Blog de Josu Erkoreka

Debo reconocer que no me ha sorprendido en absoluto el escándalo organizado en torno al Diccionario Biográfico Español elaborado bajo la dirección de la Real Academia de la Historia (RAH) y generosamente financiado con fondos públicos procedentes del Ministerio de Educación. No me han extrañado ni la untuosa hagiografía del invicto caudillo, cuidadosamente redactada por Luis Suárez con edulcorantes eufemismos para los episodios más brutales de la biografía del dictador, ni la provocativa recuperación de la retórica autojustificativa con la que el régimen franquista salvaba los desmanes en los que el bando rebelde incurrió durante la guerra civil, con expresiones como las de “cruzada”, “liberación”, etc.

Nada de ello me ha resultado chocante, porque me lo temía. Se veía venir, desde que asistimos a aquellas llamativas intimaciones que en las postrimerías del siglo XX tuvieron lugar entre el presidente de la RAH, Gonzalo Anes y el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, al que en este designio siguió muy de cerca su ministra de Educación, Esperanza Aguirre. Basta echar un vistazo atrás para recordar las circunstancias en las que fructificaron aquellas complicidades que ahora, años después, están produciendo los resultados que están dando a conocer los medios de comunicación. Seis millones y medio de euros gastados -que no invertidos- en cientos de entradas que, entre otros muchos desatinos, ensalzan, cuando no glorifican, a algunos de los personajes más tenebrosos de las experiencias autoritarias vividas en España durante el último siglo.

La mayoría absoluta obtenida por el PP en las elecciones generales de marzo del 2000 tuvo lugar en el contexto de una apabullante eclosión de todo tipo de actividades académicas -conferencias, seminarios, cursos de verano, etc.- en las que, ensayistas, intelectuales, profesores universitarios, periodistas e incluso políticos en activo, exponían y hacían públicas sus reflexiones acerca del ser histórico de España, su esencia y su proyecto nacional.

El fenómeno tuvo, también, efectos perceptibles en el ámbito editorial. Súbitamente, los catálogos de actualidad bibliográfica se vieron invadidos por múltiples títulos de obras que, desde las más diversas ámbitos de conocimiento -la historia, la sociología, la filosofía política, la sociolingüística, la antropología y otros- contribuían a alimentar, abierta o implícitamente, expresa o tácitamente, directa o subliminalmente, la idea de que la España actual constituye una entidad nacional radicalmente incuestionable desde la lógica racional y democrática; un sujeto político inobjetable, cuyas principales cualidades -un arraigo que se remonta a los albores de la historia, una irresistible fuerza de atracción social y una insuperable legitimidad moral y democrática- la hacen, además, ontológicamente indivisible. Sólo desde el desvarío o el sectarismo totalitario -se nos venía a sugerir desde aquel orquestado tsunami editorial-, sólo desde el desconocimiento de la historia y desde la misma negación de la esencia de las cosas, es posible impugnar la España del siglo XXI, tal y como está constituída.

Aunque no puede decirse que durante los años anteriores hubieran destacado por su ausencia las ofensivas propagandísticas orientadas a enfatizar o reforzar el hecho nacional español con argumentos de tipo intelectual y académico –recuérdese, sin ir más lejos, el esfuerzo intelectual/editorial que se desarrolló en 1992 con ocasión del centenario del descubrimiento de América bajo el epígrafe de “Cinco siglos de vida en común”- lo que en ese momento se constataba era algo cualitativamente distinto: reemergían una historia y una sociología política abiertamente apologéticas del poder, que tenían por objeto reforzar la adhesión de los ciudadanos a las actuales estructuras políticas del Estado. Resurgía una intelectualidad orgánica impúdica y hasta procaz, empeñada en vender como científicas -y, por tanto, como sustraídas al legítimo juego político- aspectos tan cuestionables y debatibles como la arquitectura político-institucional que rige en el Estado, o la idea misma de España como unidad inquebrantable de destino en lo universal.

Ni al más necio se le pudo ocurrir pensar que aquella coincidencia temporal entre el acceso del PP al poder y el impetuoso empuje intelectual y editorial que repentinamente adquirió la idea nacional española, obedeciera a la casualidad. Antes al contrario, la conexión causal entre ambos hechos era tan evidente como estrecha. El firme propósito de exaltación patriótica con el que el PP concurrió a las elecciones generales de marzo de 1996 -que son, recuérdese, las que le auparon por primera vez al Gobierno- no deja a este respecto margen alguno para la duda. Fueron los propios populares los que impulsaron esa dinámica desde el Ejecutivo del Estado; una dinámica que tomó cuerpo durante la primera legislatura, pero alcanzó su máxima expresión a partir del año 2000, cuando el partido de Aznar se hizo con la mayoría absoluta.

