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Posts Tagged ‘Congreso de los Diputados’

La semana parlamentaria ha dado mucho que hablar. En el Congreso hemos vivido de todo: sobresaltos, sorpresas, episodios confusos e incluso algún desconcierto. Tampoco ha faltado alguno de esos momentos de hastío que no despiertan ni la pasión del más exaltado.

En la sesión plenaria del martes, llamó la atención la triple derrota que sufrió el Grupo Parlamentario socialista. Pleno va y pleno viene, lo cierto es que el balance de votaciones perdidas que exhibe el Gobierno, empieza a ser alarmante. Parece que la vaca de la geometría variable no quiere dar más leche. Y sin lácteos parlamentarios, Zapatero pierde uno de sus principales nutrientes. La imagen de la cámara se asemeja cada vez más a lo que los británicos describen gráficamente con la expresión hung parliament: el parlamento colgado. El Gobierno carece de mayoría y su control sobre lo que ocurre en el hemiciclo sigue una línea decreciente.

Todos miramos afuera, pero el problema parece estar adentro.

El primer punto en el que los socialistas mordieron el polvo, fue una Proposición de Ley del BNG para que todos los productos y servicios relacionados con la cadena alimenticia tributen, en concepto de IVA, al 4%. Una medida razonable y de justicia, que persigue poner orden en actual caos y homogeneizar el tratamiento fiscal de los productos destinados al consumo humano. El PSOE había prometido su apoyo a esta iniciativa si, a cambio, el BNG votaba en contra de dos Proposiciones -una del PP y otra de CiU- sobre la prórroga del Plan 2000E para la adquisición de vehículos; el habitualmente conocido como Plan Prever. El acuerdo se cierra.

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Durante estos últimos días, en todas las comidillas de las cavernas burocráticas que habitan en la Administración central del Estado se especula con el alcance que tendrá la operación de «poda» que Zapatero ha ordenado poner en marcha con el fin de reducir el aparato administrativo que tiene a su servicio.

¿Tal para cual?

Dicen en los mentideros que la promesa hecha pública por el presidente del Gobierno en el sentido de reducir el déficit público del 12% de 2009 al 3% que espera alcanzar en 2013, incluye el compromiso de reducir un 15% los gastos de funcionamiento. Al parecer, este último ajuste se quiere llevar a cabo mediante la desaparición de alguna de las 340 secretarías de Estado, secretarías generales, subsecretarías y direcciones generales que pueblan la Administración estatal.  Y con ese motivo, las dependencias de los diferentes Ministerios han empezado a verse recorridas por el fantasma de la «poda» que nadie sabe a ciencia cierta sobre qué cargos se cernirá y a cuales dejará libres de su letal efecto. Pero mientras se mantiene la incertidumbre, todos temen, tiemblan y participan de las intrigas especulativas. Lo que parece evidente es que Zapatero no tiene previsto eliminar ni uno sólo de los 14 ministerios y 3 vicepresidencias que articulan orgánicamente su Gobierno. Lo decía claramente la vicepresidenta primera en una entravista publicada en El País el pasado domingo:

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Todo aquel que ha tenido ocasión de vistar el Congreso de los diputados durante los últimos meses, habrá podido comprobar que su entorno inmediato -y de manera muy especial la Carrera de San Jerónimo, que es su flanco más  conocido y emblemático-, está siendo sometido a una profunda remodelación, mediante un conjunto de interminables trabajos que han exigido, entre otras cosas,  levantar el piso, ampliar los garajes subterráneos y reinstalar la abigarrada red de infraestructuras que se despliegan en el subsuelo.

Cuando las obras concluyan, todos saldremos ganando, no lo dudo; estéticamente y, sobre todo, funcionalmente. Pero he de decir también que durante el -ya dilatado- tiempo que llevan ejecutándose, los trabajos  han sido y todavía siguen siendo  una inagotable fuente de incomodidades, tanto para los usuarios habituales del edificio, como para los numerosos visitantes y turistas que se pasean por las inmediaciones.  El acceso al palacio era un laberinto cambiante, que circulaba sobre un barrizal tan difícil de salvar, que nos dejaba a los diputados -y diputadas, claro- el aspecto de haber llegado a Madrid cruzando el Pagasarri.  El impacto visual de las obras ha sido también notable. Los leones del Congreso  están cubiertos con varias placas de madera y la Carrera está literalmente ocupada por las grúas, los camiones, las vallas de protección, los carteles que recogen la ficha de la obra y los avisos de peligro. Parece una escombrera. Todo está patas arriba y proyecta una imagen de caos y desconcierto.

