Blog de Josu Erkoreka

Hace unos meses, escribí un post a propósito de unas llamativas declaraciones que el entonces candidato del PSOE a las elecciones generales había hecho en relación a necesidad de rigidificar las normas que establecen el régimen de incompatibilidades de los cargos políticos, y haciendo votos por instaurar el principio «un político, un sueldo». (ver «Un político, 0 un sueldo», publicado en este blog el 9.10.11). En aquel breve escrito expresaba mi sorpresa por el hecho de que una propuesta tan loable y lógica como aquella, procediera precisamente del candidato de un partido que durante la IX legislatura, que acababa de conluir, había votado más de una vez en contra de iniciativas inspiradas en el mismo principio.

Pues bien, en el Pleno de esta tarde, el Congreso ha retomado de nuevo aquel debate. Lo ha hecho de la mano de una Proposición no de Ley en la que se planteaba la revisión del estatuto legal de los ex presidentes del Gobierno, con un doble objetivo:

a) Limitar temporalmente las prerrogativas que la ley les reconoce tras abandonar el cargo.

b) Eliminar o constreñir la compatibilidad actualmente existente entre la percepción de retribuciones procedentes de fondos públicos y las derivadas de la actividad profesional que eventualmente pudieran desempeñar, por cuenta propia o al servicio de compañías privadas.

La iniciativa no ha prosperado, evidentemente. Y no sólo porque la mayoría absoluta del PP lo haya impedido. También han votado en contra el PSOE y CiU. De manera que la propuesta no hubiera obtenido la aquiescencia de la cámara, ni en el hipotético supuesto de que los populares careciesen de la mayoría absoluta que ostentan.

El régimen actualmente aplicable a los que en el pasado fueron inquilinos de la Moncloa, no respeta el principio «un político, un sueldo». Y no lo hace porque permite que los ex presidentes del Gobierno -políticos donde los haya- puedan percibir simultaneamente los emolumentos públicos que la ley les asigna en función de su status, y los que pudieran acordar con empresas u otro tipo entidades de carácter privado en contraprestación al trabajo que desarrollen a su servicio. Permite, en resumen, que cobren al mismo tiempo, como ex presidentes, y como intermediarios privados dedicados a la influencia y el lobby. Sin embargo, los socialistas se han opuesto a la iniciativa. Los compromisos públicos que asumieron en el pasado mes de octubre para la entronización del principio «un político, un sueldo», se han desvanecido en el turbio aire de la nueva legislatura. Los ex presidentes Gobierno siguen siendo intocables vacas sagradas para los partidos políticos que tienen en sus filas alguno de ellos.

Nosotros hemos apoyado la iniciativa. Y lo hemos hecho, a pesar del discurso que pronunció el portavoz del grupo proponente, preñado de frases demagógicas y consideraciones peyorativas hacia lo que denominaba la «casta política»; como si fuera posible agrupar en un colectivo homogéneo situaciones tan dispares como la de un ministro del Reino, dotado de potestas firmandi -permítaseme la expresión-, un parlamentario autonómico o un concejal de la oposición de un municipio rural de menos de 1000 habitantes. Jamás comprenderé la actitud oportunista de los electos que necesitan cruzar permanentemente guiños cómplices con los sectores sociales más críticos hacia la política institucional y revisten todas sus propuestas con una retórica estridente y demagógica que sólo contribuye a alimentar el creciente desdoro que experimenta la política. Nunca tuvo éxito -y no creo que vaya a tenerlo ahora- la estrategia de erigirse en regenerador de lo que uno mismo ha contribuido a desprestigiar. No hay más que ver el tratamiento que han recibido aquellos que, sin abandonar su escaño, han pretendido recorrer la calle de la mano de esos grupos que, en el fondo, lo que combaten son los escaños, los hemiciclos y toda la política parlamentaria que se desarrolla en ellos. A más de uno hemos visto siendo expulsado de una protesta callejera a la voz de «carroñero, todos sois iguales». Para corregir los excesos puntuales que pueda encerrar el status legal  este o aquel colectivo de cargos o ex cargos públicos, no resulta necesario formular un discurso general sobre la regeneración ética de la política, como si todo lo que sucede en el seno de ésta fuese excremento maloliente.

En el Pleno de hoy, también hemos debatido una moción de los socialistas sobre el desarrollo del artículo 135 de la Constitución; el precepto que, como se recordará, fue objeto de la reforma express que el PSOE y el PP perpetraron e consuno entre los meses de agosto y septiembre de año pasado. Tampoco esta iniciativa ha contado con el beneplácito de la cámara. Sólo ha contado con 108 votos a favor, mientras que los contrarios sumaban 180 y las abstenciones 32. Es curioso. Los dos grandes partidos fueron capaces de pactar la reforma constitucional -así como la negativa a someterla a referéndum- pero las desavenencias se hacen patentes desde el momento D+1. Nos dijeron entonces que el pacto incluía tanto el texto del precepto constitucional como su desarrollo poesterior. Pero no han transcurrido más que unos meses desde que se aprobó la reforma y las partes que firmaron el acuerdo se están enfrentando ya, a cara de perro, sobre el contenido material que ha de dársele a ese desarrollo. ¿Qué acordaron entonces? ¿Quién se está desmarcando de lo pactado? ¿Tan diferente es la perspectiva que se tiene sobre la acordado según se esté en el Gobierno o la oposición?

La legislatura, como se ve, ya ha iniciado su curso. Y ya se empiezan a hacer notar algunas incoherencias y no pocas desavenencias.