Blog de Josu Erkoreka

Lo que pomposamente se conoce como Ley Sinde no es, en realidad, más que una disposición muy concreta -la Disposición final segunda, para ser más exactos- del proyecto de Economía Sostenible que el Gobierno remitió al Congreso la pasada primavera para ser publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 9 de abril de este año. Bueno, en puridad jurídico-parlamentaria habríamos de decir que en estos momentos no es ni eso, porque la disposición a la que me refiero fue rechazada ayer por la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.

Se trata, sin embargo -o se trataba, más bien, al menos hasta que no sea rescatada por algún Grupo Parlamentario para su tramitación en el Senado o para su incorporación a otro proyecto legislativo- de una disposición bastante extensa, que se proponía modificar nada menos que tres leyes -La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la Ley de Propiedad Intelectural y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa- con el fin declarado de proteger “la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y del comercio electrónico”.

El aspecto más controvertido del proyecto del Gobierno es, resumidamente expuesto, la creación, en el seno del Ministerio de Cultura, de un órgano nuevo, denominado Comisión de Propiedad Intelectual, a cuya sección segunda se le encomienda “la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información”. A tal fin, la citada Comisión queda autorizada para interrumpir, previa autorización judicial, “la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o que haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial”.

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Efectivamente, ya llega la navidad. Tan sólo faltan once días para la nochebuena. Las calles céntricas de las ciudades se han vestido de luces y colores. Y los ciudadanos de buena fe han empezado ya a enviar las postales navideñas con las que felicitarán las pascuas a sus amigos y parientes. Todas ellas rebosan de buenos deseos. «Muchas Felicidades», rezan unas. «Feliz Año Nuevo» sentencian otras. «Amor y Bien», auguran las de más allá. Con unas u otras palabras, todas expresan píos deseos de felicidad y buena suerte.

También en el Grupo Parlamentario vasco del Congreso de los Diputados, hemos comenzado a recibir las misivas anuales de los que nos siguen teniendo en su recuerdo para desearnos lo mejor. El año pasado comenté en este blog el contenido de algunos de los cariñosos Christmas que recibimos en las oficinas del Congreso como anticipo de la navidad. Todos anónimos, evidentemente. Este año, no me resisto a reproducir, también, la imagen y el texto dos postales, igualmente anónimas, que tienen como destinatario a un tal ERCORECA PNV. Debo ser yo, porque ningún otro de los diputados o trabajadores del Congreso comparte conmigo ese apellido de honda raigambre vizcaina.

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En el último Pleno ordinario del Congreso se aprobó una Moción del Grupo Parlamentario vasco que, pese al escaso interés que ha despertado en los medios de comunicación, no quisiera dejar de mencionar en esta bitácora por la importancia que creo que encierra de cara a ese reto pendiente que todos tenemos con la eliminación de los obstáculos que imposibilitan, dificultan o entorpecen el libre desenvolvimiento de las personas afectadas por alguna discapacidad que limita su movilidad. Siempre he pensado que la existencia de un espacio público diseñado con arreglo a las necesidades de estas personas, constituye un indicador inequívoco de desarrollo humano y civilidad. Una sociedad que se preocupa de sus discapacitados físicos y procura los medios necesarios para facilitar su movilidad y, de ese modo, propiciar su integración, es una sociedad madura, solidaria y de valores.

En Euskadi es, por fortuna, abundante, la normativa administrativa dictada en los últimos años con el fin de eliminar de las vías públicas y de los edificios institucionales, las trabas con las que se enfrenta día a día la movilidad del discapacitado físico. Algunos Ayuntamientos han sido más ambiciosos que otros a la hora de avanzar en este terreno, pero no creo exagerar si afirmo que, en conjunto, la situación es, hoy, notablemente mejor que la que conocimos hace tan solo dos o tres décadas.

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En el Pleno del martes, la cámara votó a favor de la toma en consideración de una Proposición de Ley del Parlamento de Galicia, por la que se pretende modificar la Ley de puertos del Estado, con el fin de que la denominación de las capitanías y los distritos marítimos vinculados al territorio de Galicia, se adecúen a la toponimia oficial establecida en la legislación gallega de normalización lingüística. La aprobación de la norma supondrá la plena regularización de la toponimia vigente, sustituyendo Panjón por Panxón, Vivero por Viveiro; Cillero por Celeiro; Isla de Toja por Illa da Toxa, y así sucesivamente, con el resto de la toponimia costera afectada por la norma. En la misma línea se propone modificar el folio de matriculación de la provincia marítima de Vilagarcía de Arousa, que pasará a recoger la expresión “VIL” en lugar de “VILL”.

La iniciativa -es importante reseñarlo- ha contado con el respaldo unánime de todos lo grupos parlamentarios. De los 336 diputados presentes en hemiciclo a última hora del martes, la toma en consideración ha contado con el apoyo de 336. Es decir, todos han votado a favor de la misma. Nenime discrepante, según la expresión clásica. Y digo que es importante hacer notar este extremo, porque no siempre se produce un nivel de coincidencia tan elevado en relación con las iniciativas que pretenden acomodar la grafía oficial de los topónimos situados en los territorios bilingües del Estado español, a los requerimientos ortográficos de las lenguas autonómicas cooficiales, cuando se trata de voces originariamente acuñadas en esas lenguas. En el caso vasco, por ejemplo, las iniciativas presentadas en el Congreso de los Diputados para establecer legalmente que la denominación oficial de los territorios de Bizkaia y Gipuzkoa, se consigne por escrito con arreglo a las reglas ortográficas establecidas por la Academia de la Lengua Vasca para las voces de origen vasco, siempre han contado con el voto negativo de los diputados socialistas y populares. O dicho de otro modo, los mismos diputados y Grupos Parlamentarios que han votado a favor de que la grafía oficial de La Coruña, Orense, Lérida, Gerona, Alicante o Islas Baleares, en tanto que demarcaciones provinciales, quede establecida como A Coruña, Ourense, Lleida, Girona, Alacant o Illes Balears, se han pronunciado, sin ruborizarse lo más mínimo ni sentir por ello la más leve incomodidad, en contra de que las provincias de Vizcaya y Gipuzkoa fijen su grafía oficial como Bizkaia o Gipuzkoa, tal y como lo acordaron, hace ya muchos años, sus respectivas Juntas Generales. Lo que consideran lícito, posible y hasta plausible en Galiza, Catalunya, Valencia o Illes Balears, les parece inaceptable en Bizkaia y Gipuzkoa.

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