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Posts Tagged ‘ilegalización’

El pasado miércoles, los promotores de SORTU presentaron sus estatutos ante el Registro de Partidos Políticos y el ministro de Interior ha anunciado ya que pondrá el expediente en manos de la fiscalía para que estudie su remisión a la autoridad judicial. Es una manera muy cómoda de escurrir el bulto sin perder el control de los acontecimientos, porque a nadie se le oculta que, en un asunto tan delicado como este, el Tribunal que ha de conocer el asunto en última instancia -el Constitucional- actuará en sintonía con el Gobierno desde la mayoría progresista que se afianzó en su seno tras la última renovación parcial.

Como era previsible, el acontecimiento ha hecho que el universo mediático se haya visto poblado por todo tipo de reflexiones y vaticinios en torno a la suerte que correrá la iniciativa. Hay opiniones para todo. Unos ponen énfasis en lo que debería hacer el Gobierno ante SORTU: facilitar su válida constitución o, en su caso, impedirla. Otros prefieren no dar lecciones al Gobierno y centrarse en predecir lo que, de hecho, ocurrirá. Personalmente pienso que el Gobierno debería resolver, sin más trámite, a favor de la inscripción de la nueva sigla en el Registro de Partidos Políticos. Creo que el planteamiento de sus impulsores es impecable desde el punto de vista estrictamente jurídico y que, en este punto, el Ministerio de Interior no debería prestar atención a las convicciones o intereses personales de sus responsables, sino a los estrictos mandatos de la ley. Y la ley es meridiana. Lo más probable es, sin embargo, que los fundadores del nuevo partido alcancen su propósito, no por la actuación del Gobierno -que ya hemos visto que prefiere lavarse las manos- sino merced a una resolución favorable del Tribunal Supremo o del Constitucional. Creo, francamente, que pocos piensan, de verdad, en la posibilidad de un escenario distinto a este. Hasta los más aguerridos portavoces populares reconocen en su fuero íntimo que, pese a sus vehementes invectivas contra el reconocimiento del nuevo partido, el procedimiento iniciado el pasado miércoles acabará, de una u otra manera, con su legalización.

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La autodenominada izquierda abertzale ya ha dado el paso que prometía. Tras una semana anunciando a bombo y platillo que comparecerían en el palacio Euskalduna de Bilbao para presentar en sociedad el nuevo partido político que desean constituir, ayer, finalmente, dieron cumplimiento a lo anunciado y el tándem Iñigo Iruin-Rufi Etxeberria explicaron, respectivamente, a los medios de comunicación, los aspectos jurídicos y políticos que rodean a la formación que quieren promover.

Iruin es un excelente jurista. Un abogado riguroso y reconocido, que goza de un notable prestigio entre los profesionales del foro. Nadie duda de que conoce hasta en sus pasajes más recónditos las sentencias que han sido dictadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en relación con la ilegalización de las sucesivas siglas partidarias y/o electorales que han ido emergiendo durante la última década desde el entorno social y político de la extinta Batasuna. Iruin sabe como pocos los pasos que se han de dar para la válida constitución de un partido político. Y lo sabe, de manera especial, en aquellos casos en los que la formación naciente pueda ser acusada de suceder fraudulentamente a un partido previamente ilegalizado. Lo más probable es, pues, que sus propuestas para la creación de SORTU sean impecables desde el punto de vista jurídico. Así parece derivarse, por otra parte, de la documentación que ambos portavoces entregaron a los asistentes en su comparecencia de ayer.

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En El Correo de hoy se publica una larga entrevista con Javier Rojo, socialista alavés y presidente del Senado. El titular principal, contiene una frase entrecomillada, que reza así: “Sin Batasuna en las instituciones se está infinitamente mejor, así de claro”. Se trata, como se ve, de una sentencia rotunda y categórica, que encierra un mensaje claro e inequívoco: Batasuna -a juicio de Javier Rojo- no debe estar en las instituciones. “Así de claro”, remacha.

