Confieso que me sobrecogieron las declaraciones del conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell cuando, interpelado, hace varios días, por un entrevistador de la BBC, reconoció que el Ejecutivo del que forma parte no tiene más banco que el Gobierno de España. No quiero ni imaginar lo duro que debió resultar para un nacionalista catalán que aspira a dotar a su país de las más altas cotas de soberanía fiscal, tener que asumir públicamente que, pese a la pujanza tecnológica, industrial y exportadora que exhibe la economía catalana y al ingente esfuerzo que el Gobierno de Artur Mas está llevando a cabo para avanzar en la reducción del déficit y en el control la deuda pública, la viabilidad financiera de su autogobierno, se encuentra, al menos a corto plazo, en manos de los poderes centrales del Estado. El plante que el miércoles de esta semana ha dado Mas-Colell al Consejo de Politica Fiscal y Financiera, ha sido un gesto de protesta -y de advertencia, según han expresado desde la propia Generalitat- pero también de encrespada impotencia. Y la displicente respuesta del Gobierno central, apelando al artículo 155 de la Constitución para argumentar que “no hay hueco a la insumisión”, no puede decirse que haya contribuido, precisamente, a serenar los ánimos. Claro que, Cospedal lo ha dejado peor aún cuando declaraba al día siguiente al ABC que “algunos quieren ir por libre pero después utilizan los mecanismos del Estado para salir de la situación”.
La situación generada en Catalunya tras el anuncio de que recurrirá al Fondo de Liquidez Autonómica para hacer frente a las necesidades financieras de los próximos meses, ha dado lugar a un sin fin de comentarios jocosos por parte de los dogmáticos de la unidad fiscal -y de la no fiscal- del Estado. La prensa española de los últimos días está preñada de declaraciones, columnas y artículos de opinión que hacen referencia a este hecho. Casi todos -huelga decirlo- en la misma línea de Cospedal: haciendo mofa y escarnio del hecho de que la decisión de acogerse al rescate ofrecido por el Estado haya sido adoptada por los mismos nacionalistas que aspiran a elevar a Catalunya a la categoría de sujeto de soberanía y desgajarse del Estado al que piden ayuda.
Se trata de una reacción injusta, malediciente y ofensiva para una nación como la catalana, cuyas dificultades financieras no derivan de su insolvencia económica -dado que se trata de una de las comunidades políticas más prósperas y pujantes del Estado español- sino de las bases sobre las que se ha establecido su relación financiera y fiscal con los poderes centrales del Estado. Quienes profieren esa agraviante crítica, por otro lado, parecen no darse cuenta de que tampoco el Estado español se encuentra en condiciones de lucir mucho músculo cuando apela a su soberanía. ¿Acaso no recuerdan que hace tan solo un año, cuando abordó la reforma Express del artículo 135 de la Constitución, tuvo que hacer uso de su poder constituyente -que es, en teoría, la máxima expresión de la soberanía- siguiendo órdenes de la Unión Europea?¿Acaso han olvidado que cuando Rajoy se opuso -en febrero de este mismo año- al objetivo de déficit que le fue impuesto en Bruselas, invocando su capacidad para adoptar “decisiones soberanas”, hubo de rectificar en cuestión de días y asumir que su apelación a la soberanía española era un simple farol sin recorrido alguno? ¿Qué clase de soberanía es la que se ejerce, cuando, como y porque lo exige una instancia exterior al sujeto pretendidamente soberano?
Blog de Josu Erkoreka 