiari naziotasuna eta askatasunaren bidea eman zion arau nagusia gogoratu eta ospatzeko. Urtean zehar aukera bat baino gehiago izango dugu, seguru asko, gaiari buruz hitz egiteko. Ez baita makala izango urteurrenaren esanahia iruntziarazteko Espainiako erakundeetatik botako diguten propaganda-zaparrada. Gaur, ordea, Konstituzio horren euskarazko bertsioaren berri nahiko nuke eman. XIX. mendean idatzitako testu euskalduna nahiko nuke gogora ekarri. Arartekoak -Juan San Martinek- duela urte batzuk modu faksimilean argitaratu zuena.

Komentatzen ari naizen euskarazko bertsioa, ez da jatorrizko testu artikulatuaren hitzez-hitzeko itzulpena. Testuliburu gisa eginda dago. Galdera eta erantzunekin. Katexima izango balitz bezala. Eskoletako umeei erakusteko gisan atonduta dago, eta helburu horrekin idatzita hain zuzen ere.  Honela dio bere izenburuak: Jaquin-bide Iritaraudia, Españiaco Neurquidaren edo Constitucio berriaren erara adrezatua erritaren arguidoraraco, gazteen icasbideraco eta escola-maisuen usoraco, erderatic eusquerara itzuli du Apez Vicario Dn. D. I. F. A Guipuztarrac, 1820. urtean.

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El entorno mediático de la derecha española festeja, hoy, con ponderada satisfacción, el discurso patriótico con el que José Bono adornó la celebración oficial del 33º aniversario de la Constitución española de 1978. Según refieren las crónicas, su alocución arrancó con un contundente, «hoy es fiesta nacional de España», y apeló reiteradas veces a una «unidad» que, a su juicio, debería hacerse efectiva en los tiempos que corren, por encima de las diferencias ideológicas que separan a los partidos políticos. Una suerte de unidad espiritual que recordaba demasiado a la de «los hombres y las tierras de España»  que el punto IV de la Ley de los Principios del Movimiento Nacional elevaba a la categoría de «intangible».

 

En la prensa conservadora hay comentarios que califican la disertación de «irreprochable». Y tampoco faltan quienes se muestran gratamente sorprendidos -otra cosa es que lo estén de verdad- por el hecho de que una voz socialista sea capaz de vibrar públicamente en tan encendida clave patriótica. En cualquier caso, la impresión que transmiten los cronistas y columnistas es, en general, grata y positiva.

Nada tengo que objetar a todo ello, evidentemente. Ni al discurso, ni a las glosas. Soy respetuoso con la libertad de expresión y, además, siempre resulta interesante ver a los «no-nacionalistas» celebrando sus hitos e iconos nacionales. Hay, sin embargo, un aspecto de lo ocurrido que no puedo dejar de observar. En la mayoría de los casos, el aplauso a Bono va acompañado de severos reproches a los que no participamos en la fiesta. Pero tengo para mí que, en lugar de recriminaciones, les vendría bien formular una reflexión autocrítica. Este año, las ausencias han sido más numerosas que nunca. Y no me refiero a las de los presidentes autonómicos que, como Patxi López, han preferido aprovechar el puente e irse de vacaciones, no. Estoy pensando en las ausencias conscientes y deliberadas, que no han querido participar en la celebración del 6 de diciembre, porque consideran que ese día no tienen nada que celebrar. Al listado habitual de formaciones políticas que nunca asistemos a los actos oficiales organizados por el Congreso para conmemorar el aniversario de la Carta Magna, se han sumado, este año, otras dos siglas: CiU e IU.