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El martes de esta semana, se debatió en el Congreso de los diputados una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario vasco (EAJ-PNV) en la que se propone modificar la Ley de Contratos del Sector Público con el fin de facilitar la contratación pública de los centros especiales de Empleo que acojan a personas discapacitadas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral. Se trata de una medida de fuerte contenido social, orientada a impulsar el acceso al empleo público de los discapacitados; un paso más en la configuración de un modelo social integrador y solidario con los más desfavorecidos.

A nadie se le oculta que la regla básica que ha de inspirar la actuación de los poderes públicos en la selección de las empresas y del personal que trabajan a su servicio es la del mérito; lo que obliga, en principio, a optar, siempre, por alternativa que acredita una mayor competencia, desde una perspectiva de estricta igualdad formal. Pero en un Estado social, la igualdad ha de ser concebida en terminos materiales, no formales. Y los poderes públicos deberían, por ello, impulsar políticas activas de promoción de los colectivos humanos más desfavorecidos, a efectos de facilitar su desarrollo personal y su integración social. La selva liberal sólo conduciría a su enquistamiento y definitiva marginación.

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Todavía conservo las notas que tomé en una reunión informal que los portavoces de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso mantuvimos el 16 de octubre de 2007 con una representación del Parlamento de Kosovo, que había sido invitada a Madrid por la OSCE. La lectura de aquellos apuntes, me trae al recuerdo que el presidente de la delegación, Alush Gashi, militante de la Liga Democrática de Kosovo, hablaba pausadamente con un gesto serio y un rictus de tristeza en el que se podía adivinar la crudeza de los dramas que había vivido en el pasado; en un pasado quizá no demasiado lejano en el tiempo. Sus intervenciones, que se desarrollaron en albanés, eran objeto de una doble traducción por parte de la pareja de intérpretes que acompañaba a la comitiva: una al castellano, para los diputados del Congreso y otra al serbio, dirigida a Randjel Nojkic, el único parlamentario serbio que formaba parte del grupo que nos visitaba. Por el contrario, las intervenciones de éste último, que tomó la palabra en un par de ocasiones para expresar su desacuerdo con lo expresado por el jefe de la delegación, sólo eran traducidas al castellano.

Jóvenes kosovares celebran la declaración de independencia de su país

Este curioso dato suministra una fotografía bastante certera del panorama sociolingüístico que dominaba en la todavía provincia kosovar de la República de Serbia. Todos sus habitantes conocían el serbio, que era la lengua oficial preeminente del territorio, aunque sólo fuera la habitual de una minoría. Por el contrario, sólo los albaneses de Kosovo, que constituyen el 90% de su población, comprenden y utilizan su lengua. Para los ciudadanos serbokosovares, el albanés que hablan la inmensa mayoría de los habitantes de su territorio, era tan desconocido como el portugués, el coreano o el swahili. Algo parecido, mutatis mutandis, a lo que el euskera constituye para el grueso de la clase gobernante de Euskadi, empezando por el propio López: una lengua que sólo entienden a través de intérprete.

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Lo digo en serio: no es serio. No es serio el espectáculo al que unos y otros nos están abocando como consecuencia de la voracidad propagandística con la que diseñan sus actuaciones. Hace más de un mes, el Gobierno nos citó a los partidos políticos en el palacio de Zurbano de Madrid, con el claro propósito de solemnizar, frente a decenas de cámaras y de profesionales de la información, el inicio de una serie de contactos tendentes a forjar un consenso que permita trabajar conjuntamente contra la crisis económica. Tras semanas de tanteos y preliminares, el Ejecutivo lograba reunir a las formaciones políticas en torno a un documento en el que se recogían sus principales propuestas para plantar cara a la recesión. La iniciativa dejaba traslucir el deseo gubernamental de evocar los mitificados Pactos de la Moncloa, mediante la promoción de un nuevo Acuerdo que, en un momento tan decisivo como el que vivimos, sea capaz de unir a los partidos políticos alrededor de un programa consensuado, acreditando el liderazgo del Gobierno y su capacidad para trascender la coyuntura con la mirada puesta en el interés general. Todo un montaje propagandístico, vamos.

