Blog de Josu Erkoreka

Durante las últimas semanas, la atmósfera política se ha visto cargada de todo tipo de partículas flotantes que hablan de Pactos de Estado. La alarma generada en la sociedad por el devastador efecto que la crisis económica está teniendo en el tejido empresarial y en el empleo, se está expresando a través de un clamor popular que viene exigiendo a la clase política voluntad y esfuerzo para orillar las diferencias, acabar con los debates estériles y buscar acuerdos que permitan optimizar las energías disponibles, poniendo a todos a remar en la misma dirección. Es en este contexto donde ha emergido la propuesta de un Pacto de Estado que sea capaz de poner fin a los reproches cruzados y de sentar las bases de la acumulación de fuerzas que resulta necesaria para combatir la recesión con eficacia y determinación.

Aunque la demanda está en la calle, la idea del Pacto de Estado la ha puesto en circulación CiU, recordando los Pactos de la Moncloa y reclamando la necesidad de articular un compromiso entre todas las fuerzas políticas que, al igual que en la transición, haga posible unir fuerzas para plantar cara con eficacia al galopante deterioro de la economía. En la misma dirección han apuntado ciertas escaramuzas del rey, al que la prensa ha querido ver como un monarca francamente preocupado por la crisis y empeñado en mediar entre los agentes políticos y sociales con el propósito de remover los obstáculos que, al parecer, impiden el Pacto.

La reacción de los dos principales partidos del orbe político español, es bien conocida. En ambos casos ha primado el tacticismo más prosaico. El Gobierno se ha sumado a la ola favorable al Pacto, desde la convicción de que, en la coyuntura presente -de un pesimismo que las instancias comunitarias y los agentes económicos internacionales no contribuyen a atenuar- es mucho lo que puede ganar con la apuesta pactista y poco lo que tiene que perder. Por eso insiste en pedir a los populares que arrimen el hombro. Si hay acuerdo y este ayuda a superar la crisis, el Gobierno consolidaría ante la opinión pública su capacidad de liderazgo e integración. Y en el peor de los casos, un Pacto de Estado podría servir, cuando menos, para corresponsabilizar al PP en la política económica del Gobierno, lo que aplacaría su furia crítica. Si los populares se implicasen en una estrategia compartida de lucha contra la crisis -piensan en el PSOE- les resultaría más difícil seguir reprochando al Gobierno su falta de ideas y su ausencia de coraje para adoptar las traumáticas decisiones que es preciso adoptar.

Por su parte, el PP quiere rechazar la mano tendida por el Gobierno, pero sin que ello comprometa su imagen de partido responsable. No se quiere dejar abrazar por el oso gubernamental, que podría descoyuntarle, pero tampoco quiere que la retina de los ciudadanos se quede con la deplorable imagen de un partido que, en momentos de auténtica emergencia, se levanta, fríamente, de la mesa negociadora, sin emplear en ella todo el esfuerzo que la sociedad le está exigiendo para que busque con lealtad y sin aspavientos una estrategia unitaria. Hasta la fecha, el partido de Rajoy ha logrado salvar la cara exigiendo al Gobierno una radical reorientación de sus políticas económicas. “Sólo le apoyaré si rectifica”, le ha espetado Rajoy a Zapatero. Pero la coartada popular está agotando ya todo su recorrido. Los ciudadanos desempleados -incluso los más críticos con la política gubernamental- están cada vez menos dispuestos a tolerar este tipo de poses autojustificativas, que pueden resultar útiles para las tácticas mediáticas de los partidos, pero nada efectivo aportan a la recuperación de la economía y a la reducción de las tasas de paro.

Así están las cosas en el momento actual. Las poses mutuas comienzan a ser exageradas y denotan que el PP tendrá tanto empeño en demostrar su predisposición al pacto como convencimiento para no regalarle un ápice de protagonismo al Gobierno de Zapatero.

Hay quien piensa que la falta de entendimiento entre el PSOE y el PP obedece al hecho de que sus recetas económicas resultas irreconciliables. En ocasiones, hasta sus propios portavoces se empeñan en proyectar la imagen de que, entre sus respectivas posiciones ideológicas, media una sima insalvable que impide objetivamente el entendimiento. Nada más lejos de la realidad. En el marco de opciones -cada vez más estrecho, por cierto- que la UE deja en manos de sus Estados miembros para la política económica, las coincidencias entre los socialistas y los populares son muy superiores a lo que en una primera aproximación pudiera parecer.

En efecto, ambos partidos aceptan que la política monetaria corresponde al Banco Central Europeo. Y ambos asumen, también, que la política fiscal se ha de llevar a cabo bajo las directrices de un rígido plan de convergencia, que sujeta el déficit y la deuda públicas a estrechos límites porcentuales. Dentro de ese contexto, ni el PP preconiza la supresión de la Seguridad Social o el sistemático adelgazamiento de los servicios sociales, ni el PSOE apuesta por incrementar la presión fiscal con el fin de engordar sin límite el sector público y acentuar su protagonismo en el terreno económico. De hecho, fue el PSOE de Zapatero el que afirmó que bajar impuestos es de izquierdas y el que ha llevado a efecto una reivindicación de la derecha tan secular como la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio. Basta un leve repaso histórico para constatar que, en una buena parte de las políticas económicas y sociales, las iniciativas puestas en marcha por unos han sido mantenidas por los otros, e incluso reforzadas cuando la situación económica lo ha permitido. Proclamas liberales como las de Esperanza Aguirre, apenas conmueven ya a quienes constatamos todos los días sus intensivas prácticas intervencionistas.

No quiero decir con esto que entre el PSOE y el PP no existan diferencias en lo económico y lo social. Las hay. Lo que afirmo es que ni son tantas ni tan relevantes como para hacer imposible un acuerdo mínimo en torno a las medidas que, hoy y aquí, requiere la lucha contra la crisis económica. La prueba más elocuente de lo que digo radica en el hecho de que, en Euskadi, han sido capaces de cerrar filas en torno a un Presupuesto que sus redactaros reconocen elaborado en sintonía con las ideas de Zapatero. El mismo PP que en las Cortes Generales sitúa el déficit público en el terreno del anatema, apoya en Euskadi, sin complejos ni reparos, unas Cuentas Públicas que, en tan sólo un año, transitan del superávit a un déficit que se sitúa en torno al 3%.

¿Y qué es -se preguntará más de uno- lo que hace posible en Euskadi un acuerdo sobre políticas económicas y sociales que en Madrid parece inviable?

La respuesta es clara: la motivación. Los socialistas y los populares se encuentran más motivados para alcanzar acuerdos, cuando estos tienen por objeto combatir el nacionalismo vasco, que cuando persiguen consensuar políticas para salir de la crisis económica. Les une mucho más el antinacionalismo vasco que el compromiso a favor del ciudadano. El objetivo compartido de neutralizar el nacionalismo vasco entraña, para ellos, una fuerza vinculante tan intensa, que no les importa aparcar todas las diferencias que les separan para esforzarse en encontrar puntos de encuentro. Pero si de lo que se trata es de luchar juntos para mejorar las expectativas de los ciudadanos, ninguno de ellos encuentra razón suficiente para apearse de las posiciones partidistas y procurar la convergencia en lo esencial. Por eso ha sido un posible un Pacto de Estado contra el nacionalismo vasco y no parece factible un Pacto de Estado para luchar contra la crisis económica.