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No es la primera vez que escribo sobre esa sutil campaña que, desde hace ya algún tiempo, preconiza, explícita o tácitamente, la necesidad de reforzar las instituciones centrales del Estado sobre la base de recuperar parte de las competencias estatutariamente atribuidas a las Comunidades Autónomas. En un principio, esta campaña se apoyaba sobre bases estrictamente ideológicas. Venía auspiciada, más o menos abiertamente, por exaltados nacionalistas españoles, para los que la España fuerte que desean, sólo puede darse sobre la base de una desmesurada concentración de poder en las instituciones centrales del Estado, por  jacobinos impenitentes, firmemente convencidos de que las fórmulas más efectivas de organizar la distribución territorial de poder son las de corte centralista y por grupos de interés, bien organizados, a los que, sencillamente, la concentración de todo el poder en la capital -es decir, en el centro- les había ido muy bien en el pasado y no estaban por la labor ceder posiciones frente a posibles competidores.

Estos colectivos, que han nutrido varias generaciones de elites políticas en el Estado español, siempre han mirado con desconfianza y recelo al proceso de descentralización política abierto a partir de 1978. Nunca han mostrado simpatía hacia los procesos autonómicos, ni han prestado el más mínimo apoyo al Estado compuesto resultante de la experiencia estatutaria de los últimos treinta años. Se han limitado a convivir civilizadamente con él, puesto que no podían impedir su desarrollo y han produrado adaptarse a sus requerimientos aunque, eso sí, sin renunciar un ápice a sus personales postulados políticos.

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Debo reconocer que no me ha sorprendido en absoluto el escándalo organizado en torno al Diccionario Biográfico Español elaborado bajo la dirección de la Real Academia de la Historia (RAH) y generosamente financiado con fondos públicos procedentes del Ministerio de Educación. No me han extrañado ni la untuosa hagiografía del invicto caudillo, cuidadosamente redactada por Luis Suárez con edulcorantes eufemismos para los episodios más brutales de la biografía del dictador, ni la provocativa recuperación de la retórica autojustificativa con la que el régimen franquista salvaba los desmanes en los que el bando rebelde incurrió durante la guerra civil, con expresiones como las de “cruzada”, “liberación”, etc.

Nada de ello me ha resultado chocante, porque me lo temía. Se veía venir, desde que asistimos a aquellas llamativas intimaciones que en las postrimerías del siglo XX tuvieron lugar entre el presidente de la RAH, Gonzalo Anes y el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, al que en este designio siguió muy de cerca su ministra de Educación, Esperanza Aguirre. Basta echar un vistazo atrás para recordar las circunstancias en las que fructificaron aquellas complicidades que ahora, años después, están produciendo los resultados que están dando a conocer los medios de comunicación. Seis millones y medio de euros gastados -que no invertidos- en cientos de entradas que, entre otros muchos desatinos, ensalzan, cuando no glorifican, a algunos de los personajes más tenebrosos de las experiencias autoritarias vividas en España durante el último siglo.

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El miércoles por la noche, apenas dediqué unos minutos a ver -en televisión, por supuesto- la final de la copa que enfrentó al Real Madrid con el FC Barcelona. Dicen que la emisión rompió marcas de audiencia televisiva. Es posible. El partido prometía. Pero yo, insisto, sólo pude ver los últimos veinte minutos del segundo tiempo. Del resultado final fui informado por terceras personas después de concluida la prórroga. Sin embargo, en el breve tiempo del que dispuse para seguir el partido en directo, tuve ocasión de apreciar una interesante circunstancia simbólico-iconográfica: la hinchada madridista, al contrario que la catalanista, blandía numerosas -y, en algunos casos, enormes- banderas españolas. Y en la prensa de hoy he observado, no sin sorpresa, que el capitán del equipo vencedor, Iker Casillas, subió al palco a recoger la copa ornamentado con una bandera rojigualda, que llevaba estrechamente anudada a la cintura como si fuera una falda escocesa.

