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Posts Tagged ‘No-nacionalismo’

El triunfo electoral recientemente cosechado en Bélgica por el independentista flamenco Bart de Wever está dando mucho que hablar en los mentideros políticos. Como se sabe, Bart de Wever encabezaba la lista con la que concurrió a las elecciones generales del pasado mes de junio la Nueva Alianza Flamenca; una formación política que viene a sustituir al disuelto partido Volksunie y que, al igual que  este, profesa un ideario netamente independentista. Los resultado obtenidos en los comicios -el 30% de los sufragios emitidos en Flandes y el 17,4% de los emitidos en el conjunto del Estado- le encumbran a la posición de primera fuerza y sitúan a su líder en la tesitura de tomar la iniciativa de cara a la formación de Gobierno. Y, obviamente, todos los analistas están a la expectativa. ¿Qué tipo de medidas puede adoptar al frente del Gobierno de Bélgica el principal dirigente de un partido independentista flamenco?

Bart de Wever ha querido tranquilizar a los más timoratos -y a los valones, todo hay que decirlo- asegurando que no busca «una revolución», sino una «suave evolución». Pero una frase tan ambigua apenas sirve para aquietar un ápice los espíritus más pusilánimes, que siguen aterrados. Porque está bien eso de no promover la «revolución», pero… ¿hacia dónde conduce la «suave evolución» que se anuncia?  ¿En qué sentido se orientará? ¿Sucederá por fin -se preguntan muchos- la disolución del Estado de Bélgica que tantas veces de ha vaticinado?

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La prensa de hoy nos informa -es un decir- de la aprobación, por parte del Parlamento de Navarra, de la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra -para los amigos, LORAFNA- acordada entre el Gobierno central y el Ejecutivo de la Comunidad Foral. Ahora les toca el turno a las Cortes Generales. Cuando estas bendigan el texto, la reforma se podrá dar por consumada y la norma, ya modificada, se publicará en los respectivos boletines oficiales para hacer posible su entrada en vigor. Me temo, sin embargo, que el Congreso no abordará el asunto hasta después del verano. Las propuestas de reforma estatutaria se debaten en los primeros plenos de cada mes y el calendario oficialmente aprobado por la Junta de Portavoces no contempla la celebración de plenos ordinarios en julio y agosto. Los habrá extraordinarios, sin duda, pero no creo que se fuercen las cosas hasta el extremo de incluir la reforma de una norma estatutaria en el orden del día de una sesión extraordinaria, convocada, como es preceptivo, por motivos tasados de urgencia bien justificada.

Dantzaris navarros

Cuando el Congreso se decida a abordar el asunto, su intervención se verá reducida a la mínima expresión. Como ha ocurrido con el Parlamento de Navarra, se limitará celebrar un pleno, en el que los grupos parlamentarios podrán fijar posición dentro del margen temporal que se les fije -diez o quince minutos- y votar: sí, no o abstención. Nada más. A los grupos no se les permitirá, ni enmendar el texto -que viene cerrado por los dos ejecutivos-, ni defender sus alternativas, ni participar en una ponencia -donde tanto y tan buen trabajo puede desarrollarse de cara a la consecución de consensos- ni tan siquiera negociar en los pasillos. Nada. El texto pactado es fijo e inamovible. Se apoya o se rechaza. No hay más. No se puede modificar lo más mínimo. Aunque parezca mentira, así de opaco y oscurantista es el procedimiento previsto en la LORAFNA para su reforma. Se negocia a puerta cerrada entre los dos gobiernos y el papel de los parlamentos se circunscribe, estrictamente, a lo señalado: a avalar o refutar la propuesta que se somete a su consideración.

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Hace ya año y medio, publiqué en este blog una entrada a la que puse el sonoro título de  «La frontera nacional» (Ver el post  «La frontera nacional», publicado el 22.11.08). Hablaba en ella de los debates -y consiguientes votaciones- en los que el hemiciclo del Congreso se divide entre los impenitentes defensores de la España Nacional, una, única y grande, y los diputados ajenos a esa esencialización de España como una realidad constitutivamente inmutable, inalterable y, por supuesto, indivisible. En el primer grupo -lo decía entonces- se sitúan el PSOE y el PP, a los que, ya apuntaba en aquella ocasión,  debían agregarse el diputado de UPN y  la diputada de UPyD. El segundo bloque incorpora, sin excepción, a los restantes electos del arco parlamentario. Pocos en número, pero de amplio abanico, tanto en lo ideológico como en lo territorial

Pese a la brutal imagen de enfrentamiento y desencuentro que los socialistas y los populares transmiten últimamente, lo cierto es que no faltan ocasiones para que el panel lumínico en el que se reflejan las votaciones que tienen lugar en la cámara, nos siga transmitiendo, de vez en cuando, el rígido y amenazador perfil de la frontera nacional. La última vez que sucedió, fue el pasado 20 de mayo, con motivo de la aprobación del proyecto de Ley de Puertos de Interés General.

