Hace unos días, Joseba Agirreazkuenaga, catedrático de Historia Contemporánea del País Vasco, tuvo la amabilidad de enviarme el volumen en el que se recogen las ponencias y trabajos que se presentaron en el III Seminario Catalunya-Euskadi, que tuvo lugar en la sede del Museo de Historia de Catalunya en mayo de 2008. En esta edición, el curso versaba sobre «la cuestión catalana y la cuestión vasca en el debate parlamentario español (1808-2008)», un objeto de estudio que, por razones obvias, ha de despertar el interés de alguien como yo que, durante los últimos nueve años viene desarrollando su actividad parlamentaria en las instituciones representativas del Estado.
Mapa político de 1854 en el que se distingue la España uniforme, la Españ foral, la España incorporada o asimilada y la España colonial
En esta segunda entrega reproduzco un artículo que Lluch publicó en los diarios vascos del grupo Vocento el 19 de octubre de 1995. Leído casi tres lustros después, produce, inevitablemente, impresiones distintas a las que suscitó en el momento en el que fue publicado. En 1995, Aznar no había accedido todavía al poder. Y se encontraba más lejos aún de gobernar con la mayoría absoluta que las urnas le dieron en las elecciones generales del año 2000. Entonces, pocos entendían la idea de que, en Euskadi, un balance histórico del último siglo y medio arroje una nómina de nacionalistas españoles más extensa e intensa que la que nutre las filas del nacionalismo vasco. Entonces, todavía, la ingenua opinión pública asumía a pies juntillas el simplista y falaz esquema de que el nacionalismo es, por definición, exclusivamente vasco. Ahora, tras el paso de Aznar por el Gobierno español, que despertó en Euskadi entusiásticos fervores españolistas, sabemos que, haciendo abstracción del reducido colectivo de auténticos no-nacionalistas, entre los vascos hay nacionalistas vascos y nacionalistas españoles. Y es que, cuando un vasco se siente español…, hay que reconocer que lo hace de verdad. Con auténtica pasión. Con un fervor incontenible. Y lo que es peor, con una violenta pulsión impositiva. Con el obsesivo empeño de imponer su sentimiento a todos sus conciudadanos, les guste o no les guste.
El grueso del debate público que suscitó la reforma de la Ley de Partidos Políticos, se situó en el terreno de los principios. Se discutió -como se discute en todas las democracias occidentales y en todos los foros académicos que versan sobre el significado del pluralismo político y su expresión partidista- si la democracia tiene derecho a defenderse de sus enemigos, ilegalizando, preventivamente, a los partidos políticos intrínsecamente programados para destruirla o si, por el contrario, el mero hecho de ilegalizar un partido político sitúa a un régimen de libertades a las puertas de su propia destrucción. O, expresado en otros términos, si la ilegalización de partidos políticos destruye a la democracia que la practica o le protege del riesgo de destrucción.
Blog de Josu Erkoreka 