Si la bandera con la que Casillas cubrió sus muslos hubiese sido merengue, su imagen no hubiese ocasionado motivo alguno de extrañeza. Se supone que cada uno exhibe con orgullo los colores de su equipo. Tampoco hubiese resultado chocante verle exhibiendo la bandera de la Comunidad de Madrid, con sus siete estrellas blancas, o el emblema de la capital del Reino, con el escudo del oso y el madroño.  Al fin y al cabo el equipo lleva el nombre de Madrid, aunque sean francamente pocos los madrileños que juegan en sus filas. También los seguidores del Barça blandieron senyeras, en una actitud que me parece lógica y comprensible, porque su equipo es catalán y el contrario no. Pero los tifosi del Madrid no enarbolaban banderas madrileñas, sino rojigualdas; un símbolo teóricamente compartido por los dos equpos.

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Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, llámase finta al «ademán o amago que se hace con intención de engañar a alguien». Se trata de una voz muy utilizada en el lenguaje boxeístico, para referirse a esos gestos rápidos con los que un púgil hace ademán de golpear, pero sin lanzar efectivamente el puño, provocando en el contrario una reacción defensiva que en realidad resulta innecesaria, porque el ataque no se produce. También en el cuadrilátero político resulta usual hablar de fintas cuando se quiere aludir, irónicamente, a lo que alguien -un partido político, un líder, un Gobierno o un presidente- parece que va a hacer, pero no hace.

En las últimas semanas estamos asistiendo a una interminable concatenación de fintas cruzadas, con las que los socialistas y los populares advierten una y otra vez que están a punto de romper el pacto que les une en Euskadi, pero sin que las advertencias lleguen a cumplirse. No hay que dejarse engañar. Sólo se trata de fintas. Simples fintas, que amagan sin dar y amenazan sin golpear. Veamos, brevemente, lo que hasta el momento constituye el último eslabón de la cadena.

Eguiguren decía el pasado viernes que si el PP «no nos deja hacer lo que debemos hacer, deberíamos romper». Y aunque Patxi López -el principal perjudicado de la hipotética ruptura que planteaba Eguiguren- dedicó el resto del día a templar gaitas, acariciando con ternura el lomo de sus socios preferentes -y hasta la fecha exclusivos-, Rubalcaba señaló desde Madrid que «con Eguiguren he manifestado muchas veces mi acuerdo, también mi desacuerdo y siempre mi simpatía». Como se ve, no quedó muy claro si la idea de romper con el PP en el supuesto de que no les dejen hacer «lo que deben hacer», forma parte de los acuerdos que el ministro de Interior mantiene con Eguiguren, o se sitúa en la zona de descuerdo. En cualquier caso, se puede dar por hecho que, no por haber defendido esa tesis ha perdido Eguiguren la simpatía que Rubalcaba se la profesa «siempre».

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Ciertamente, las cosas no les van demasiado bien a los responsables políticos del Gobierno vasco. Pese al sistemático y servil respaldo que recibe por parte de la gran prensa, el Ejecutivo presidido por López no acaba de cuajar en la sociedad vasca, que sigue mirando con recelo y desconfianza -cuando no con abierta animadversión- al inquilino de Ajuria Enea y al gabinete gubernamental que encabeza. Pocas veces se habrá producido un divorcio tan patente entre la opinión pública y la publicada. Ajenas a los desmedidos elogios que le dedican los titulares, las encuestas insisten, con infrecuente e inusitada unanimidad, en el desapego que la mayoría de la sociedad vasca siente con respecto al Gobierno nacido de la entente PSE-PP. La última, que hemos conocido a través del Sociómetro Vasco de diciembre de 2010, abunda, también, en la misma dirección. Veamos, brevemente, algunos de sus resultados.

Los que consideran que la situación política en Euskadi es mala o muy mala suman el 61%. Una cifra elevadísima,  que debería preocupar a los que nos aseguraron que este iba a ser el Gobierno del oasis, sin que pueda servirles de consuelo el hecho de que esa misma percepción, aplicada a España, se eleve hasta el 71%. Los que tienen poca o ninguna confianza en el Gobierno vasco se sitúan, igualmente, en el 61%. Tampoco en este caso deberían consolarse por el hecho de que la confianza negativa en el Gobierno central ascienda hasta el 78%.