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Entre los asuntos que el pasado martes se debatieron en el Pleno del Congreso, había una Moción de Rosa Díez sobre “la necesidad -este era, literalmente, el solemne rótulo que llevaba en el frontispicio- de que el Gobierno utilice todas sus competencias constitucionales para recortar el gasto autonómico superfluo”. La sola lectura del título permite colegir que, a juicio de sus redactores:

1.- Existe gasto autonómico superfluo y ese gasto tiene la dimensión suficiente como para inquietar hasta al observador más imparcial.
2.- El Gobierno (central, por supuesto) ha de emplearse a fondo en atajarlo.
3.- El Gobierno (central, claro) goza de “competencias constitucionales” suficientes como para llevar a cabo esa tarea con notable eficacia.

¿Se rompe España?

El novato en las lides parlamentarias podría quedar sorprendido por el hecho de que la iniciativa haya sido formulada en las Cortes Generales y no en las cámaras legislativas de cada una de las comunidades autónomas en las que puede constatarse la existencia de los “gastos superfluos” que Rosa denuncia. ¿Qué sentido tiene -podría preguntarse el lego- plantear este debate en una cámara que sólo puede atender a lo que se le requiere de forma parcial y tangencial? ¿Para qué esforzarse -podría insistir el profano- en recurrir a vías indirectas cuando se trata de alcanzar un objetivo que puede perseguirse por cauces directos? La decisión de tocar en la puerta de las instituciones centrales del Estado para pedirles que fuercen a las comunidades autónomas a hacer algo que puede exigirse directamente a estas últimas, podría resultar -insisto- extraño y hasta chocante. Pero en realidad, no hay motivo alguno para la sorpresa. Y ello es así, por dos razones, básicamente: una de orden práctico y otra de carácter ideológico.

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Es mucho lo que se ha escrito sobre Samaranch con ocasión de su reciente fallecimiento. Mucho y, como cabía suponer, enormemente diverso. Porque no han faltado a la cita necrológica, ni los hagiógrafos de rigor, que ensalzan las virtudes del finado hasta las más altas cotas de la excelencia humana, ni los que han recordado -con soporte gráfico incluido- su pasado falangista y su ferviente colaboración con un régimen dictatorial que negó las libertades y vulneró los derechos más elementales.

Entre los primeros, he descubierto una glosa que merece consideración especial. Me refiero a la que el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, le dedicó en el diario La Razón, bajo un epígrafe tan emotivo como elogioso: “En memoria de un español ejemplar”.

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La prensa de hoy vuelve a informarnos por enésima vez del fracaso cosechado por el ponente que tenía encomendada la tarea de redactar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Uno de los principales obstáculos que han impedido el acuerdo, tiene que ver, según refieren los titulares de los diarios, con la consideración de Catalunya como nación.

En este punto, el Estatut es, en mi opinión, particularmente modesto y sobrio. Pese a que su texto es, en general, prolijo y bastante ampuloso -véase, por ejemplo, el capítulo relativo a los derechos o el que registra las competencias que asume la Comunidad- las referencias al carácter nacional de Catalunya son más bien pocas y recatadas. El preámbulo se limita a constatar un hecho histórico incontrovertible: que el Parlament «ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Catalunya como nación». Y el artículo 8 establece que los «símbolos nacionales» de Catalunya son la bandera, la fiesta y el himno. Poco más.

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Ayer, Antonio Basagoiti hacía un retrato de sí mismo en el que nos quería hacer ver a un hombre profundamente preocupado por los problemas económicos que nos afligen y ejemplarmente centrado en el empeño por resolverlos. Nada más le motiva e interesa. No, al menos, los pequeños dimes y diretes que dominan el debate político.  «Yo trabajo -decía el líder popular– para resolver problemas económicos y sociales, y los líos de tú me has dicho, yo te he dicho se los dejo a Urkullu».

Pocos días antes, en un mitin celebrado en Santiago de Compostela para celebrar el primer aniversario del Gobierno presidido por Núñez Feijoo, respondía a los dirigentes del PSOE que en las jornas previas había acusado al PP de ser el partido de la corrupción, con esta frase, que arrancó, de inmediato, el fervoroso aplauso de la multitud:  «No hay ‘pajines’ ni ‘pepiños’ que sean capaces de aguantar la mirada a un concejal del PP vasco que se juega la vida por cero euros y te dicen que el PP es corrupto». No sé, francamente, si las palabras que pronunció en Galicia se sitúan en el ámbito de la lucha por el desarrollo económico, o en el terreno de «los líos de tú me has dicho yo te he dicho», sobre los que Basagoiti ha dirigido su vade retro. Me temo que se encuentra ligeramente más cerca de los líos que de la economía. En cualquier caso, lo que su intervención de Santiago puso de manifiesto es que el el tema vasco -y ya no digo el de ETA- da mucho juego para hacer política por esos andurriales de la España esencial. La reflexión viene al hilo de la utilización que los populares han hecho de su cabecilla en el País Vasco para responder al acoso mediático que los socialistas ejercen sobre ellos a propósito del caso Gürtel. Me explico.