A todos sorprendió el hecho de que, el primer punto del documento, incluyese, como propuesta principal, un conjunto de medidas orientadas a promover la rehabilitación de viviendas. Entre los agentes económicos había adquirido tal arraigo la idea de que la recuperación pasa  por un cambio radical de la pauta de crecimiento -la sustitución del ladrillo por un modelo industrial basado en la economía productiva- que resultaba chocante ver al Gobierno preconizando, de nuevo, la apuesta por la construcción. Pues todo el mundo sabe que la competitividad no vendrá, desde luego, de la mano de la rehabilitación de viviendas, aun cuando pueda resultar recomendable darle un impulso a ésta.

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En el pleno de esta tarde, la cámara ha aprobado una Moción del BNG en la que se insta al Gobierno a retirar «de forma inmediata» el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley de Cajas de Galicia y se le emplaza a «respetar las competencias autonómicas sobre cajas de ahorro» y a respetar la naturaleza de estas entidades de crédito, «respetando su carácter de entidades vinculadas al territorio, su vocación social y su papel de instituciones financieras básicas para contribuir al desarrollo económico de las comunidades en las que tienen su sede social».

Los socialistas han votado en contra de la iniciativa y han conseguido arrastrar a hacia sus posiciones al diputado de UPN y a la electa de UPyD. Todos los demás grupos parlamentarios -popular incluído- hemos votado a favor de la iniciativa, que ha logrado imponerse por una ajustada diferencia de dos votos.

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Durante las últimas semanas, el PP viene condicionando su disposición a participar en los pactos de Estado propuestos por el Gobierno al hecho de que éste rectifique la política económica. «O cambian radicalmente la ruta que han trazado para afrontar la crisis -ha exigido Rajoy-, o no cuenten con nuestro apoyo». Es más, una vez metido en harina, el líder de los populares, incluso ha puesto un ejemplo muy gráfico de lo que el Ejecutivo puede hacer para conseguir el apoyo del partido conservador: «Hagan lo mismo que han hecho en el ámbito de la política antiterrorista. Rectifiquen, asuman nuestros postulados, y verán cómo les apoyamos».

El problema es que, cuando uno mira para atrás y repasa la actitud que el PP ha venido adoptando en el Congreso en relación con todas y cada una de las medidas extraordinarias que el Gobierno ha impulsado para afrontar la recesión, no acaba de ver donde radica la lógica de exigir una rectificación radical de lo hecho. Me explico.

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Acabo de leer el documento que hoy ha hecho público el PP con sus propuestas para luchar contra la crisis económica. En uno de sus primeros puntos, referido a la sostenibilidad de las finanzas públicas y la austeridad presupuestaria, el documento plantea la necesidad de

«Cumplir los mandatos del Congreso de los Diputados de acometer una reducción y racionalización de la estructura del Gobierno y de sus Altos Cargos, recogidos en las iniciativas aprobadas el 28 de abril de 2009, el 16 de junio de 2009, el 27 de octubre de 2009 y el 9 de febrero de 2010, respectivamente»

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Ayer, un grupo de diputados y senadores del Partido Nacionalista Vasco cursamos una visita organizada a algunas de las empresas más señaladas del sector de la máquina-herramienta en Euskadi. Conducidos por la diestra mano de Koldo Arandia y Xabier Ortueta, tuvimos ocasión de conocer de primera mano la realidad que atraviesa este sector y escuchar sus inquietudes, preocupaciones y proyectos. Ya ha expresado en repetidas ocasiones la convicción de que los parlamentarios debemos esforzarnos por mantener contacto con la realidad social y económica que nos rodea, con el fin de no perder pie a la hora de formular nuestro discurso y diseñar nuestra acción política.

En la sede de la empresa Juaristi, junto a los gestores de la compañía

En una jornada lluviosa, que apenas permitía disfrutar de los húmedos paisajes que encuadran la geografía vasca de la máquina-herramienta, nos dimos cita a las ocho y media de la mañana en la sede de la empresa Ibarmia, en Azkoitia, dispuestos a dar riguroso cumplimiento a una agenda tan intensa que contemplaba el paso por varias empresas, un Instituto de Formación Profesional y un Museo, situado en Elgoibar, para concluir el periplo en torno a una mesa en el restaurante Lasa de Bergara.

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