No sé si semejante postulado sintoniza demasiado con el gesto, impulsado por Jesús Egiguren y su entorno más íntimo, de colgarse en la solapa un lazo de color verde que simboliza, al parecer, la esperanza de la paz, pero creo que a nadie debería extrañar, en los tiempos que corren, el hecho de que, desde las filas socialistas se nos diga, al mismo tiempo, una cosa y la contraria, en materia pacificación, normalización política y lucha antiterrorista.

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20060917161939-rodikurriEl siete es un número mágico. Son muchas, a lo largo y ancho del mundo,  las tradiciones populares que atribuyen a este número un significado de gran fuerza simbólica; un sentido asimilable al de la plenitud. Según estas tradiciones, insertas en los más diversos entornos culturales, decir siete equivalía a decir todo. Los días de la semana son siete. Como las virtudes capitales, las vidas que se atribuyen a los gatos y los sacramentos. La Roma imperial, fue conocida como la ciudad de las siete colinas. Las maravillas del mundo antiguo eran también siete. Al igual que las ventanas del Palacio de Ursua, en Nafarroa, y el precio imaginario -“zazpi errotaberri zazpira jauregi zuri”, expresión equivalente a “todo el oro del mundo”- que Juana de Ursua  estaba dispuesta a rechazar con tal de no regresar a la noble residencia del Viejo Reino. Y, en fin, hasta los libros de la saga de Harry Potter son siete.

Esta serie sobre la ilegalización de partidos políticos se compone, igualmente, de  siete entregas. No niego que el número ha sido elegido deliberadamente para significar que, en las siete entradas que dedico a este tema, se recoge, si no todo -sería imposible escribir en un blog todo lo que puede decirse a propósito de un asunto tan debatido y tan cargado de matices-, lo esencial para formarse una idea cabal de la problemática jurídica y política que plantea el fenómeno de la ilegalización de partidos políticos, en Euskadi y más allá de nuestras fronteras.

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En el debate sobre la compatibilidad entre la democracia y la ilegalización de partidos políticos, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos toma partido a favor de la posición favorable. Guste o no, es así. Su artículo 11 establece con claridad que el derecho de asociación puede, excepcionalmente, ser menoscabado por los poderes públicos, con el fin de preservar determinados valores que se consideran esenciales para la subsistencia del sistema democrático. 

Sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

En efecto, el apartado primero de este artículo reconoce y proclama la libertad de asociación -que incluye el derecho a fundar partidos políticos, integrarse en ellos y procurar su funcionamiento ordinario- pero acota, en su apartado segundo, las condiciones en las que podrá ser restringida por parte de las autoridades de un Estado parte del Convenio. Este derecho, precisa la norma, 

“no podrá ser objeto de más restricciones que aquéllas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral o la protección de los derechos y libertades ajenos”

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111Antes de abordar el estudio de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en torno a la ilegalización de partidos políticos -y, en concreto, de la emitida en relación con la ilegalización de Batasuna- creo necesario identificar los ámbitos en los que, a mi juicio, la Ley de Partidos Políticos sigue siendo susceptible de reproches desde un punto de vista democrático. Lo siento, Donatien, pero tendrás que esperar un día más para llegar al último episodio de la serie.

En mi opinión, la Ley y sus efectos son censurables, básicamente, desde tres puntos de vista:

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F005D072LH07El grueso del debate público que suscitó la reforma de la Ley de Partidos Políticos, se situó en el terreno de los principios. Se discutió -como se discute en todas las democracias occidentales y en todos los foros académicos que versan sobre el significado del pluralismo político y su expresión partidista- si la democracia tiene derecho a defenderse de sus enemigos, ilegalizando, preventivamente, a los partidos políticos intrínsecamente programados para destruirla o si, por el contrario, el mero hecho de ilegalizar un partido político sitúa a un régimen de libertades a las puertas de su propia destrucción. O, expresado en otros términos, si la ilegalización de partidos políticos destruye a la democracia que la practica o le protege del riesgo de destrucción.