En efecto, uno de los principios básicos que informaban –al menos en aquel momento- el proyecto político del PP era la necesidad de recuperar la grandeza y el orgullo de la idea nacional española; algo que, según creían, se había debilitado extraordinariamente durante las últimas décadas, por el complejo de una clase política que había cedido vergonzosamente ante el empeño de los nacionalismos periféricos por asociar toda afirmación españolista, con lo más rancio del ideario franquista. Se trataba de una percepción que gozaba de un hondo arraigo en el mundo conservador hispano y que los populares, alentados por el propio Aznar, habían ido incluyendo progresivamente a su discurso doctrinal y electoral.

En la introducción misma del programa con el que el PP participó en la convocatoria electoral de marzo de 1996, Aznar afirmaba, con claras evocaciones joseantonianas, que “Somos una de las grandes naciones de Europa”. Evidentemente, aquella visión de España como “una de las grandes naciones de Europa” no podía quedar reducida a una simple proclamación retórica. Había de irradiar efectos en todos los órdenes. Entre otros, en el terreno cultural, dado que, por pura lógica, la cultura de una nación grande sólo puede ser una gran cultura. Así lo aseguraba el propio programa al postular que la cultura española es, no ya una de las grandes de Europa, sino “una de las grandes culturas del mundo”. Mas aún, según Aznar existía una íntima conexión entre la grandeza nacional hispana y la inmensidad de su riqueza cultural: “Nuestro legado cultural es inmenso –afirmaba- y es, en sí mismo, la mejor demostración del valor espiritual de nuestra existencia como nación”. El proyecto que el documento esboza en relación con esta apuesta cultural, reviste unos tintes épicos que hoy en día resultan chocantes:

“Un proyecto nacional para España requiere la formulación de una política cultural honda, ambiciosa e imaginativa. La cultura no sólo se hereda también se conquista. De todas las batallas que va a ganar España, la de la cultura es la que afrontamos desde una posición más favorable. Nos falta beber, sin complejos ni mezquindades, en nuestra historia, y mirar sin sectarismo a nuestro alrededor, a todos los que hacen posible que hoy sigamos siendo lo que hemos sido: una gran potencia cultural.”

Contra lo que pueda parecer, estas afirmaciones tan cargadas del voluntarismo optimista que inexorablemente acompaña a los discursos políticos de los líderes autoritarios -ideas y expresiones como la de conquistar la cultura, ganar la batalla de la cultura o la de identificar en España “una gran potencia cultural”, se pueden encontrar sin dificultad en los discursos de todos los dictadores europeos e iberoamericanos-, no formaban parte del tono impulsivo que casi siempre acompaña a los programas electorales, sino de una profunda convicción de los líderes del PP y, muy especialmente, de su presidente. Según parece, las lecturas de juventud, en las que, según su propia confesión, tan destacado papel desempeñaron las obras completas de José Antonio Primo de Rivera, contribuyeron a moldear en Aznar una mentalidad política atravesada por la idea del imperio y los grandes designios.

Como se ve, estos elementos conceptuales bullían, ya, en el programa político con el que el PP concurrió a las elecciones en 1996. Y, por supuesto, informaron, al menos en la medida en que ello fue posible, la acción pública que el Ejecutivo central desarrolló a lo largo de la legislatura subsiguiente. Evidentemente, la mayoría absoluta que la formación conservadora obtuvo en los comicios del año 2000, no hizo sino contribuir a acentuar esta mesiánica percepción de la misión histórica de España. De suerte que, cuando en marzo de 2001, se cumplía el primer aniversario del segundo triunfo electoral obtenido por el PP en las elecciones generales, su presidente hacía la siguiente valoración: “Lo más importante es saber que el proyecto global de España, el proyecto nacional de España, progresa”. A lo que más adelante añadía: “…estoy convencido de que hay un proyecto para que España se convierta en uno de los países más importantes del mundo en esta década…”.

