Ayer se debatió y votó en el Congreso de los diputados, la moción del Grupo Parlamentario vasco en la que instábamos al Gobierno a responder a la demanda de los atuneros vascos que operan en el Indico, embarcando en sus buques a infantes de marina convenientemente armados, con el fin de disuadir a los piratas y, en su caso, repeler los ataques que pudieran producirse.

Frante al palacio del Congreso de los diputados, junto al alcalde de Bermeo, Izaskun Bilbao y el grupo de armadores que asistió al pleno
La pretensión de los armadores, como señalé en un post anterior, es perfectamente legal. No existe norma alguna que lo prohiba. Y la insistencia del Gobierno en denunciar la ilegalidad de la demanda, es pura pose mediática. Se derrumba tan pronto como les pedimos que expliciten el precepto que establece la prohibición.



Durante la última semana, uno de los asuntos que más ha centrado la atención de las tertulias, comidillas y especulaciones compartidas que dan vida a los pasillos del Congreso, ha sido el deterioro que día a día experimentan la imagen y la credibilidad del presidente del Gobierno, ante la sociedad, los agentes económicos, e incluso ante los propios militantes de su partido.