Pero tampoco faltaron algunas reflexiones asociadas a la oportunidad -o, si se prefiere, a la pertinencia estratégica- de una medida como aquella. Más allá de la postura que cada uno adoptase en el eterno debate sobre la compatibilidad entre la democracia y la ilegalización de partidos políticos, eran muchos los que se preguntaban si la eventual ilegalización de Batasuna y de sus eventuales sucesoras, podía constituir un avance real en la lucha contra el terrorismo de ETA.

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El primer mandato de José María Aznar (1996-2000) discurrió sobre bases de equilibrio y moderación. Dentro -claro está- del carácter relativo que estas dos expresiones encierran cuando hablamos de política. Las urnas le habían dado el triunfo, pero no los escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta del Congreso. Su acción de gobierno, por tanto, hubo de ser consecuada con otras formaciones del arco parlamentario, lo que le obligó a limar aristas y atenuar estridencias. La necesidad de pactar le obligó a ocultar la patita y a ofrecer un semblante abierto y tolerante.

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Durante este período, el gobierno del PP -que, en el pasado, como hemos visto, impulsó varias iniciativas parlamentarias orientadas a promover la ilegalización de HB por la vía penal- no sólo no adoptó medida alguna para situar a la izquierda radical vasca al margen de la ley, sino que puso en marcha un proceso de diálogo con las miras puestas en el fin de ETA y en la definitiva regularización de las siglas que representan a ese espacio político. Todo el mundo recuerda aquella declaración solemne en la que Aznar afirmaba públicamente su disposición a hablar con el “Movimiento de Liberación Nacional Vasco”. Y serán muchos los que recordarán, también, el efusivo aplauso que por ello le dedicó la prensa afín, cuyos titulares y editoriales se llenaron de epítetos elogiosos dedicados a ponderar el arrojo y la clarividencia del estadista visionario que sabe medir los riesgos y los tiempos cuando se encuentra ante coyunturas históricas.

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1_gd_optDurante la oscura y prolongada noche franquista, los partidos políticos -a excepción de los que el Caudillo unificó, en 1937, para situarlos bajo su supremo mando- hubieron de optar entre el exilio o la clandestinidad. El antipluralismo alcanzó, en esta época, su máxima expresión. Todas las formaciones políticas se encontraban fuera de la ley -tan sólo, insisto, la FET y de las JONS contaba con carta de legitimidad- y el mero hecho de militar en ellos -y no digmos ya participar en sus órganos de dirección- era perseguido por el régimen con especial saña. A donde no llegaba el Código Penal, que criminalizaba sin fisuras todas las expresiones de pluralismo discrepante, alcanzaban las zarpas de la policía política franquista, con sus delicados y civilizados métodos de seducción.

La sombra de esta brutal experiencia, muy poco presentable -ciertamente- en la Europa del Mercado Común, planeó, vergonzantemente, sobre quienes pilotaron la transición, llevándoles a compensar las libertades negadas en el pasado, con el establecimiento de un régimen sobre los partidos políticos que pusiera especial énfasis en su liberalización.

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ilegalizacionAlgunos de los sufridos lectores de este humilde blog –a los que nunca agradeceré lo suficiente la encomiable diligencia con la que, un día sí y otro también, penetran en su interior, navegan de un post a otro a la búsqueda de una pepita de oro con la que sentirse indentificados, y hasta se toman la molestia de insertar algún comentario con un saludo, una expresión de apoyo, un matiz, una discrepancia o una descalificación- me han pedido un comentario sobre la sentencia recientemente dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno a la ilegalización de Batasuna. Creo, sin embargo, que no es posible analizarla con un mínimo de rigor, sin hurgar, previamente, en los antecedentes, políticos, parlamentarios y judiciales que la han encuadrado. Un comentario aislado de la resolución, centrado, exclusivamente,  en los recursos argumentales y fundamentos jurídicos sobre los que descansa, quedaría, probablemente, descontextualizado y un tanto deslavazado.

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