Esta concepción esencialista y pretenciosa de España sobre la que el PP de la época había dibujado su proyecto político -que percibía a España como una gran nación, sólida, unida e indivisible, poseedora de “una de las grandes culturas del mundo” y llamada a la gran empresa histórica de convertirse, en esta década, “en uno de los países más importantes del mundo”- no podía cuajar en una sociedad moderna, plural, crítica y por ende, relativista, sin el apoyo de un discurso de hechura intelectual que permita venderla con un mínimo de coherencia y credibilidad y un auxilio mediático lo suficientemente intenso como garantizar que el discurso así elaborado penetrase efectivamente en el tejido social, a base de repetir tan machacona como acríticamente los cuatro axiomas sobre los que se apoyaba.

Y es preciso reconocer que a los populares no les resultó particularmente dificultosa la construcción de este discurso legitimador. Para su confección, el partido de Aznar rebuscó con ahínco entre los eruditos más cercanos a su ideario o sencillamente más sensibles a las mercedes y recompensas del Poder y no se le hizo difícil encontrar una pléyade de gentes bien instruidas en los más diversos ámbitos del conocimiento –la historia, la psicología social, la ciencia política, la ética e incluso la estética- y dispuestas a demostrar con base “científica” que la Nación española constituye un precipitado histórico natural y sin alternativa posible; un producto ineluctable de la naturaleza de las cosas y, por tanto, ontológicamente inalterable.

Una vez más, los hechos ponían de manifiesto que, cumplidos ciertos formalismos metodológicos, “lo científico”, al menos en ese terreno informe que comúnmente se agrupa bajo el epígrafe “ciencias sociales”, se puede comprar y vender casi sin límites y que los Presupuestos Generales del Estado -cuyos ingentes fondos permiten recompensar los favores al Poder mediante vías tan diversas como las subvenciones, las becas, las publicaciones, los reconocimientos y condecoraciones o, sencillamente, los cargos públicos- constituyen una poderosísima razón “científica” a la hora de marcar la orientación que ha de imprimirse al quehacer académico e investigador.

Como cabe suponer, recabar de los medios de comunicación las complicidades necesarias para difundir a los cuatro vientos las evidencias empíricas previamente “compradas” a los mercenarios de la Academia, ha revestido una complejidad mucho menos aún, dado el control que el Gobierno tiene sobre los mismos.

Esta esencialización de España como un sujeto colectivo que, en la medida en que viene impuesto por la propia naturaleza de las cosas, constituye una realidad inmutable, inalterable y, por supuesto, indivisible, se materializó, fundamentalmente en dos ámbitos: el de la historia y el de la lengua. Pero hoy sólo me interesa fijar la atención en el primero, por el papel que la RAH ha desempeñado en la ejecución de los designios políticos de Aznar.

En 1997 -el año siguiente al acceso del PP al Gobierno del Estado- la RAH celebró un ciclo de conferencias bajo el significativo título de “España. Reflexiones sobre el ser de España”. Su coordinador, Eloy Benito Ruano explicaba la oportunidad del ciclo señalando que la RAH “…se siente llamada a exponer una versión depurada, apoyada en materiales y métodos propios de la Ciencia de que es titular, acerca de las sucesivas realidades a las que ese sujeto vivo <al que llamamos España> ha dado corporeidad a lo largo del tiempo”. Las ponencias expuestas en el ciclo fueron posteriormente recogidas en un volumen colectivo que editó la propia Academia a finales de 1997 con el patrocinio de las fundaciones BBV, Ramón Areces y Caja Madrid. El libro fue galardonado por el Gobierno con el Premio nacional de historia, y fue ampliamente dado a conocer por los medios de comunicación. No faltaban apoyos, como se puede ver.

En esencia, la obra recoge un conjunto de trabajos realizados por autores más o menos reconocidos en el ámbito científico -recuérdese que en el acceso a la RAH rige todavía el sistema de cooptación, un método que, aun cuando permite asegurar la homogeneidad ideológica de las nuevas incorporaciones está muy lejos de garantizar su excelencia científica- en torno a otros tantos aspectos del pasado histórico de España y su expresión artística y cultural. Pese a su heterogeneidad -la publicación incluye desde trabajos rigurosamente históricos como el de Vicente Palacio Atard sobre “España en la crisis europea del seiscientos” hasta ensayos poco o nada historiográficos en torno a las manifestaciones pretéritas del ser español como el de Pedro Laín Entralgo acerca del “Sentimiento agónico de España”, que se mantiene en la línea de otras reflexiones anteriormente publicadas por el mismo autor- las ponencias publicadas comparten una nota común: en coherencia con el lema que presidía el ciclo de conferencias y que constituye el título de la propia publicación, todos procuran suministrar base científica a la idea de que existe un sujeto colectivo llamado España, cuyas diferentes maneras de expresión histórica no pueden ensombrecer la unidad del hilo histórico que ha tejido como nación.

