Blog de Josu Erkoreka

Ayer se presentó un escrito en el registro del Congreso, en el que se solicita la comparecencia de Rubalcaba ante el Pleno de la cámara para que explique “la responsabilidad del Gobierno en el caso Faisán y su relación con el proceso de negociación con la banda terrorista ETA”. El escrito -casi no hace falta decirlo- está suscrito por 85 diputados del Grupo Parlamentario popular. Tampoco creo que la fecha elegida para presentarlo requiera una explicación particularmente prolija. El escrito se registra justo al día siguiente de que diario El Mundo publicara un acta, presuntamente redactada por un miembro de ETA, para recoger el tenor de las conversaciones que los delegados de la organización terrorista mantuvieron con los representantes del Gobierno de España durante el alto el fuego de 2006. Y se registra, también, el mismo día en el que el diario El País hiciera pública una partida documental con información semejante.

Como en las actas atribuidas a ETA se reflejan actitudes del Ejecutivo que permiten adivinar la existencia de una sintonía de fondo entre los interlocutores de las dos partes -los enviados del Gobierno dijeron, según el acta publicada por El Mundo, cosas como que la detención de Elosúa fue “un accidente grave, un asunto que viene del juez”, que el “los jueces se han convertido en un instrumento del Partido Popular o que “Rubalcaba se incorporó a Interior para continuar con una vía que conocía desde su cargo en el Congreso y se cambió el fiscal jefe de la Audiencia”, por poner tan solo algunos ejemplos- los populares han recordado, súbitamente, que Rubalcaba se encuentra entre las liebres que los rumores de pasillos y faldones sitúan en la carrera por la sucesión de Zapatero, y han decidido emprender una campaña de erosión contra él. Una campaña en toda regla que le acusa de connivencia y complicidad con el terrorismo y concluye solicitando al mismo tiempo su comparecencia y su dimisión; cosa que no deja de extrañar, porque parece evidente que si comparece, es porque no ha dimitido aún, y si dimite, ya no puede comparecer.

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Esta semana he mantenido una conversación interesante con un ciudadano andaluz que el martes vino al Congreso a explicar a los Grupos parlamentarios de la cámara una iniciativa social en cuyo impulso está sumamente interesado. La conversación, que se prolongó, después de concluída la explicación oficial, en torno a un café, se extendió sobre cuestiones políticas y personales que nada tenían que con el motivo inicial del encuentro.

Me confesó, entre otras muchas cosas, que era un antiguo votante del PSOE. Si su testimonio era cierto -y no tengo razones para pensar que no lo fuera- mi interlocutor votó a esta formación política en numerosas ocasiones y en todo tipo de citas electorales: generales, autonómicas y municipales. Sin embargo, dejó de hacerlo cuando un día descubrió, con más horror que sorpresa, que el 100% del dinero público que le afectaba como ciudadano estaba siendo gestionado por los socialistas, es decir, por gentes de un mismo partido político. El alcalde de su pueblo era socialista. En la Diputación provincial, las riendas del gobierno estaban, también, en manos del PSOE. En la Junta de Andalucía, el partido de Pablo Iglesias parecía llamado a gobernar per saecula saeculorum y controlaba, en solitario, todos los resortes del poder autonómico. Y, por último, en el Gobierno central, el PSOE acumula – él solo- más años ocupando poltrona que todos los demás partidos juntos. Desde la aprobación de la Constitución, UCD+PP= 12 años/PSOE= 21 años.

«No es saludable -me dijo- confiar la gestión del 100% de los fondos públicos que te conciernen como ciudadano a un sólo partido. Y menos aún, que una situación tan monolítica, cerrada y falta de oxígeno se prolongue en el tiempo». Mi interlocutor andaluz era partidario de que en la administración de los asuntos públicos que le afectan, intervengan manos distintas, que reflejen percepciones y sensibilidades diferentes, a fin de que el contraste dialéctico entre lo que unos promueven y los otros impulsan, de lugar a un resultado global equilibrado y razonable. El acierto nace del contraste, no del monolitismo. El pluralismo político debe reflejarse también ahí. Sin cuñas, no entra el aire fresco. Y sin aire fresco, la atmósfera acaba enviciándose. Que todos los asuntos públicos que afectan a un ciudadano -todos y a todos los niveles- se encuentren en manos del mismo partido, facilita el adocenamiento típico de las situaciones de monopolio: la falta de transparencia, el relajamiento, la indolencia y, en definitiva, el deterioro de la calidad del servicio.

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