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Todavía conservo las notas que tomé en una reunión informal que los portavoces de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso mantuvimos el 16 de octubre de 2007 con una representación del Parlamento de Kosovo, que había sido invitada a Madrid por la OSCE. La lectura de aquellos apuntes, me trae al recuerdo que el presidente de la delegación, Alush Gashi, militante de la Liga Democrática de Kosovo, hablaba pausadamente con un gesto serio y un rictus de tristeza en el que se podía adivinar la crudeza de los dramas que había vivido en el pasado; en un pasado quizá no demasiado lejano en el tiempo. Sus intervenciones, que se desarrollaron en albanés, eran objeto de una doble traducción por parte de la pareja de intérpretes que acompañaba a la comitiva: una al castellano, para los diputados del Congreso y otra al serbio, dirigida a Randjel Nojkic, el único parlamentario serbio que formaba parte del grupo que nos visitaba. Por el contrario, las intervenciones de éste último, que tomó la palabra en un par de ocasiones para expresar su desacuerdo con lo expresado por el jefe de la delegación, sólo eran traducidas al castellano.

Jóvenes kosovares celebran la declaración de independencia de su país

Este curioso dato suministra una fotografía bastante certera del panorama sociolingüístico que dominaba en la todavía provincia kosovar de la República de Serbia. Todos sus habitantes conocían el serbio, que era la lengua oficial preeminente del territorio, aunque sólo fuera la habitual de una minoría. Por el contrario, sólo los albaneses de Kosovo, que constituyen el 90% de su población, comprenden y utilizan su lengua. Para los ciudadanos serbokosovares, el albanés que hablan la inmensa mayoría de los habitantes de su territorio, era tan desconocido como el portugués, el coreano o el swahili. Algo parecido, mutatis mutandis, a lo que el euskera constituye para el grueso de la clase gobernante de Euskadi, empezando por el propio López: una lengua que sólo entienden a través de intérprete.

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Hace unos días, me encontraba intentando conciliar el sueño en la habitación del hotel en el que habitualmente me alojo en Madrid, cuando el informativo nocturno de la cadena pública de Esperanza Aguirre, que a veces mantengo conectado para facilitar mi entrega a los brazos de Morfeo, dio cuenta de la designación de Juan Luis Ibarra como presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Vaya usted a saber por qué extraña razón, los directores del medio decidieron que se trataba de una noticia con la enjundia suficiente como para ser reseñada en un programa informativo que está concebido para ser visto en la comunidad de Madrid. El spot fue muy breve. Apenas alcanzó el minuto. Una fotografía del magistrado ocupaba toda la superficie de la pantalla, mientras la voz de la locutora daba cuenta de su nombramiento y subrayaba la circunstancia de que, el designado era el «primer presidente constitucionalista» del alto tribunal vasco. No recuerdo la literalidad de las palabras, porque la noticia me pilló a medio camino entre la plena consciencia del que se encuentra despierto y la bruma confusa que rodea al que duerme, pero el sentido del mensaje era el que acabo de apuntar. El noticiero televisivo se felicitaba por el hecho de que la escoba constitucionalista acababa de dar un paso más en el proceso de barrido de la basura nacionalista vasca que había dado comienzo con el acceso de López a Ajuria Enea.

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Hoy se ha celebrado en el Congreso un acto público en homenaje a Jordi Sole Tura. Cuando se produjo su fallecimiento, a primeros del mes de diciembre, escribí un post recordando su figura y destacando algún aspecto de su obra escrita que -no por casualidad- ha quedado oculto en los últimos años (Véase «Jordi Solé Tura y la nota impuesta«, publicado el 4.12.09). He presenciado el acto con interés y curiosidad. Aun desde la discrepancia ideológica, Sole Tura ha sido un hombre que siempre me ha inspirado respeto personal e intelectual.

El homenaje ha reunido a un importante número de personas, de entre las destacaban, por razones obvias, los catalanes que, bajo la presidencia de Montilla,  conformaban un grupo bastante nutrido. Desde un punto de vista cualitativo, los asistentes constituían  un colectivo polícromo: políticos en activo se mezclaban con académicos, historiadores, periodistas y personajes que desempeñaron un papel protagonista durante ese periodo histórico que, con justicia o sin ella, es conocido en España como la Transición. Entre los congregados estaban presentes, por supuesto, los supervivientes del equipo humano que el imaginario político hispánico ha ensalzado hasta el empíreo reservando para ellos el excelso eufemismo de Padres de la Constitución.

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