En una actitud tan exageradamente preventiva que acaba resultando delatora, el coordinador del ciclo asegura en la “Presentación” de la obra que “La Academia no pretende emitir <un dictamen> al respecto, pero sí se considera obligada a proporcionar a la comunidad a cuyo servicio se debe <el informe> resultante de una tarea de investigación, estudio y reflexión acerca del devenir de esa existencia, de la que cuantos hoy son llamados españoles participan”. Y, ciertamente, las conclusiones no defraudan. El coordinador reconoce que lo que “se ha tratado de mostrar”, es “la existencia y permanencia efectivas de un sujeto histórico -España- siguiendo sus diversas manifestaciones desde sus primeras percepciones hasta nuestros días”. Las manifestaciones de ese sujeto histórico se remontan a “…los tiempos más remotos, cuando su intuición era apenas un rumor pre-histórico, una noción, un presentido y necesario confín del mundo…”. Y su entidad se manifiesta hasta la actualidad: “Nuestro siglo ha recogido como herencia irrenunciable la conciencia de ese único ser, aunque diversas interpretaciones del sentido de esa unidad (algunas de las cuales llegan al extremo de la negación de su existencia) enturbien la contemplación histórica de esa realidad…”. Ser único, el español, cuya trayectoria histórica permite “definir un arte, una literatura…incluso un comportamiento económico españoles. Servido por el instrumento universal de nuestra lengua y representados simbólicamente en la expresividad elocuente de nuestros emblemas heráldicos”.

Aun cuando ni el ciclo de conferencias ni la publicación posterior gozaron de la difusión que sus promotores hubiesen querido -algo lógico, por otra parte, en una obra tan poco propicia para la divulgación-, su influencia fue decisiva en muchas de las actuaciones que con posterioridad llevó a cabo el Gobierno del PP en el ámbito de la cultura y de la historia, así como en la proliferación que en los años sucesivos han tenido los títulos editoriales relacionados con la Historia de España. Hacía falta una validación “científica” de la rancia concepción nacional de España –historicista, esencialista e inmutable- que propugnaba el PP y la RAH se la proporcionó con sumo placer.

Una vez obtenido el respaldo de la autoridad académica, ya sólo faltaba decidir el momento y el modo más adecuados para lanzar a la arena política lo que desde el punto de vista “científico” se había sentado ya como una verdad incontrovertible. El primer intento se produjo durante la legislatura 1996-2000, en el marco de lo que el Gobierno del PP tituló como la reforma de la enseñanza de las humanidades. Pero la inicativa fracasó, porque no obtuvo el apoyo, ni del PSOE, ni de CiU, por entonces indispensables para alcanzar en las Cortes las mayorías necesarias. Con estos antecedentes, ¿a quién le podía extrañar que, en junio de 2000, ya consolidada la mayoría absoluta del Partido Popular en el Gobierno del Estado, la RAH se descolgara con aquél grotesco informe sobre la enseñanza de la historia en el sistema educativo, que criticaba la tergiversación que en algunas comunidades autónomas se hacía del pasado?

Para calibrar el alcance de la complicidad con la que el PP y la RAH actuaron desde 1997, resulta muy clarificador un artículo que el director de la RAH publicó en la prensa (“La historia: ignorancia y tergiversación”, ABC, 28.06.00) justo en la época en la que se presentó este controvertido Informe. En lo sustancial, el artículo se limitaba a reproducir los endebles argumentos del documento -denunciaba la “manipulación y el adoctrinamiento” que presuntamente presiden la enseñanza de la historia en algunas comunidades autónomas, algo que, en su opinión, no tenía otro objetivo que “presentar supuestas identidades nacionales en donde no las hay, y localismos que carecen de sentido al exponerlos sin las debidas conexiones generales y fuera de su contexto”- pero hacía una interpretación de lo acaecido en los años precedentes que, incluidos obsequiosos elogios al ímpetu y la claridad de ideas de la ministra del ramo, Esperanza Aguirre, no hubiese sido mejor realizado en la oficina electoral del PP. Pocas veces se ha visto un caso más patente de mercenarismo de una institución académica con respecto al poder instituido:

“Esperanza Aguirre, cuando fue nombrada ministra de Educación y Cultura, quiso hacer una reforma de los planes vigentes en la EM para fomentar el estudio de las humanidades y el de la historia en particular. Parecía que iba a contar con el apoyo de los diputados del partido socialista. No fue así. La derrota parlamentaria le provocó lágrimas. Quizá las únicas que derramó esta mujer fuerte y animosa en toda su vida política. Hoy las cosas han cambiado. Confiamos en que se ponga remedio a las situaciones de ignorancia y tendenciosidad (…). No tergiversar, enseñar la historia –local, regional, nacional y mundial- sin la interferencia de posiciones políticas interesadas será cosa buena para todos, en cuanto que favorecerá el entendimiento, la convivencia y la civilidad”.

Al rebufo de la labor desarrollada desde la RAH, que ahora sabemos que estaba avalada por muchos millones de pesetas, otros autores y editoriales confluyeron con la rancia institución académica en el intento de suministrar fundamento histórico de rango “científico” a esa estructura político-constitucional que se hace llamar España. Sin pretender llevar a cabo un análisis exhaustivo cabe citar algunos en los que más patente se hace la visión esencialista del cuerpo nacional hispánico. De Ricardo De la Cierva es, por ejemplo, una Historia total de España, desde el hombre de Altamira hasta el Rey Juan Carlos I, publicada en 2000 y que, con todos los matices que se quiera, venía a sugerir la existencia de un tracto histórico ininterrumpido nada menos que entre los habitantes de la llamada capilla sixtina del arte prehistórico y el actual monarca del Estado español. El empeño en trabar una tan larga -y forzosamente enrevesada- cadena histórica no pasaría de constituir un gesto divertido, sino fuera porque, en un alarde de anacronismo rampante, se pretendiera teñir todos sus eslabones con tonalidades rojigualdas en un intento, tan ridículo como patético de identificar a los ocupantes de Altamira y lo que el art. 1 de la Constitución de 1978 incluye bajo la denominación de “el pueblo español” como un mismo sujeto colectivo, promotor de una misma empresa histórica que se ha mantenido activa a lo largo de las centurias y, sobre todo, debe seguir funcionando por los siglos de los siglos.

Algo más matizado, aunque no por ello menos rotundo desde el prisma de la gestión del pasado a partir de las actuales estructuras políticas, era el trabajo de Antonio Domínguez Ortiz, un nonagenario profesor universitario, más serio y bastante más reconocido que De la Cierva en el mundo académico, que editó en diciembre de 2000 un libro bajo el significativo título de España. Tres milenios de historia, cuya pretensión de esencializar la unidad hispana quedaba patente desde las primeras páginas de la obra cuando se afirma que ya para los autores griegos que a mediados del primer milenio antes de Cristo escribían sobre “pueblos del remoto occidente, (…) había ciertos rasgos que abarcaban lo mismo a los pueblos históricos del sur y del este que a los anónimos del norte y del oeste: vivían en un mismo espacio, grande lejano, en los confines del mundo, pues más allá sólo existía un océano sin límites conocidos”. A esta obra se le dio un importante impulso de difusión por parte de los círculos afines al Poder. Recuerdo que en algunas tertulias radiofónicas se llegó a invocar este título para oponer una verdad rotunda y pretendidamente incontrovertida a las reivindicaciones de la periferia.

Algún tiempo después, el jesuita Fernando García de Cortázar puso en el mercado otra obra que seguía los mismos derroteros. Su título era bien elocuente: Historia de España. De Atapuerca al euro. Uno no puede evitar preguntarse qué hubiesen podido pensar los habitantes de Atapuerca si alguien les llega a decir que eran españoles. Tras un enorme esfuerzo de difusión por los mercados españoles, esta obra fue galardonada con el premio CEOE a las Ciencias, dotado con 18.000 euros. El jurado estaba integrado por la académica Carmen Iglesias, presidenta, Ricardo García Cárcel, Juan Pablo Fusi, Luis Ribot, Marcelino Oreja y Juan Manuel del Amo. La motivación del fallo no tiene pérdida. El premio pretendía reconocer una obra y una trayectoria dedicadas “a la reafirmación de la historia de España frente a los vicios localistas y las distorsiones políticamente interesadas que, en los últimos años, se vienen haciendo de la misma”. Al parecer, los miembros del jurado no apreciaron la existencia de una “distorsión políticamente interesada”, en la ridícula idea de que la vida humana prehistórica de Atapuerca y la España que acuñó el euro con la cara de Juan Carlos I, son expresiones de un mismo sujeto nacional.