Pero lo más significativo de la encuesta es el apartado relativo a la valoración que los ciudadanos otorgan a la gestión del Gobierno vasco. Pero antes de examinar a los resultados, conviene hacer una advertencia. El cuestionario estaba amañado para atenuar el más que previsible golpe que la valoración del Ejecutivo de López iba a recibir por parte de los ciudadanos. No hace falta ser un lince para darse cuenta de lo cuidadosamente que se manipularon las preguntas con el fin de amortiguar el impacto que las respuestas negativas podían producir en la opinión pública. Veámoslo con algún detenimiento.

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Aquellas viejas imágenes de marzo de 1966, en las que se ve a Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, bañándose en la playa de Quitapellejos, en la zona de Palomares, junto al embajador de los EEUU, Angie Biddle y el Jefe de la Región aérea del Estrecho, siempre me han producido una sensación compleja, que se encuentra a medio camino entre la irritación, la congoja y la hilaridad. Irritación, por lo que encierran de desprecio al ser humano y a la inteligencia de los ciudadanos. Congoja porque nos remiten a un período bien tétrico de nuestra historia reciente, que no me resulta grato recordar. E hilaridad porque la escena, con un Fraga orondo, de caminar bamboleante, saludando a las cámaras con un gesto jovial y aparentemente despreocupado, encierra -así me lo parece, al menos- una inmensa fuerza cómica. Por no hablar de los solícitos reporteros gráficos que, vivamente estimulados por el deseo de complacer al señor ministro, se adentraban en la mar, cámara en ristre, mojándose los pantalones del traje hasta de medio muslo. Cada vez que tengo ocasión de volver a ver el video me resulta más increíble que hayamos podido vivir, no hace todavía demasiado tiempo, una época en la que ese tipo de montajes tan burdos, constituían el pan de cada día de la propaganda gubernamental.

Dicen los expertos que, pese a la meticulosa limpieza que los soldados americanos practicaron en la zona -así nos lo hicieron ver las imágenes del No-Do-, cuarenta y cuatro años después, quedan todavía restos de plutonio suficientes como para contaminar varias decenas de hectáreas de tierra. En resumen: que el lugar ha encerrado y sigue encerrando un gravísimo peligro para salud de los lugareños.

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Durante el pasado verano hemos tenido ocasión de leer muchísimos comentarios -laudatorios algunos, críticos la mayoría- en torno a la decisión adoptada por el Parlamento de Catalunya para prohibir la tauromaquia. En el fragor del debate, se ha hecho notar, aunque no se haya puesto excesivo énfasis en ello, el curioso dato de que, una prohibición semejante, adoptada hace años por las instituciones autonómicas de Canarias, hubiese pasado prácticamente desapercibida. ¿Cómo es posible -se preguntaban algunos- que una medida pública que nadie denunció en Canarias, se convierta en una escandera semejante cuando quien asume la decisión es la máxima institución representativa de Catalunya? ¿Cómo es posible semejante asimetría?

Comentando esta curiosa circunstancia con un diputado canario, aprecié en él una reacción divertida. «Mira -me dijo en tono confidencial- Canarias es, en estos asuntos, una radical excepción». Y a continuación me explicó: Acontecimientos y hechos que en otras comunidades puede generar ruidosísimas controversias públicas, en Canarias pasa completamente inadvertido. Por no provocar, no provocan ni un sólo comentario descriptivo por parte de la prensa peninsular. Sólo generan indiferencia. Lo ocurrido con las corridas de toros no es más que una anécdota. Mañana te puedes desayunar con una editorial en la que el diario que la incluye exige la inmediata independencia de Canarias, y no pasa nada. Nadie se escandaliza por ello, ni pone el grito en el cielo.

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