Por otra parte, no deja de resultar curioso el hecho de que, en muy poco tiempo, el mismo autor publicase un nuevo trabajo titulado Los mitos de la historia de España, que, no por casualidad, desconocía el principal mito que en aquellos momentos estaba envenenando la labor científica de los investigadores del pasado en el Estado español: la pretensión de identificar en España a un sujeto histórico perfectamente perfilado y acotado, cuya cadena biográfica se extiende desde la más lejana prehistoria hasta el último segundo. Es decir, no incluye entre los mitos de la historia de España, lo que él mismo pretendía hacer con su obra Historia de España. De Atapuerca al Euro.

Estas, y otras muchas que podrían citarse -entre las que incluyo, por supuesto, las series de hagiografías publicadas por grandes editoriales sobre diferentes monarcas de los reinos hispanos- no son obras inocuas desde el punto de vista político. Antes al contrario sugieren un corolario muy útil para la lucha ideológica y la praxis política Vienen a postular con el marchamo de lo “científico” que ante la realidad de una nación cuyas raíces se remonta a los tiempos de Atapuerca, de Altamira -o al primer milenio antes de Cristo, tanto da- nadie que se halle en sus cabales puede promover una iniciativa secesionista.

Pero la ofensiva no se ha limitado a imponer una interpretación del pasado que mantiene como postulado la unidad ontológica de España. También se han hecho esfuerzos por dulcificar la imagen histórica de algunas de las instituciones que forman parte del sistema constitucional vigente como, por ejemplo, la Monarquía. Santos Juliá, que no se caracteriza precisamente por su desafección a la idea unitaria de España, criticó duramente la reinvención de la historia que los conservadores del PP habían impulsado desde su acceso al poder, poniendo especial énfasis en el esfuerzo que desarrollaron de cara a la “exaltación beata de la Monarquía”; un esfuerzo cuyo principal propósito radica en legitimar la tradición monárquica del Estado, ofreciendo una cara amable y atractiva de los personajes históricos que la han encarnado. No sin ironía, Juliá comentaba que “…ha sido a golpe de aniversario como hemos ido transformando nuestra visión del pasado, metiendo a la Corona en el lote para enterrar de una sola tacada las dos grandes tradiciones que tuvieron, la una, la de los liberales, a los Austria como causa de la decadencia de España, y la otra, la de los católicos, a los Borbones como razón de su desvío”. En la misma línea, Juan Sisinio Pérez Garzón -un catedrático de Historia que ha destacado por sus críticas al nacionalismo español y su empeño en poner la historia al servicio del poder- hizo notar por aquellas fechas que “Cuando tanto preocupa a los políticos organizar centenarios (desde Carlos V a Alfonso XIII, por ejemplo), y cuando las editoriales se solapan con esas conmemoraciones ideológicas o con la exaltación de las vidas de las reinas, entonces el olvido de figuras como Pi y Margall revela que hay una criba de hechos, momentos y personas, y también el propósito deliberado de darle cierto sesgo a la memoria colectiva de nuestra sociedad”. Creo que su reflexión se entiende sin necesidad de comentarios adicionales.

El objetivo de todo ello era claro. Consistía en entronizar como verdad absoluta e incontestable la idea de que el modelo constitucional de la Monarquía parlamentaria, unitaria e indisoluble, no es producto de la casualidad, ni una opción caprichosa y arbitraria de los constituyentes, ni tan siquiera algo opinable, sino un producto que fluye naturalmente de una historia concebida en términos esencialistas como el camino recorrido por España hacia lo que inexorablemente estaba llamada a ser. Es ahora -se sugiere- cuando España manifiesta abierta y plenamente su auténtica vocación; esa vocación que se ha encontrado latente a lo largo de los siglos, esperando el momento idóneo para hacer efectiva su definitiva eclosión.

Ahora que ha trascendido el contenido de los primeros tomos del Diccionario Biográfico Español, sabemos que, siguiendo esta concepción esencialista de España en torno a la cual se produjo el abrazo entre Aznar y la RAH, el franquismo y sus protagonistas no constituyen más que un eslabón –uno más y no especialmente lamentable, por cierto- de esa magna cadena histórica que desde la más remota prehistoria hasta el último segundo en el que hemos respirado, ha ido activando las potencialidades de España y encauzando su vocación nacional hasta la plenitud. No hay etapas negras en lo que por definición es excelso.